Políticas Sociales y la Sareb negocian la cesión de 100 viviendas para alquiler social

Según confirmó la consejera socialista Ana Belén Álvarez, durante una reunión mantenida esta semana con los responsables de la Sareb les expresó que el Ejecutivo está dispuesto a desembolsar 150.000 euros anuales para rubricar el convenio y destinar las viviendas, que se sumarán al parque público regional, a alquiler social. Es decir, «a aquellas familias vulnerables que tienen dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas». En estos casos, el precio de la renta que fija el Gobierno de Cantabria se basa en los ingresos que tienen los inquilinos y no en los precios en los que se mueve el mercado libre, lo que permite a estas familias destinar el grueso de su renta a afrontar los costes de alimentación, higiene o suministros.

También de la Sareb eran las 36 viviendas que el Ejecutivo compró en Ganzo y que destinó en una parte importante a alquiler para jóvenes. En esta ocasión, la entidad enviará una relación de los inmuebles que tiene sin uso a lo largo del territorio para que los técnicos de la Dirección General escojan los que se ajustan mejor a las necesidades de la Consejería. Entre otros asuntos, se tendrá en cuenta el estado de conservación de las viviendas para que, aunque haya que realizar reformas, estas no supongan un alto coste para las arcas públicas.

Desde el inicio de la legislatura, Álvarez viene defendiendo la necesidad de que Cantabria aumente el parque público de vivienda, que es el más pequeño de España sólo por detrás de La Rioja. Vivienda ha invertido desde 2019 cerca de 10 millones de euros en este objetivo. Un dinero que se ha traducido en la incorporación de 116 nuevas viviendas. Así, en dos años, se ha pasado de 275 a las 391 actuales (un 42%más), y el objetivo es conseguir duplicar el número inicial de inmuebles antes de finalizar mandato.

En la Consejería de Empleo y Políticas Sociales creen que este convenio reportaría un doble beneficio. Por un lado, el Gobierno aumentaría su stock de vivienda –está casi agotado– para familias en riesgo de exclusión y, por otro, se daría vida a pisos que actualmente están vacíos y que corren riesgo de ser ocupados. De hecho, desde las plataformas de afectados y desde los ayuntamientos se señala a la Sareb como titular de la mayoría de propiedades que han sido asaltadas.

A este respecto, la consejera también ha demandado a los máximos responsables de la Sareb «intensidad» ante los casos que se han producido y, de manera muy especial, sobre los que están generando problemas de convivencia al resto de vecinos, como está sucediendo en El Astillero o Torrelavega. Desde la Sareb, aunque apuntan que los casos de ocupación en Cantabria son «muy inferiores» a los de otros territorios, se comprometen a estar «encima del asunto». No obstante, señalan que su capacidad de intervención, una vez que está en manos de los tribunales de justicia, es limitada, ya que el desalojo solo puede ser ejecutado tras obtener una orden judicial.