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Al consejero de Economía le preguntaron por -básicamente- lo mismo desde dos bancadas del Parlamento. Primero (el PP), en forma de interpelación sobre la «no aceptación de la directora general de Economía y Asuntos Europeos de la Presidencia de la Oficina de Proyectos Europeos y ... criterios para la designación del nuevo presidente». Y luego (Podemos), con una pregunta directa que iba, en esencia, dirigida al mismo punto. En el fondo, los dos partidos interrogaban a Juan José Sota para saber hasta qué punto pesó el contrato de devolución de la marca Racing en la decisión de Montserrat García de no hacerse cargo del puesto y por qué tuvo que hacer constar su dimisión mediante registro y hasta a través de un notario antes de que fuera aceptada. Sota acusó a los populares de «crear una película» y de ver «conspiraciones» cuando «no hay nada» y reiteró a unos y a otros que el contrato para la devolución de la marca a la Fundación del club llevará una «salvaguarda» de la «garantía jurídica» de la Intervención General que, en caso de emitir un informe «desfavorable», revertirá el acuerdo. «Voy a solicitar comparecer a Montserrat García en la Comisión de Economía para que explique en primera persona si es todo como usted dice», le respondió el diputado de Podemos José Ramón Blanco.
Cristina Mazas (PP) hizo desde la tribuna un repaso de dimisiones y motivos en cargos de la Consejería de Economía hasta llegar a lo sucedido con Montserrat García. Leyó el relato que publicó este periódico sobre el periplo que tuvo que completar para que le fuera aceptada su renuncia a presidir la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) y puso sobre la mesa los «problemas» que hay con el contrato de devolución de la marca Racing.
Sota le recriminó, de entrada, que usara «recortes de prensa» en vez de solicitarle la documentación a él. Además, negó que existieran informes jurídicos o de la intervención general contrarios a las valoraciones sobre el valor de la marca Racing (se solicitaron, pero el interventor insistió que no era su competencia valorar la marca) y aseguró que «se quiere dar a entender que se puso a esta persona de manera sorpresiva en el cargo para que hiciera algo ilegal» cuando llevaba «dos años» en la OPE teniendo conocimiento de todo lo relacionado con el asunto Racing. El consejero reconoció que, ante «determinadas informaciones», García «entró en una situación personal de pánico y presentó la dimisión». «Se le aceptó y nada más». A partir de ahí, decidió poner a su jefe de gabinete, Rafael Pini, al frente de la Oficina de Proyectos Europeos ya que queda poco margen de tiempo en la legislatura. «Se trata de una empresa instrumental en la que hay una coordinadora de proyectos, que se encarga del trabajo diario junto a la gente que está ahí. Él es una persona de confianza, no va a cobrar nada y es un corto periodo de tiempo».
Para Blanco (Podemos) esa razón supone que el motivo para el nombramiento fue simplemente «porque -el consejero- quiere nombrarle» y, ante lo que consideró una falta de respuestas, anunció que pedirá la comparecencia de García.
Para Podemos, la consejera de Sanidad está «enrocada», niega «la realidad» y acude al Parlamento a «hacer oposición a la oposición». Fue el inicio del discurso del diputado Alberto Bolado, que denunció la existencia de un «sistema de contratación irregular absolutamente normalizado» en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), «montado» para que «a algunos siempre les toque la lotería». «Siempre», porque, según Bolado, la mayor parte de los contratos que se ponen en tela de juicio durante la etapa del PP «continúan estando vigentes en esta legislatura». María Luisa Real acusó al diputado de «demagogia sin límites», se reafirmó en sus argumentos de comparecencias anteriores y acusó de «seguidismo» a los partidos que prosiguen con el «bronco espectáculo» a cargo del PP con el SCS como fondo.
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