La posibilidad de edificar en suelo rústico, principal foco de polémica en la nueva ley

Mientras que la Administración autonómica entiende que será una herramienta de utilidad para luchar contra la despoblación, los grupos contrarios creen que lo que realmente ocurrirá es que se abrirán las puertas a la especulación. «Se multiplica la cantidad de suelo construible y se corre el peligro de llevar la especulación que ya se hizo en la costa a las zonas del interior», apunta Luis del Piñal, portavoz de Podemos, el primer partido que presentó alegaciones y uno de los 17 que integran la plataforma que intenta echar abajo al documento. «Al contrario que en el litoral, por suerte en los valles hay zonas que se han conservado bien. Queremos que siga así. No queremos que Cantabria sea el lejano oeste», insiste Paulu Lobete, líder de Cantabristas, otro de los grupos que ha dado un paso al frente.

Frente a eso, para el consejero José Luis Gochicoa, lo que no es razonable es que no se pueda construir nada en los suelos rústicos de los pequeños municipios. O que suponga un esfuerzo titánico. Pone el ejemplo de una familia que quiera levantar una casa unifamiliar en una finca de su propiedad en Lamasón. Para permitirles hacerlo en un suelo no urbanizable, el Ayuntamiento tendría que realizar un esfuerzo difícilmente asumible para un consistorio de su tamaño y el proceso se prolongaría durante muchos meses. «No vamos a implantar el modelo de Noja en Tudanca. Ni es esperable, porque nadie va a hacer una promoción de 50 adosados allí, ni se puede con esta norma, ni queremos», insiste el responsable de Obras Públicas, que remarca que las excepciones estarán «limitadas».

El regionalista defiende que la prueba de que no será algo generalizado es que desde 2012, cuando otro cambio legal del PP permitió esta práctica -ahora se pretende «ordenar mejor»-, sólo se han autorizado 80 casas en suelos rústicos de toda Cantabria. En cualquier caso, con exigencias como que la parcela sea mayor de 2.000 metros cuadrados o que esté a menos de 200 metros de un grupo de viviendas. Además, sería limitado a los municipios con riesgo de despoblación -la treintena reconocidos por decreto- y sólo en algunos supuestos. Supuestos que Lobete considera «muy generosos» y que pueden ser subterfugios para edificar no solo pequeñas propiedades.

Israel Ruiz Salmón, de Izquierda Unida, pone sobre la mesa otro de los problemas, la generalización de los Planes Singulares de Interés Urbano (PSIR). Esta figura que facilita la tramitación urbanística sólo se podía usar para grandes instalaciones industriales o equipamientos -véase La Pasiega- y ahora será «para casi todo». Actividades turísticas, deportivas, de ocio... Un cajón de sastre que, en opinión del colectivo, «permite al Gobierno cambiar planes generales municipales y hacer cualquier cosa por la vía rápida». «No tienen que inventar nada ni ser imaginativos. Hay legislación en otras partes de España que se podría adaptar a Cantabria», opina IU.

La corriente en contra de la nueva ley defiende que antes sería necesario un nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que definiera los usos de cada espacio. Es lo que dice también la asociación agraria UGAM-COAG. «Permite construir casi en cualquier lugar. La gente querrá hacer su casa en zonas bajas, pero hay que preservar las pocas mieses que quedan y que no están dedicadas al pasto para producir alimentos», avisa Gaspar Anabitarte. Dice incluso que la norma es más dañina que los eólicos: «Un molino se puede quitar. Donde has echado cemento no se recupera. Tienen que pasar décadas para plantar ahí un tomate».

Gochicoa apunta que la norma llegará al Parlamento cántabro en dos meses y que algunas de las alegaciones recibidas se han introducido, por lo que el texto no es exactamente igual al inicial. Ahora, se están recibiendo las sugerencias del resto de consejerías. También de las socialistas, el socio de Gobierno de los regionalistas, que ha presentado algunas dudas sobre la literalidad de la ley. De hecho, fue el PSOE -el de Eva Díaz Tezanos- el que comenzó a redactar la normativa. No dio tiempo a acabarla y ahora el PRC, aunque mantiene algunos puntos, ha elaborado su propia propuesta.