La Policía Científica registró el despacho de Pazos en busca de micrófonos y otras pruebas

En cuanto la Policía tuvo conocimiento de esa misiva, se abrieron varias líneas de investigación que incluyeron el registro del despacho de Pazos en el pabellón de Gobierno de la UC, en la Avenida de los Castros. Tres especialistas de la Policía Científica -cuerpo dependiente de la Policía Nacional- revisaron hace dos semanas ese espacio en busca de micrófonos ocultos y otros indicios que pudieran aportar algo de luz al caso. Estos agentes, procedentes de la unidad central de Madrid, han dado por concluida la toma de pruebas tras la jornada que pasaron en Santander, de la que no han trascendido por el momento resultados.

La otra línea de la investigación la conduce la Brigada Provincial de la Policía Científica y está centrada específicamente en la carta que recibió Pazos, remitida por vía postal, a la que están practicando pruebas lofoscópicas con la idea de encontrar huellas dactilares que puedan conducir al autor o autores de los escritos intimidatorios. Según han trasladado a El Diario Montañés fuentes del proceso, se trata de una carta circular escrita a ordenador, es decir, un mismo documento del que se realizaron varias copias que han sido enviadas a distintos destinatarios. Así, el rector no fue el único receptor de esa misiva: el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto; el propio Pedro Casares; la Fiscal Superior de Cantabria, María del Pilar Jiménez; el Jefe de la Policía Nacional en la región, Héctor Moreno; y el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander también recibieron copias de ese anónimo, que están siendo igualmente sometidas a análisis.

Además, agentes policiales analizan la gramática empleada en la redacción de la carta por su autor en busca de cualquier otro indicio que pueda resultar útil.

El anónimo, al que ha tenido acceso este periódico, procede en teoría de una «funcionaria indignada», tal y como reza en su encabezamiento, pero fuentes de la investigación no dan una especial credibilidad a este dato. El documento consta de dos páginas. En la primera, tal y como detalló el lunes el propio rector, se insta a la UC a que «se investiguen la larga lista de delitos» que se desprenden de la supuesta falsificación de firmas con el objetivo de contratar a un allegado de Casares, hechos de los que la 'funcionaria' dice que ha sido «testigo». El autor de la carta arremete contra el político socialista, al que acusa de «falsificar en reiteradas ocasiones las firmas de varias autoridades de la Universidad de Cantabria». Incluso la del decano Pablo Coto, de quien dice que «era conocedor de dicha actuación delictiva», ante la cual decidió «callar y ser cómplice».

La misiva no hace, sin embargo, ninguna referencia al profesor del departamento de Economía Manuel Agüeros, el tercer integrante de ese tribunal de contratación, que fue el que denunció en una comisaría de Santander el pasado 10 de diciembre que su firma había sido falsificada en, al menos, tres ocasiones para la selección de personal investigador de la UC.

La fecha es clave para la investigación, porque ese mismo día 10 es el que figura en el matasellos de la carta intimidatoria que fue enviada a Pazos. Justo un día antes de que el medio digital OKDiario sacase a la luz esa supuesta falsificación de firmas.

La carta continúa con una sucesión de amenazas al rector. «Espero de las autoridades oportunas -de la UC- que actúen de manera inmediata, salvo que prefieran optar por la prevaricación. De no ser así, las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables. Por el contrario, si actúan con rapidez, el asunto que les he detallado -la falsificación de firmas- será el único que se filtre a la prensa». Las coacciones crecen en intensidad a medida que el autor avanza en la redacción. «Esto sólo es la punta del iceberg», señala, antes de aconsejar al rector la ya mencionada revisión «hasta el último centímetro cuadrado» de su despacho.

En la segunda página del documento se enumeran los destinatarios de la carta con los escritos chantajeantes al rector: los citados Pazos, Coto, Casares, Jiménez y Moreno, que han dado traslado a la Policía Nacional de las copias recibidas, pero también el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta y consejera de Universidades, Eva Díaz Tezanos. Los dos aseguraron ayer a este medio que no habían recibido la misiva, ni en sus despachos gubernamentales ni en las sedes de sus respectivos partidos (PRC y PSOE) ni en sus domicilios personales.

Mientras tanto, en los tribunales se está a la espera de que el juez Fernando Vegas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, resuelva los recursos presentados por el fiscal y por Manuel Agüeros en contra del archivo de la investigación sobre esa supuesta falsificación de firmas, causa que se inició tras las denuncia presentada por el propio profesor de la UC. El magistrado sobreseyó el caso al establecer que «no existen pruebas que permitan determinar la autoría de las firmas supuestamente falsificadas» y que «no hay datos suficientes» para aclarar la identidad de los posibles responsables de las rubricas en cuestión. Pero, al tiempo, ordenó a la Policía que investigara el origen del anónimo enviado y sus distintas copias.