Los polizones no dan tregua al Puerto y ya superan los 1.100 saltos en lo que va de año

Los números que facilitó ayer el presidente de la institución, Jaime González, revelan que el problema, lejos de calmarse, se mantiene. Sólo este fin de semana el Puerto ha localizado a más de veinte de estos polizones colándose en el recinto a pesar de las vallas, un dato que preocupa al presidente dado el impacto económico que provoca. Y lo malo es que se trata de una afluencia a la que ya están acostumbrados, sobre todo atendiendo a las declaraciones de González el año pasado, que habló de cifras de entre 50 y 60 polizones de viernes a domingo.

Siempre que él y los que tratan de atajar el problema explican las consecuencias de la inmigración ilegal ponen como ejemplo un camión de fresas. Lo ilustran así: un polizón logra saltar la valla para colarse en cualquiera de los remolques que viajarán a Inglaterra o Irlanda, corta la lona con un cúter y se esconde entre la carga. Luego podrá ser descubierto o no por los agentes de la Policía Portuaria o de la Guardia Civil, pero el daño ya está hecho. En cuanto uno de estos chavales se oculta entre las 'fresas' invalida al instante el valor de la mercancía. Según explicó el máximo responsable de la APS, esto mismo ha ocurrido este fin de semana con un transporte de alimentos, finalmente inservible.

Y así ocurre con cualquier efecto vulnerable que sirve de cobijo a los inmigrantes sin documentación –unos 400 jóvenes que saltaron más de 700 veces en 2017, según informó a este periódico la Guardia Civil–. Y las consecuencias llegan una tras la otra. En el destino no los aceptan, se multiplican sus gastos y, más grave todavía, el Puerto de Santander corre el serio riesgo de perder un cliente. Siempre que ha hablado con este periódico sobre esta cuestión, González ha resumido así el problema:«Todo el trabajo que has hecho para captar a esos clientes y que vengan se te puede venir abajo». Es un asunto de magnitud que preocupa al Puerto y a sus clientes.

¿Soluciones? Por lo pronto el Puerto sigue ocupado en la obra de la nueva valla, la de más altura, en algunos puntos todavía pendientes de cerrar. Además de este nuevo cerco, González tiene reservado un 'plan b' para poner remedio al impacto de los polizones sobre la actividad portuaria, como viene avanzando en los últimos meses y volvió a repetir ayer. Se trata de una «jaula», como ha llegado a calificarla el propio presidente a pesar de no contar con un techo. Una segunda barrera, esta vez interna y de cuatro metros de altura, con la que se pondrán manos a la obra «en los próximos meses» –así lo aseguraron en mayo–, probablemente en cuanto cierren por completo el perímetro de la primera. Objetivo: que los cargamentos como el camión de 'fresas' donde hasta ahora se han venido colando los polizones puedan estar protegidos y, además, generar un «efecto disuasorio».

Ese nuevo vallado contará, además, con cámaras de detección térmica, que ayudarán a la Policía Portuaria a saber cuándo se cuelan los polizones, y con una vigilancia exclusiva centrada en la seguridad de estos contenedores.

Para hacerse a la idea, la zona reservada para los tráileres será un espacio cerrado en el interior de la zona portuaria y delimitado por otra valla de cuatro metros, sin techo, a pesar de su nombre. En resumen: aquel que quiera entrar ilegalmente en las instalaciones tendrá que saltar una barrera, la nueva, primero, y después esta segunda, si quiere ocultarse entre la carga.

No es la primera que el presidente del Puerto muestra su preocupación por las entradas furtivas de polizones y su impacto en la actividad económica de la institución. Ya el año pasado, González trasladó la «completa indefensión» que siente la institución ante la avalancha de estos jóvenes que saltan al interior del recinto portuario con la intención de alcanzar de forma ilegal Gran Bretaña a bordo de alguna de las líneas que trabaja Brittany Ferries. Junto a él, la Policía Portuaria trasladaba por entonces su «incapacidad» para atajar el asunto.

Antes de llegar a Santander y tratar de saltar la valla, estos jóvenes pagan dinero –hasta 6.000 euros– para ser introducidos en camiones de las mafias, que se benefician de la inmigración ilegal. «A la mayoría los engañan bandas u otros polizones más mayores. En otras ocasiones damos con familias enteras», informó el instituto armado a este periódico sobre esta cuestión.