Inmovilizan 10 toneladas de almejas japónicas en España, parte de ellas en viveros de Cantabria

Tras más de dos años de investigaciones y varias semanas de intervenciones en varias provincias del territorio español, entre ellas Cantabria, la Policía Nacional ha inmovilizado diez toneladas de almejas japónicas capturadas por furtivos en Portugal e introducidas ilegalmente en España, en el marco de una operación en la que los agentes han realizado 19 entradas y registros y 20 inspecciones administrativas en Santander, Huelva, Pontevedra y Guipúzcoa. Fue hace diez días cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional asistieron a policías portugueses desplazados a la capital cántabra para llevar a cabo una redada en varios viveros del polígono de Raos y se inmovilizaron cerca de 2.000 kilos de almejas que provenían de Portugal.

La operación en toda España se ha realizado en colaboración con la Policía Marítima de Portugal, Guarda Costas de Galicia, el Servicio Veterinario de la Xunta de Galicia, los servicios de inspección de pesca de Galicia, Cantabria y Huelva, y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Guipúzcoa, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

De esta manera, los investigadores han localizado una veintena de viveros de las provincias antes citadas que comprarían el marisco irregularmente capturado en territorio luso y distribuido en España con documentación falsificada. La presunta organización criminal compraba las almejas a furtivos portugueses en torno a los tres euros el kilo para después venderlas a los viveros españoles a unos siete euros el kilo. Finalmente, el producto llegaba al mercado español alrededor de los doce euros el kilogramo.

Fue en el año 2015 cuando se recibió, a través de la Agregaduría de Interior de España en Portugal, una comunicación de la Policía Marítima de Lisboa en la que indicaban la existencia de una organización criminal dedicada al marisqueo ilegal en zonas contaminadas de la costa portuguesa, y que el destino de ese marisco era su venta ilícita en España utilizando documentación falsificada.

A partir de ese punto se mantuvo una comunicación permanente con las autoridades portuguesas al objeto de determinar los medios utilizados por la organización criminal portuguesa para introducir el marisco ilegal en España con el objeto de localizar los lugares de almacenamiento y distribución del marisco ilegal en territorio nacional.

Las autoridades lusas consiguieron determinar el nombre de los transportistas que se estarían dedicando a la introducción del marisco de forma ilícita, así como algunos de los vehículos industriales utilizados. De este modo se llegó hasta alguna de las empresas que estarían recibiendo la mercancía en España.

Tras exhaustivas pesquisas documentales y sobre el terreno, se identificaron una veintena de viveros de Santander, Huelva, Guipúzcoa y, principalmente, en Pontevedra, que estarían «blanqueando» la entrada de almejas japónicas en el mercado nacional. Estos viveros adquirían la almeja irregularmente mariscada por los furtivos portugueses a la organización que posteriormente la introduciría en España.

La organización portuguesa obtenía «pingües beneficios» de la compraventa de esta almeja, deficitaria en el mercado español e invasiva en las costas contaminadas donde se capturaba, según informa la Policía, que detalla que la compra a los furtivos se haría en torno a los 3 ó 3,5 euros el kilo y la organización lusa las vendía a los viveros sobre los 7 euros por kilo. Después, las empresas españolas las harían llegar al mercado español en torno a los 10 ó 12 euros por kilogramo.

En el año 2017, y con el objeto de acreditar este tráfico ilícito de almeja japónica desde Portugal, las autoridades lusas pararon varios vehículos comerciales de la organización criminal portuguesa e intervinieron más de cinco toneladas de este marisco con documentación falsa. Del estudio de la documentación pudieron acreditar que se estarían falsificando los documentos administrativos oficiales en alguna imprenta de España, facilitando datos a los investigadores españoles con el objeto de proceder a su localización y tratar de determinar el grado de implicación de dicha empresa en la estructura organizativa de la presunta actividad criminal investigada.

Una vez que se pudo acreditar la compra de marisco procedente de esta supuesta organización delictiva portuguesa por parte de los viveros españoles y otros comercios, así como el lugar exacto donde se estarían falsificando los documentos oficiales portugueses, se llevó a cabo una nueva reunión con las autoridades lusas. El resultado fue la ejecución de una comisión rogatoria internacional a los diferentes partidos judiciales donde se había sacado a la luz la ilícita actividad.

Como consecuencia de las actuaciones operativas se realizaron 19 registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias de Santander, Huelva, Pontevedra y Guipúzcoa. Un total de 20 personas jurídicas y dos personas físicas están siendo investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales, según confirma la Policía, que precisa que, en total, se han intervenido diez toneladas de almeja japónica.