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Se suele decir que la crispación del Congreso de los Diputados no tiene nada que ver con la que se vive en la política autónomica. Y es verdad que quien se pase un lunes de pleno por la cafetería del Parlamento de Cantabria se puede ... encontrar a la presidenta Buruaga charlando en tono más que afable con representantes de cualquier grupo o a un diputado socialista de los que califican de «ultraderecha» al partido de Abascal bromeando con otro de Vox. De hecho, en el PSOE, como en el PRC, en privado confiesan que tienen buena opinión en lo personal de algunos de los integrantes de este partido –de alguno, no de todos– pese a estar en las antípodas ideológicas. Eso es verdad, pero también lo es que en las últimas semanas salen de la boca de todos ellos palabras cada vez más gruesas y que la tensión madrileña está empezando a impregnar las intervenciones de los representantes públicos de Cantabria. Casi siempre para hablar no de los temas propios de la región, sino de la actualidad española.
Dejando a un lado el debate sobre los Presupuestos de Cantabria para 2024 –con la polémica sobre la rectificación en la subida de los sueldos del Consejo de Gobierno incluida–, los políticos autonómicos han dedicado el grueso de sus intervenciones de los últimos días a hablar de la investidura y del pacto con los separatistas para sacar adelante una ley de amnistía. Básicamente, a hacer de altavoces de las consignas que venían de Madrid. Buruaga para arremeter contra ese acuerdo y Pablo Zuloaga (como líder del PSOE en Cantabria), Ainoa Quiñones (como portavoz del Gobierno central en su labor de delegada del Gobierno) y Pedro Casares (diputado nacional y miembro de la Ejecutiva Federal) para defender sin matices las decisiones de Sánchez. Todo, mientras desde la izquierda cántabra echan en cara a la derecha que difunda «odio» y en sentido contrario se acusa a los socialistas de romper España. Alguno ya la da por rota.
«¡Basta ya de tanta indignidad! No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales, ni ventajas económicas a medida que suponen una discriminación a las demás regiones», afirmó la presidenta regional, subiéndose a la ola del resto de barones de su partido, cuando se anunció la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado. Y la respuesta desde las filas socialistas en Cantabria, capitaneada por Quiñones, fue remarcar que el acuerdo incluye la quita del mismo porcentaje de deuda al resto de comunidades autónomas.
Las claves
En la cámara regional Vox centra su acción en el Parlamento en iniciativas idénticas a las ya tratadas en otros territorios
En asuntos nacionales El PRC, con Revilla en un segundo plano, ha perdido la relevancia que le daba su presencia en Madrid
En funciones La interinidad del Gobierno central retrasa decisiones relevantes para la comunidad autónoma
Es más, puso sobre la mesa la cifra de 610-620 millones de euros en el caso de la comunidad autónoma en el segundo enfrentamiento público –tras el choque por la justificación de la transferencia de 55 millones de euros por Valdecilla, La Pasiega y el Mupac, ya resuelto– entre la delegada del Gobierno y la jefa del Ejecutivo regional. Ni Buruaga ni su consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, dan por buena o por mala esa cifra. No dicen si quieren o no la quita para Cantabria y se limitan a señalar que cualquier cosa que ocurra en esta materia tiene que ser «bajo los principios de igualdad y de no discriminación» y fruto de una negociación multilateral –no bilateral del PSOE y los independentistas– en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De la misma forma que Quiñones guarda silencio cuando desde Peña Herbosa lamentan que no se ponga nadie al teléfono en el Ministerio de Transportes para hablar sobre infraestructuras e inversiones. La líder popular lleva esperando casi desde que tomó posesión a que la ministra le dé cita para hablar sobre asuntos como el futuro de la estación intermodal de La Pasiega. Y no hay manera. Este no es el único tema de competencia estatal pendiente de una decisión en Madrid que se retrasa por la situación de interinidad de un Gobierno en funciones. Por ejemplo, la resolución de las ayudas del Plan de Recuperación para Solvay, que considera fundamental esta inyección económica para iniciar el proceso de transición energética, imprescindible para su futuro, o la concreción del marco regulatorio que permite comenzar la obra de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo para convertirla en un almacén de energía limpia.
De algunos de ellos se ha hablado en el Parlamento de Cantabria, en el que también resuenan los temas nacionales. Más incluso que en legislaturas anteriores. Lo hacen con esa formula enrevesada que aparece en proposiciones no de ley de que «el Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de España».
El PP llevará una de este tipo al pleno del día 20 para que Buruaga lleve la amnistía y la quita a Cataluña al Constitucional, el PSOE ha presentado iniciativas diversas de temas como el beso de Rubiales, la guerra en Palestina o el ataque a las sedes... Y Vox, cuya acción política en la región no se puede salir ni un centímetro de la línea que le marca Madrid, lo que hace es 'cantabrizar' asuntos que el partido está forzando a debatir en los parlamentos de toda España como el Bachillerato único, las becas para la concertada o el 'pin parental'. Como en este último caso, más para incomodar al PP que con la esperanza de que salgan adelante. Como recordó Leticia Díaz, los populares cántabros rechazaron aquí algo que sí han aceptado en comunidades como Baleares.
Y luego está el PRC. Con Revilla centrado en recibir a fans en Santander y en sus intervenciones en televisiones, el líder del partido está en un segundo plano en los asuntos nacionales. Él dio la orden de pactar los Presupuestos de Buruaga, pero el trabajo se lo dejó a sus diputados. Y sobre los temas nacionales claro que la voz de Revilla se sigue oyendo, pero sin un diputado en el Congreso le falta voto y capacidad para influir.
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