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Podemos solicitará en septiembre, una vez iniciada la actividad parlamentaria, la apertura de una comisión de investigación con el objeto de depurar responsabilidades ante el «escándalo» de los contratos en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), adelantados por este periódico, a los que «se suman nuevas irregularidades» ... detectadas por la Intervención General.
La formación morada, que junto al resto de la oposición, ha pedido la dimisión de la consejera de de Sanidad, María Luisa Real, considera que el presidente, Miguel Ángel Revilla, «no puede seguir mirando hacia otro lado y debe afrontar un problema que afecta directamente a los cántabros». En este sentido, Félix Álvarez, portavoz autonómico de Ciudadanos, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha afirmado que la consejera «tiene que irse a su casa», porque, en su opinión, la situación que se ha generado en el SCS «es insostenible» y está haciendo un «daño irreparable» a la imagen de la Sanidad de la comunidad autónoma. Además, ha criticado tanto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como al secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, porque, al mantener a Real al frente de la Consejería de Sanidad, se convierten en «cómplices» de la situación que se ha generado.
Por su parte, el Partido Popular ha registrado este lunes una solicitud para que el presidente Revilla comparezca en el Parlamento para explicar su postura «en relación con las responsabilidades políticas derivadas del escándalo».
La respuesta inicial del Ejecutivo cántabro se ha conocido este fin de semana a través de un comunicado en el que el presidente regional ha dicho que decidirá si toma medidas cuando cuando los informes sean definitivos.
Podemos cree que «el presidente regional debe asumir responsabilidades políticas y cesar de manera fulminante a la consejera, que ha demostrado en todos estos meses su incapacidad para gestionar el departamento. Cada semana sale un nuevo escándalo a la luz y eso que aún no se han investigado ni un 10% del total de contratos públicos», denuncia el diputado José Ramón Blanco, en un comunicado de prensa.
El gerente del Servicio Cántabro de Salud, Benigno Caviedes, ha asegurado hoy que el informe provisional de la Intervención General «no parece corresponderse» con las informaciones publicadas sobre las contrataciones en el organismo, que «en general se adecúan a la ley», salvo «incidencias».
Caviedes ha destacado en unas declaraciones que, conforme al informe provisional, los procesos de contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) «se adecúan en general a la normativa vigente». Según ha precisado, las contrataciones se ajustan a la norma tanto en el caso de contratos menores como de otros expedientes abiertos, negociados o restringidos.
Caviedes ha señalado que solo se han detectado «algunas incidencias» y que en esos casos todas las gerencias del SCS están elaborando un informe con las alegaciones oportunas al informe provisional. «Todos los informes de control financiero a los que he tenido acceso y realizados en los años anteriores concluían del mismo modo que los expedientes de contratación administrativa se ceñían en general a la normativa vigente», ha abundado.
Añade que las «continuas irregularidades» en el SCS suponen una «vergüenza» que la sociedad cántabra «no pude admitir ni un minuto más». «Se está malgastando el dinero de todos en beneficio de sus amiguetes. Antes lo hizo el Partido Popular y ahora continúa el PSOE, en un sistema de contratación irregular que se ha consolidado y que no estamos dispuestos a permitir», sostiene.
El diputado considera que la comisión de investigación «deberá centrar el foco en los más de 43.000» contratos que acumula el SCS, en los que a su modo de ver, «todo indica que puedan aparecer más irregularidades, además de las ya conocidas como contratos fraccionados para salvar los concursos públicos, abonos antes de recepcionar el material o facturas de comidas prohibitivas sin justificación».
Igualmente, desde Podemos se exige a la Intervención General que ponga en manos de la Fiscalía la documentación donde figuran las irregularidades para que sea ésta la que actúe.
El diputado popular Íñigo Fernández ha pedido pedido el cese inmediato de María Luisa Real porque «alguien tiene que asumir responsabilidades políticas por este caso. O dimite ella misma o Revilla tiene que cesarla. Cantabria no puede tener como consejera a una encubridora de irregularidades e ilegalidades. Y, si ella no se va, Revilla no puede seguir mirando para otro lado».
La iniciativa para que Revilla dé explicaciones en el Gobierno ha sido registrada este lunes en el Parlamento con el fin de que pueda debatirse en la primera sesión plenaria del periodo de sesiones tras las vacaciones, que arrancará el próximo 1 de septiembre.
Por su parte, el diputado regional del grupo mixto Juan Ramón Carrancio es partidario de que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, dimita si se confirman irregularidades y cree que, si no lo hace, el presidente Miguel Ángel Revilla «está obligado a cesarla».
Carrancio se ha manifestado así en un comunicado, en el que ha recordado que la consejera en sus intervenciones en el Parlamento de Cantabria sobre este asunto realizó una defensa a «ultranza» de la gestión de los altos cargos del SCS, por lo que, a su juicio, «ha ligado su suerte a la de ellos».
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