![PP, PRC y PSOE unen sus votos contra el «desvarío» del pin parental que pide Vox](https://s3.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/2023/10/23/pleno-kKyH-U210509681102kmG-1200x840@Diario%20Montanes.jpg)
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Pese a la polémica posterior, Vox logró hace una semana el apoyo del PP en su petición de crear un sistema de ayudas para los ... escolares que quieran seguir estudiando el Bachillerato en la enseñanza concertada y no cuenten con recursos suficientes. Este lunes, esta misma formación dobló la apuesta y llevó al Parlamento de Cantabria otra propuesta en materia de educación que está impulsando en todas las cámaras autonómicas: la implantación del pin parental para garantizar el conocimiento previo y la aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. Un auténtico «desvarío», afirmó la diputada regionalista Teresa Noceda. Esa palabra concreta la utilizó la alcaldesa de Comillas, pero igual de intensa fue la oposición del PSOE y del PP, que esta vez unieron sus votos –el asunto se debatió ya en 2019 con igual resultado– para rechazar la iniciativa.
No solo rechazaron la propuesta, sino también toda la argumentación previa de la portavoz de Vox. Durante su intervención, Leticia Díaz dio por hecho que existe un «adoctrinamiento» en las aulas y aseguró que desde que hay leyes que consagran la introducción de contenidos relacionadas con las teorías de género y la defensa de la Agenda 2030 en los currículos escolares han aumentado los delitos cometidos por menores –hizo referencias a las agresiones sexuales y las 'manadas'– y los casos de violencia machista. Es más, también vinculó estos contenidos al aumento de los problemas de salud mental.
Para apoyar la tesis del adoctrinamiento, utilizó distintos fragmentos extraídos de libros de texto que se utilizan a día de hoy en Cantabria. De Matemáticas, Filosofía, Lengua... Y aseguró que si los padres no son conscientes del problema es porque «seguramente no se tomen el interés de mirarse muchos manuales de distintas asignaturas». «Empecemos a darnos cuenta del daño efectivo que estamos haciendo a nuestros hijos», insistió Díaz a la vez que echaba en cara al PP que rechazara en Cantabria algo que sí ha aprobado en Madrid y Baleares.
«Señores del PP, pongan pie en pared a la ultraderecha. No les acompañen una semana más en su deterioro de la educación pública. La mayoría de Cantabria quiere una sociedad plural, diversa y de respeto», reclamó el socialista Jorge Gutiérrez antes de que los populares fijaran su postura. Lo hizo el diputado Álvaro Aguirre, también muy crítico con la propuesta de Vox. Por muchos motivos. Primero, porque considera que el pin parental cuestiona el buen hacer de los profesores al «acusarles de adoctrinar en ideología de género, algo que no ocurre hoy». Una acusación que, a su entender, lo único que hace es socavar sin justificación la confianza que las familias depositan en los centros. El PP defendió que la libertad de las familias para educar a sus hijos se asienta en el derecho a la elección de centro, centro que previamente ha fijado su currículo y sus principales líneas pedagógicas. En este sentido, recordó que es la Inspección Educativa quien garantiza su cumplimiento. Pero es que, como insistió Aguirre, también va en contra del espíritu del Pacto por la Educación que Vox sí suscribe y tiene el rechazo de la Junta de Personal Docente.
Ideas similares a las del PRC, que habló en boca de una Teresa Noceda escandalizada: «Falta al respeto de miles de profesionales de la enseñanza que en las aulas hacen su trabajo sin adoctrinar ni promover enfrentamientos sociales». A su entender, el problema de Vox es de base al tratar de poner las creencias concretas de los padres por encima del currículo oficial: «¿Pueden unos padres que creen en la ley islámica oponerse a que a sus hijos se les enseñe que los niños y las niñas son iguales en derechos? ¿O que el universo tuvo su origen en una gran explosión porque crean que fue un acto divino? Me niego a que el profesorado se tenga que someter a la aceptación previa de los padres sobre los contenidos», defendió la diputada regionalista.
El PP evitó que saliera adelante la proposición del PRC que pedía a la Consejería de Justicia cerrar antes de fin de año las negociaciones con los sindicatos para definir cómo serán las futuras Oficina Fiscal y Judicial. Según el popular Rafael de la Gándara, «votar en contra no significa que estemos en contra» de ponerlas en marcha, pero afirmó que fijar tiempos perjudicaría el diálogo. La regionalista Rosa Díaz lo consideró un error y pidió convocar ya la mesa sectorial para tener así el trabajo hecho cuando el Estado apruebe la Ley de Eficiencia Organizativa.
El PSOE llevó este lunes al Pleno del Parlamento una proposición no de ley para instar a la Consejería de Educación a dotar de personal en el plazo de dos semanas a las nuevas aulas de 1 año ya construidas y que no han podido entrar en funcionamiento este curso, tal y como estaba previsto, por la falta de profesionales. La iniciativa no prosperó por el voto en contra de PP –el partido que sustenta al Gobierno– y Vox. Pese a su 'no', los populares sí se han comprometido a seguir su plan para extender por toda la región las aulas de 1 año y también a que a final de legislatura el 80% de los técnicos superiores de Infantil dependan de la Consejería.
El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, denunció ayer la «falta de transparencia» en la lista de espera quirúrgica por parte de la Consejería de Salud y lamentó que haya crecido un 20% desde el pasado mes de mayo. El socialista subrayó que, desde el cambio en el Gobierno, la web de transparencia de Sanidad ha dejado de publicar estos datos. Ante esta decisión y la «opacidad» del PP, Zuloaga confirmó que su partido impulsará una iniciativa parlamentaria para avanzar en la lucha contra las listas de espera en la Mesa Sectorial de Sanidad. Es decir, «desde el diálogo» y para conseguir que estos datos «sean públicos».
La propuesta que llevó este lunes al Parlamento el PP sobre las obras del nudo de continuidad de Torrelavega y que fue aprobada solo con la abstención del PSOE tenía dos motivaciones:recriminar al Ministerio de Transportes los sucesivos retrasos de una actuación que tenía que haber estado acabada en 2021 e instar al Estado a que el nuevo tramo entre en funcionamiento en el verano de 2024. En la práctica, solo servirá para lo primero porque el propio defensor de la iniciativa, el popular Íñigo Fernández, reconoció que estando su ejecución hoy al 59% es imposible que se inaugure antes de dos años, por lo que continuarán los sobrecostes asociados al encarecimiento de los materiales y también los problemas de seguridad que conllevan los trabajos.Fernández echó en cara tanto al líder del PSOE, Pablo Zuloaga, como a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que no insistan en Madrid para acelerar el ritmo de las obras. En cualquier caso, considera que serviría de poco porque «es evidente que las preocupaciones de Pedro Sánchez no están en Cantabria». Por el PRC, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, repartió las culpas entre PP y PSOE y recordó que fue el exministro Íñigo de la Serna quien adjudicó el proyecto sin cerrar las expropiaciones, lo que provocó el primer retraso.
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Ana del Castillo
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