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Durante el acto de apertura del año judicial en Cantabria, celebrado el 21 de septiembre, la fiscal superior, Pilar Jiménez, volvió a reclamar, por enésima vez, la instalación de cámaras Gesell (sala acondicionada para permitir la observación con personas) en los juzgados de Santander ... y Torrelavega.
La petición se producía después de que el anterior Gobierno (PRC-PSOE) anunciara cuatro días antes de las elecciones que estaban «ultimando el proyecto» para la instalación de dichas infraestructuras. Sin embargo, el actual Ejecutivo del PP reprocha a sus predecesores que no realizaran ningún trámite administrativo al respecto, «ni siquiera un contrato menor para acometer las primeras actuaciones, cuando era un servicio demandado desde hace tiempo por distintos colectivos judiciales (Memoria Judicial del TSJC, Fiscalía...)». Es más, los populares lamentan que incluso ha habido sentencias absolutorias en la región por la carencia de estos espacios. «Por lo tanto, no había proyecto alguno y en el traspaso de competencias al nuevo Gobierno tampoco se fijó como una de las prioridades o asuntos pendientes», lamentan.
Frente a ello, dentro de la primera ronda de reuniones institucionales con los colectivos judiciales, tanto la fiscal superior como el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, trasladaron a la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, su preocupación y la necesidad de su puesta en marcha como una de las principales necesidades de la Justicia regional, siendo Cantabria la única comunidad autónoma en carecer de una sala Gesell, que facilite a las víctimas de delitos, sobre todo los menores, las declaraciones en un entorno positivo.
«A partir de ese momento, la Consejería de Justicia ha comenzado a trabajar en el estudio de los espacios necesarios para su instalación en los partidos judiciales de Santander y Torrelavega, así como las fórmulas más idóneas para que pueda ser una realidad cuanto antes en Cantabria», ha informado el Gobierno a El Diario Montañés.
La falta en la región de una cámara Gesell fue determinante en la decisión de la Audiencia Provincial de absolver a un monitor acusado de tocamientos a una niña de 5 años el pasado mayo. Al menos es lo que se desprendió de una sentencia de la Sección Tercera, que señaló que la única prueba de cargo, la exploración de la menor, «resulta del todo insuficiente y no sirve para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia que ampara al acusado». El tribunal hacía «especial hincapié en la influencia que para la práctica de la prueba de exploración de voluntad de una niña tan pequeña ha supuesto la carencia de medios adecuados para ello en esta comunidad autónoma, como pudiera ser una cámara Gesell, y ello a pesar de que el TSJC lo ha constatado repetidamente en todas sus memorias anuales desde hace largo tiempo».
La sentencia señalaba que no ha quedado probado que el acusado sentara a la niña en un banco «diciéndola que estaba castigada y que, tras sentarse a su lado, le metiera la mano por dentro del pantalón y la ropa interior y le tocara la vulva con los dedos». El acusado negó los hechos y los padres de la menor, testigos de referencia, contaron lo que la niña les dijo, por lo que «no hay más prueba de cargo que la exploración de voluntad de la menor». La exploración de la menor la realizaron dos psicólogas en una sala de vistas y la niña se dio cuenta de que la grababan.
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