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En la reunión del 23 de marzo, el anterior Gobierno aprobó su Programa de Movilización de Vivienda Vacía (Moviva). Pocos días después, antes de abril, ... se publicó en el Boletín y se puso una fecha en el horizonte. La del primer día de julio. Desde ese día comenzaría la «captación» –así se definió– de propietarios de viviendas vacías en la región para destinarlas a alquileres asequibles. Los dueños de los pisos los cederían por un periodo mínimo de siete años y el Ejecutivo se ocuparía de todo y les pagaría hasta 600 euros mensuales. Incluso, en los periodos en los que el piso no estuviera ocupado. Un incentivo para sacar más vivienda al mercado y ofrecerla –el objetivo final– a un precio asequible (nunca más de un 30% de la renta familiar). ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Se ha parado la iniciativa con las elecciones y el cambio de siglas en el Gobierno? ¿Piensan seguir con ello los nuevos inquilinos de la Consejería? Las dos primeras preguntas se responden con un dato. Por ahora, sólo se han presentado tres solicitudes para ofrecer piso en alquiler. Las tres en Torrelavega. Tres propietarios dispuestos a ceder su vivienda. «La idea original no es mala, pero se improvisó en precampaña electoral y de ahí sus malos resultados, con solo tres propietarios interesados y todos en Torrelavega. Nuestra intención es retomarlo, pero dando un impulso a este programa y cambiando lo que no funciona», asegura Roberto Media, el nuevo consejero.
El programa, tal como se publicó, se ceñía a Santander, Torrelavega y Castro. Podían acogerse a él los propietarios de viviendas vacías en los seis meses anteriores a la solicitud de acceso al mecanismo. Se fijaría un canon mensual en función del índice de precios del alquiler del Ministerio que el propietario cobraría desde el primer mes. Terminado el compromiso, el Gobierno (que se ocuparía de todo), devolvería el piso en las condiciones que lo recibió. Y en ese tiempo lo ofrecería a las familias con dificultades para encontrar vivienda (el Ejecutivo compensaría la diferencia entre lo recibido mensualmente y lo que le correspondería al propietario). Para este año, de hecho, había ya una partida consignada de 125.000 euros.
El PP no ve con malos ojos la idea, pero con matices. O sea, que lo asume, pero va a modificarlo. Media destaca la «disparatada ley de vivienda en el Parlamento que, como ya denunció en su tramitación el Partido Popular, protege más a los okupas o a los inquilinos que no paguen su alquiler que a los propietarios, ya que no hay garantías jurídicas de poder recuperar la propiedad de la vivienda alquilada». A partir de esa idea, su estrategia. «Vamos a incentivar que los propietarios saquen al mercado sus viviendas en régimen de alquiler como siempre hemos defendido, pero con mayor seguridad. A partir de ahora vamos a readaptarlo –el programa– para que sea mucho más atractivo para los propietarios porque es evidente que la fórmula actual no funciona».
El hecho de que se hiciera en «precampaña» y, a su juicio, de forma «improvisada», explica, según el PP, el resultado. Por eso, una de las cuestiones en la que piensan incidir es en darlo a conocer más y mejor. «Estamos hablando de viviendas de alquiler asequible, por lo que vamos a hacer una mayor promoción del programa a la vez que una Ley de Vivienda que recoja los compromisos electorales del Partido Popular», apunta Media, que tiene como meta «movilizar la oferta de vivienda vacía en positivo». «Recordando, además, que el Gobierno de Cantabria va a asumir los riesgos del alquiler y eso debe de darle una gran tranquilidad a los propietarios».
«El objetivo –concluye el nuevo consejero en su valoración– es que aumente el parque público de vivienda de alquiler asequible donde no se va a incluir ni las viviendas de emergencia habitacional o el alquiler social».
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Ana del Castillo
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