La pobreza se incrementa en Cantabria y afecta ya a una de cada cuatro personas

Lo preocupante es que todos alrededor están mejor. En Asturias ese tanto porcentual se reduce al 21%, en el País Vasco está en el 12% y en Castilla y León no supera el 19%. Lo dice la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que presentó ayer su informe anual de seguimiento de este indicador en España y sus territorios para evaluar el cumplimiento de la llamada Estrategia Europa 2020.

«Es algo que desde Cáritas Diocesana de Santander venimos denunciando desde hace años. La mejora de la economía no está llevando a una mejor calidad de vida de la gente. Incluso tampoco de los que tienen un contrato de trabajo, muchas veces precario. Y Cantabria se encuentra en una posición de desventaja respecto al resto de vecinos de Asturias, Castilla y León y País Vasco, con economías más dinámicas. No sé exactamente a qué se debe esta situación pero el problema que nos trae es que cada vez más gente cruza la puerta de Cáritas en busca de ayuda», explica Francisco Sierra, secretario general de la entidad diocesana en Santander.

Tras más de diez años de crisis, y pese a que la economía española continúa en cifras positivas, -aunque sea impulsada por un motor que se mueve a muchas menos revoluciones-, toda esa mejoría no termina de palparse en la calle.

Continúa creciendo la desigualdad y el empeoramiento de las condiciones de vida de los grupos más pobres. En los últimos cuatro años (2014-2018) el PIB español creció en un 17,5%, pero eso sólo logró una disminución de siete décimas en la tasa de pobreza, con lo que queda claro que la mejora económica tampoco soluciona este problema. En términos más claros, cada vez hay más ricos y también más pobres.

«Este es otro de los datos que se repite cada año y no sólo en Cantabria sino en el resto de España y Europa. La mejora del PIB no lleva a una redistribución de la riqueza, sino todo lo contrario. Cada vez hay más ricos y también más pobres. Esto es un aspecto que nos preocupa especialmente porque una parte de nuestro esfuerzo en forma de reivindicación se centra en tratar de ponerle freno a esto», aclara Francisco Sierra.

En términos absolutos, hasta 145.000 cántabros sufren riesgo de pobreza o exclusión social. Lo peor de este dato es que suponen hasta 27.000 más que el año anterior (2017). Y peor aún, la cifra se dispara en el segmento femenino, incluso en personas con ocupación laboral, pero que se ven abocadas a aceptar contratos precarios.

«Ellas lo tienen mucho peor», advierte el responsable de Cáritas. «Normalmente tienen más cargas familiares y eso les posiciona en una situación de desventaja respecto a los hombres. Luego está la vertiente cultural. Sus sueldos son inferiores y sufren los prejuicios acerca de su rendimiento en el trabajo en el caso de que puedan tener bajas por maternidad», lamenta Sierra.

25%

de la población de Cantabria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un porcentaje alejado del resto de las comunidades limítrofes y que continúa creciendo.

64,8%

de los cántabros tienen algún problema para llegar a fin de mes.

Las ayudas a veces sólo sirven para paliar pequeñas carencias. Para hacerse una idea, existen en Cantabria unas 34.000 personas (son 22.000 más que el pasado año), que ingresan menos de 370 euros mensuales. Una cuantía que apenas llega para costear un alquiler y que afecta a familias enteras, incluidos los menores. Y es que la pobreza infantil vuelve a ser otro de los asuntos recurrentes en el análisis. «Lo que siempre he dicho es que no podemos ver la pobreza infantil como un asunto aparte. Hay que entenderlo como pobreza familiar, de lo contrario adoptaremos medidas parciales y no completas, integrales, que son las que de verdad van a perdurar en el tiempo», asegura Sierra.

Un comedor en el colegio, que siempre dará un buen servicio, no podrá suplir las deficiencias que el pequeño pueda encontrar en casa, sin luz, calefacción, agua caliente o alimento. «Lo peor es que de no adoptar esas soluciones integrales, lo que haremos será perpetuar estos problemas, y eso sí que sería el gran fracaso de las políticas sociales», zanjan en Cáritas.

Solventar estas carencias es una labor nada fácil. Asegura el director General de Políticas Sociales, Julio Soto -respondió a las cuestiones de este periódico por medio de un comunicado sin posibilidad de repreguntar- que «ninguna persona que necesite ayuda para cubrir sus necesidades básicas debe quedar sin atención».

Justifica los retrasos en la herencia recibida. «Cuando los actuales socios de Gobierno llegamos a la Administración en la pasada legislatura, nos encontramos con unos servicios sociales completamente bloqueados». «Sólo en Renta Social Básica había 1.500 expedientes a la espera de resolución. Lo que ha hecho este Gobierno ha sido poner en verde el semáforo para estas ayudas y hoy hay 5.500 perceptores -lo que supone el 1% de la población cántabra-, frente a los 4.200 que había en agosto de 2015».

A día de hoy Cantabria tiene la tercera menor tasa de paro de España, sólo por detrás de País Vasco y Navarra, según datos de la EPA, «aunque somos conscientes de que el empleo que se ha generado en la etapa poscrisis no es de la calidad deseada», confirma el responsable de Políticas Sociales. Un asunto del que son muy conscientes en Cáritas. «Es lo más triste que puede haber. Que tengas trabajo pero el contrato sea tan precario que no puedas tener una vida digna. Eso, definitivamente, no puede consentirse», reivindica Francisco Sierra.

De ahí que el Ejecutivo regional contemple «incentivos a la contratación estable de personas que estén percibiendo la Renta Social Básica y por otro lado facilite también a estas mismas personas diversas herramientas y habilidades para que hagan viable su futuro laboral, desarrollando itinerarios personalizados que les permitan abandonar el sistema de protección social, y evitando la cronificación de las ayudas», aclara Soto.