El PP pide seguridad jurídica contra los okupas

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley a la mesa del Parlamento de Cantabria cuyo objetivo es, según el portavoz de Vivienda, Rafael de la Gándara, «defender a los pequeños propietarios de viviendas cuando los inquilinos sólo pagan la fianza, el primer mes y nada más».

Así, solicita que se limite la suspensión de los procedimientos judiciales y lanzamientos por falta de pago o finalización del contrato por vulnerabilidad económica, a las circunstancias en las que los arrendadores sean grandes tenedores o personas jurídicas, excluyendo de dichas paralizaciones judiciales a los pequeños propietarios. Además, piden para las personas que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, un sistema de ayudas directas destinadas al pago del alquiler de la vivienda habitual.

Se refiere principalmente al Real Decreto Ley por el que el Gobierno de España en 2020 estableció una regulación específica temporal en materia arrendataria, con medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias provocadas en el ámbito social y económico por el covid-19, que ha sido prorrogada y estará vigente al menos hasta finales de este año. El problema para los populares es que amplía la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio «a todo arrendamiento de vivienda sin diferenciar si los arrendadores son catalogados como grandes tenedores, extendiendo su aplicación a cualquier propietario». Consideran que de esta manera el Gobierno de España «traslada el problema y la solución a las espaldas de los ciudadanos, adoptando medidas que agreden gravemente a los pequeños ahorradores y pequeños propietarios que habían adquirido una segunda vivienda para poder complementar sus ingresos».

Las consecuencias de esto son, según el PP de Cantabria, la falta de oferta de vivienda en alquiler y el alza de los precios. Por otro lado, según De la Gándara, este tipo de okupación de inquilinos de viviendas en alquiler está en alza en Cantabria lo que, «es un problema porque en estos casos los okupas pasan a ser personas que tienen derechos y por lo tanto una posición reforzada». Así que el objetivo es que, «los procedimientos sean más ágiles y que se pueda expulsar a los okupas en 24 horas».

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