PP y PRC pactan la presentación del proyecto de Ley de Vivienda para finales de junio de 2025

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó ayer conceder al Gobierno autonómico un plazo de nueve meses –hasta finales de junio de 2025– para que presente el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, una herramienta que los regionalistas querían sobre la mesa antes de finalizar este año 2024 pero que han aceptado se demore hasta entonces –hasta finales del primer periodo de sesiones parlamentarias del próximo año– atendiendo a una enmienda presentada por los populares y entendiendo que un retraso de seis meses «no es trascendente» considerando el enorme calado de esta normativa.

PRC y PP acordaron esa fecha durante el debate de una proposición no de ley presentada por el Grupo Regionalista y defendida por Javier López Estrada, que en su turno de intervención calificó el acceso a la vivienda como «una urgencia social» y pidió, por ese motivo, que esa futura Ley de Vivienda de Cantabria incluya «medidas valientes» que contemplen las prioridades; «construir viviendas a precios asequibles, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y aumentar las ayudas a los municipios para que puedan poner suelo público».

Coincidiendo en lo esencial, el portavoz del Grupo Popular Rafael de la Gándara, aseguró que el Parlamento va a tener esa ley, «una ley que va a nacer con un espíritu de permanencia, concordia y consenso» y que «va a ser un instrumento jurídico para regular, no para prohibir ni confiscar ni expropiar».

Dijo esto último el popular mirando de reojo al banco socialista, que ha registrado en el Parlamento el proyecto de ley de vivienda en el que trabajó la pasada legislatura desde el Gobierno. «Uno que tiene tres pilares: el fomento del alquiler como medio de acceso universal, la inversión y ampliación del parque público de vivienda y el impulso a la rehabilitación», explicó su portavoz, Ana Belén Álvarez, que, por ello, anunció la abstención del PSOE en esta iniciativa.

Vox, de su lado, votó en contra porque, en materia de vivienda, «desconfiamos de los regionalistas», admitió Armando Blanco, que piensa que la moción presentada por el PRC «no da ninguna solución al problema de la vivienda en Cantabria».

La sesión matinal del pleno, en la que se abordó esta cuestión, incluyó, entre otros, varios puntos relacionados directa o indirectamente con la industria turística de la región.

El más polémico, por las tensiones que genera entre el Gobierno popular y el ala socialista de la oposición, volvió a arrastrar hasta el atril a las tasas turísticas a través de una proposición no de ley presentada por el PSOE, que propuso la implantación de un marco legal para que los ayuntamientos «decidan si quieren implantar y cómo» la tasa turística. Los populares se opusieron porque creen que, ahora mismo, «Cantabria no enfrenta un problema de sobresaturación turística». Tal y como viene defendiendo en otros foros extraparlamentarios, el PP, que terminó tildando de «turismófobo» al PSOE, piensa que la tasa turística es hoy «innecesaria».

También lo piensa Vox, que cree que esa medida, a su juicio «meramente recaudatoria», «lastra y grava el turismo reglado», y en parte el PRC, que aún estando de acuerdo con el PSOE en que la tasa turística puede ser una opción con vistas al futuro, entiende que «no es el momento procesal oportuno».

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