¿Podré construir en suelo rústico?

La norma consagra esta posibilidad que se introdujo en la comunidad autónoma de Cantabria en el año 2012, pero establece una serie de condiciones. Una de sus intenciones es luchar contra la despoblación y por eso establece dos modelos. En los municipios de menos de 5.000 habitantes se podrá hacer de manera indefinida, aunque las autorizaciones se darán cuando se cumplan una serie de requisitos. En los de más de 5.000 habitantes se podrá en las mismas condiciones, pero inicialmente solo durante un periodo de dos años y después quedaría prohibido. En las enmiendas aparece como una disposición transitoria para no dejar en la cuneta los proyectos que ya se han puesto en marcha.

La literalidad de la norma dice que la construcción de vivienda en suelo rústico se permitirá solo hasta 2024 –o en su defecto durante dos años desde la entrada en vigor de la ley–. El PSOE se atiene a esa literalidad y no duda de que se cumplirá de manera estricta. En el PRC tienen otra idea y han señalado que a partir de ese momento se buscará una solución para que, en la práctica, se pueda prolongar ese permiso de construcción en toda Cantabria con independencia del tamaño del municipio sin ningún límite temporal. Sería tan fácil como alcanzar una mayoría alternativa en el Parlamento para promover una modificación puntual de la ley. Además, está por ver qué dice el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sobre cómo se delimitarán las áreas de crecimiento de los municipios.

Como ocurre con la norma en vigor, la construcción en suelo rústico no estará autorizada para urbanizaciones ni bloques de pisos. La ley establece que solo es posible permitir la construcción de «viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural». Todo lo anterior afecta al suelo rústico de protección ordinaria, no al de especial protección, donde estará totalmente prohibido.

Las nuevas viviendas en suelo rústico no se pueden hacer más allá de una distancia de 100 metros desde la línea del núcleo o pueblo en la que sí exista suelo urbano. La actual redacción, la que el PP pretende mantener, era más permisiva y establecía una distancia de 200 metros. Además, el número máximo de nuevas viviendas no podrá superar el número de viviendas existentes en el núcleo en el momento de entrada en vigor de la ley. Por otro lado, se procurará que las construcciones se hagan en las zonas de menor pendiente y la parcela tiene que tener al menos 1.500 metros cuadrados, aunque en los ayuntamientos en riesgo de despoblación no se tendrá en cuenta este último aspecto. Además, solo se puede urbanizar una parte máxima de la parcela, que varía en función de su tamaño. Habrá distancia mínima de cinco metros entre dos hipotéticas nuevas construcciones y de otros cinco metros entre cada vivienda y los caminos o vías cercanos. Los ayuntamientos también podrán introducir condicionantes «estéticos o de diseño».

Hay normas superiores que impiden construir en suelo rústico aunque se den las condiciones anteriores. Por ejemplo, el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que impide levantar viviendas en los primeros 100 metros desde la línea de costa –en algunos casos la longitud reservada es mayor– u otras figuras de protección natural de espacios singulares como dunas o marismas.

«Los ayuntamientos, mediante ordenanza municipal, podrán excluir la aplicación de esta disposición en todo o parte de su término municipal, así como establecer parámetros más restrictivos y limitativos que los previstos», dicen las enmiendas del bipartito a la Ley del Suelo. Eso es la teoría, lo que ocurre es que parece difícil pensar que los alcaldes promuevan iniciativas de este tipo. Han sido los regidores, con independencia de su color político, los que más han insistido a sus formaciones a la hora de abrir la mano y liberalizar al máximo posible el uso de suelo rústico para la construcción de vivienda unifamiliar. Además, son los ayuntamientos los que pueden calificar el suelo de rústico o urbanizable en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los particulares son los que han venido presentando la documentación al Ayuntamiento correspondiente y, si este da el visto bueno, lo envía a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que tiene la última palabra. En ocasiones se concede y en otras se deniega.

Hay algunos casos excepcionales en los que sí está permitido, pero las autonomías del entorno de Cantabria son más restrictivas. En Asturias, Castilla y León, País Vasco o Navarra es casi imposible hacerlo.