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Policías nacionales y guardias civiles están a la espera de que se actualicen sus protocolos de seguridad ante la pandemia de coronavirus por temor a que la situación empeore. Hasta el momento, el documento que rige sus actuaciones es un procedimiento de actuación para los ... servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al virus emitido por el Ministerio de Sanidad el pasado día 5. En él, se les incluye entre el personal con «baja probabilidad de exposición», por lo que considera innecesario el uso de equipos de protección individual y solo contempla el empleo de mascarilla y guantes de protección en situaciones de «falta de cooperación de una persona sintomática».
Javier Nodar, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Cantabria, lamentó que en los cuarteles y puestos de trabajo de los agentes destinados en la región aún no se hayan puesto en marcha «medidas básicas» para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. «A los distintos destinos no han llegado jabones o productos desinfectantes, y mucho menos los equipos de protección especializados (desde mascarillas hasta buzos), que serían necesarios en caso de tener que realizar una intervención para socorrer a personas que hayan contraído el virus».
Nodar criticó que ni siquiera se hayan aplicado nuevas medidas de contención en unidades «especialmente sensibles» por su gran presencia en la calle o por estar en contacto con viajeros internacionales, como los que trabajan en el aeropuerto o vigilan el tráfico del puerto.
«Pedimos tener lo básico, y en muchas ocasiones vemos que se trata de material que ya teníamos y no ha sido reforzado con otro adaptado al patógeno; hablan de que se fomente el teletrabajo en la Guardia Civil y yo, después de 32 años en el Cuerpo, es la primera vez que oigo que esté preparada para el teletrabajo: creo que es más una cuestión de imaginación que de recursos con los que se pueda llevar a cabo», añadió, a la vez que exigió poder conocer con exactitud cómo va a resolverse la cuestión de la conciliación familiar: «Cuando ya hay problemas en condiciones normales, en esta situación, complicada, va a ser aún más difícil».
El portavoz en la región de esta asociación profesional de guardias civiles juzgó necesarias las decisiones que ha adoptado la Administración para proteger a médicos, enfermeras y personal sanitario, pero defendió que los encargados de mantener la seguridad también precisan «recursos de protección ante intervenciones complicadas». «Los ciudadanos deben saber que estaremos allí donde se nos pida que estemos, pero pedimos medios para hacer nuestro trabajo».
Fuentes de la Benemérita reconocieron que aunque, de momento, carezcan de protocolos específicos y sigan las mismas instrucciones que el resto de organismos gubernamentales, sí se adoptan prevenciones en función de las circunstancias, y así mientras al personal de oficina sigue las pautas de higiene y precaución de cualquier ciudadano, los agentes que están interviniendo en Haro, con un foco activo y preocupante de coronavirus, cuentan con el equipamiento adecuado. En cualquier caso, admitieron que, dada la cambiante naturaleza del problema, «todo puede variar en cuestión de horas».
En la Policía Nacional también se está a la espera de que un protocolo específico sustituya las recomendaciones generales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) criticó la falta de previsión por parte de la Dirección General de Policía (DGP), y negó que se disponga de suficientes medios de protección, como se afirma desde este organismo.
Según el SUP, esta semana se celebró una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Policía en la que la DGP ha anunciado que se liberará una partida de 300.000 euros, ampliable hasta un millón, para la adquisición urgente de equipos de protección (mascarillas y guantes, principalmente), que serán distribuidos entre la plantilla en función de las necesidades, aunque el propio sindicato indicó que hay problemas con el suministro de mascarillas.
Informó además de que se ha dejado en manos de los jefes superiores la adopción de medidas para adecuar los servicios y su forma de prestación al riesgo que vaya existiendo, medidas cuya puesta en marcha exige el SUP, así como otras que permitan la conciliación familiar flexibilizando y ampliando los permisos.
Miguel Roces, representante del sindicato en Cantabria, explicó que mientras se esperan las nuevas directrices hay sensación de falta de información. «Se está poniendo en marcha la maquinaria, y cuando se trata de algo a nivel estatal, cuesta más».
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