PP y PRC se enzarzan otra vez por la Ley de Simplificación: de «atropello» a «excusas»

El PRC ha encabezado la ofensiva contra la Ley de Simplificación. Cree que es necesario avanzar en la eliminación de trabas administrativas, pero considera que el proyecto que María José Sáenz de Buruaga ha llevado al Parlamento no persigue ese objetivo y, en cambio, sí abre la puerta a la «especulación» urbanística a través de un gran número de cambios en la Ley del Suelo, además de otras modificaciones legales que no tienen que ver directamente con la materia. Así, en el Pleno del lunes en el que saldrá adelante la norma -gracias al pacto de PP y Vox-, la intención de los regionalistas era evitar el 'no' rotundo, pero sí arremeter contra las partes que consideran más nocivas. Y para ello, habían pedido votar la ley no en su conjunto, sino artículo a artículo, una opción que recoge el Reglamento de la Cámara autonómica y que en el pasado ya se ha activado cuando un partido lo ha solicitado. Esta petición, que los socialistas no ven con malos ojos, se debatió ayer en la Mesa del Parlamento, pero finalmente quedó rechazada por la mayoría.

«Es uno de los episodios más negros de la historia del parlamentarismo cántabro, un ataque a la independencia y libertad de los grupos por parte de la presidenta y de Vox», lamentó el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que recordó que nunca antes la Mesa había impedido una votación con este procedimiento, que se utilizó en pasadas legislaturas en casos como la Ley del Juego o la de Servicios Sociales, donde el PP «votó 'no' a 47 artículos» y después respaldó la norma. En su opinión, lo que están buscando los populares es que el PRC vote en contra. Reconoce que su partido estaba meditando aprobar la parte de la ley que realmente incluye puntos de simplificación, pero que, desde luego, «nos íbamos a situar en contra de todo lo que es prevaricación y urbanismo desmesurado». En ese contexto, avanza que no aceptarán el «chantaje» del PP y rechazarán la norma.

Desde el PP, Juan José Alonso niega que haya una motivación política en el rechazo a ese sistema de votación y afirma que se hará por el método ordinario ya que no se dan las circunstancias que recoge el Reglamento para utilizarlo: la complejidad del articulado o la falta de homogeneidad de las enmiendas. «Esto es solo la excusa que busca el PRC para no apoyar una ley que no quiere, como ha demostrado desde el principio», lamentó el portavoz popular, que también acusó a la regionalista Paula Fernández, presidenta de la comisión correspondiente, de dilatar los plazos pese a que no pueden demorarse más porque «es fundamental para la vida de los cántabros». En el PP no se creen que ahora, después de que los regionalistas dijeran que la norma «rozaba la inconstitucionalidad, que era injusta y que robaba a los ricos para dar a los pobres», tuvieran intención de apoyarla. Y en cualquier caso, les reclaman que expliquen los motivos -apuntan a la presión social, especialmente del empresariado- de este cambio.

Más allá de lo que ven como una «vulneración del derecho político de las minorías», Hernando avisa de que este episodio afectará a la relación de PRC y PP. También advierte de un «pacto oculto» con Vox, que pasó de censurar la ley a suscribirla.

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