El PP, con el apoyo del PNV, exige desde el Senado rebajar la protección del lobo

Lo dijeron los consejeros de Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja en una rueda de prensa desde el Senado antes de participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que abordará una iniciativa sobre la situación del lobo. También acudieron representantes de los gobiernos de Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid.

La consejera de Desarollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, justificó su presencia en esta comisión de comunidades autónomas para «alzar la voz» de los ganaderos de su comunidades ante «la situación de desesperación».

Igual que sus homólogos, la cántabra cree que la inclusión del lobo en el Lespre responde a una «decisión completamente electoralista», recordando que Europa decidió rebajar la protección de este animal.

«Ahora mismo ya no hay excusa», proclamó, al tiempo que emplazó a Sánchez a «escuchar» a Europa y a las comunidades con más censo de lobo, entre las que se encuentra Cantabria.

Según sus datos, en los últimos diez años se ha sufrido un incremento del censo de lobos de un 92% en Cantabria: «Estamos hablando de que tenemos más de doscientos lobos campando por toda la región de Cantabria a sus anchas y están ahora mismo fuera de su hábitat». Y es que, según continuó, el lobo ahora mismo está en la costa de Cantabria y en zonas fuertemente urbanizadas, ocupando ahora mismo más de 4.000 kilómetros cuadrados. «Hablamos de 3.000 muertes anuales de cabezas de ganado», ha añadido.

Antes que Susinos, el primero en tomar la palabra fue el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que quiso poner de manifiesto «el clamor» de los territorios «porque haya sensibilidad y porque acabe de una vez este ataque del Gobierno a la ganadería, a los pueblos y al medio rural».

Según expuso, Castilla y León tiene de media unas 12.000 muertes de cabezas de ganado por el lobo al año, algo que achacan a la decisión del Gobierno de incluir este animal en el LESPRE, denunciando que fue una medida «por razones ideológicas, sin ningún dato y en contra del territorio».

Flexibilidad para el futuro

La senadora del PSOE y expresidenta de La Rioja, Concha Andreu, presentó una enmienda señalando que la realidad es que la información disponible por ahora «aconseja por encima de todo la aplicación de medidas preventivas y protectoras del ganado para poder equilibrar y que convivan tanto el lobo como la ganadería extensiva».

Andreu hizo hincapié en la importancia de recopilar cifras reales y actualizadas de la situación del lobo, asegurando que el último dato oficial es del periodo 2013-2018, que fue entregado al Gobierno en 2019, y que ahora las comunidades están elaborando el nuevo censo «que estará actualizado y que permitirá armonizar el nacional».

Según dijo, la información que salga de esos datos hará posible tomar decisiones para «rebajar o aumentar la protección de esa especie con criterios y datos objetivos y reales».