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El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ya tiene luz verde a su primer Presupuesto de la legislatura. Sin sorpresas, con el apoyo del PRC y la oposición enconada de Vox y PSOE, el Parlamento ha aprobado unas cuentas que ascienden a 3.542 ... millones de euros para el año 2024. La mitad del dinero, como suele ser habitual, se destinará a Sanidad y Educación y esta vez, como novedad, la Ley de Medidas que acompaña al Presupuesto incluye una reforma fiscal -convertida ya en el proyecto estrella de Economía en este arranque de mandato-, así como una modificación de la Ley del Suelo que permitirá más libertad a la construcción en los pueblos.
El papel jugado por los regionalistas, tras una negociación exprés que ha desembocado ahora en este apoyo a las cuentas, monopolizó buena parte de las discusiones de los partidos en el hemiciclo. No en vano, desde el PRC insistieron en definir este Presupuesto como «continuista» con proyectos arrancados la pasada legislatura. Vox usó esa misma palabra, pero no como virtud, sino como defecto. «Es decepcionante que el PP, por comodidad política, defraude así a los cántabros y presente más de lo mismo», denunció su portavoz, Leticia Díaz.
Fue el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, el encargado de defender un Presupuesto diseñado «con prudencia y sentido común», y con importantes subidas en Educación y Salud. «No veo recortes por ningún sitio», dijo el dirigente popular, que también hizo hincapié en «las cifras récord de inversión». Sin embargo, la realidad es que el dinero destinado a este fin para 2024 es menor que el de este año. El Gobierno del PP ha reservado 465,9 millones de euros para pagar sus propios proyectos (inversiones directas) y financiar en los que interviene pero no ejecuta directamente (transferencias de capital). Esta cifra es un 8% más baja que los 505 millones de las últimas cuentas diseñadas por el bipartito PRC-PSOE. Agüeros destacó también el aumento del 4% en el dinero para servicios sociales, el «carácter municipalista» de las cuentas, la apuesta por el trabajador autónomo y la «especial importancia» de la industria agroalimentaria y pesquera, además de los grandes proyectos ambientales y en carreteras.
El PSOE fue especialmente crítico con el aumento de los sueldos de los consejeros y la presidenta de Cantabria. Tras el fallido intento de incrementarlo un 20%, la polémica subida salarial se fijó, finalmente, en un 6,9% para que la jefa del Ejecutivo cobre más que el resto de altos cargos. «Qué esperpento. Bochornoso. Esta mancha no la limpiarán. Este es su modelo fiscal: bajarse los impuestos y subirse el sueldo», denunció el portavoz socialista, Pablo Zuloaga. Una intervención que encendió los ánimos del hemiciclo, con airadas protestas desde la bancada popular y que llevó al consejero de Fomento, Roberto Media, a llamar «impresentable» al líder del PSOE reiteradamente, y al diputado Íñigo Fernández a levantarse y amenazar con «quitar el complemento» de sueldo para todos los diputados aprobado el pasado verano, que supone un 16% más de nómina para sus señorías.
«Con corridas de toros lo quieren arreglar todo», ironizó Zuloaga, que reprochó a los populares que, por ejemplo, se quieran llevar espectáculos taurinos a lugares como Liébana para frenar la despoblación rural y, en cambio, se vaya a cerrar la Oficina de la Mujer en esta comarca. «Para toros sí, para oficinas de la mujer no», aseveró.
Frente a esa beligerancia de Vox y el PSOE, el PRC se mostró como un aliado puntual del Gobierno del PP, pero avisando que su posición puede endurecerse en cualquier momento. Javier Marcano explicó que los regionalistas tienen «motivos sobrados» para respaldar estas cuentas: por los retos presentes y futuros, por la situacion«preocupante» de la economía y, por encima de todo, «la firme voluntad de generar riqueza» en Cantabria. Y fue Paula Fernández la encargada de encarnar un papel más frío con el PP, al que avisó que el PRC estaría «vigilante» para controlar la ejecución del pacto. «No nos temblará la mano ante los incumplimientos. Les vamos a pedir que se ganen el sueldo día a día como hicimos nosotros. No ilusionen con palabras si van a desilusionar con sus actos», dijo.
Vox, por su parte, fue especialmente crítico con que dos de cada tres euros del Presupuesto se destine a pagar deudas, salarios y gasto corriente, mientras que «el euro que resta a todos los demás, con una caída de las inversiones». Para Díaz, son unas cuentas que suponen «más de lo mismo» a las de la anterior legislatura y en ellas, pese a que gobierna el PP, «se mantiene el clientelismo del PRC y siguen sus grandes obras faraónicas».
Justo en el intermedio de la doble sesión plenaria de ayer, la presidenta de Cantabria aprovechó para destacar que el Presupuesto «contiene la bajada de impuestos más ambiciosa, blinda y mejora los servicios públicos esenciales e impulsa y mejora la inversión real como nunca antes», además de «maximizar la ejecución de los fondos europeos».
Precisamente, es la Ley de Medidas que acompaña al Presupuesto la que incluye esa reforma fiscal que tanto resquemor ha levantado en otros grupos y que extiende la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reduce el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, elimina el Impuesto de Patrimonio y rebaja el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas. Eso supondrá que, a partir del año 2025, el Gobierno dejará de ingresar en torno a 90 millones por esos tributos, pero el Ejecutivo entiende que se compensará por la actividad económica generada. PAra Vox, sin embargo, supone una decepción que no incluya la deflactación del IRPF que el propio PP exigía cuando estaba en la oposición.
En total, esta Ley de Medidas incluye 26 cambios normativos que para el PSOE suponen «un atropello a la deliberación parlamentaria». Entre ellas, la modificación de la Ley del Suelo que flexibiliza la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. «Han cercenado el debate al incluirla por la puerta de atrás y sin negociar», denunció la diputada Ana Belén Álvarez.
Otro de los puntos calientes fue la creación de un área única sanitaria y que ha puesto en pie de guerra a todos los sindicatos sanitarios. El PRC ha incluido una enmienda, solicitada por estas organizaciones, que incluye el concepto de «voluntariedad», pero para el PSOE no es suficiente, ya que esa medida tiene el calado suficiente como para tratarse en el Parlamento al margen del Presupuesto.
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