El PP registra, un año después, su propuesta para derogar la Ley de Memoria Histórica

Los populares niegan que hayan pisado el acelerador como consecuencia de la presión de la formación de Santiago Abascal y apuntan que el texto, que mañana llegará a la Mesa del Parlamento para incluirla entre los asuntos del orden del día de los primeros plenos del nuevo curso político, estaba concretado desde hace semanas.

Según el diputado Íñigo Fernández, la prueba inequívoca de que la derogación estaba en los planes del PP es que figuraba como tal en el programa electoral de las últimas elecciones y que él mismo, como portavoz de su grupo en el debate en el que salió aprobada la norma hace tres años, garantizó que «cuando cambiara la mayoría esa ley sería derogada».

Ambas proposiciones de ley (la de Vox y la del PP) tienen muchos puntos en común, pero la segunda introduce algunos aspectos que resultan muy relevantes para los populares. Como viene defendiendo la presidenta Buruaga cuando se le pregunta por el asunto, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria no supondrá poner trabas a la apertura de fosas comunes ni a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para que las familias puedan recuperar sus restos. Según Íñigo Fernández, la proposición introduce en su articulado la cobertura legal suficiente para garantizar las exhumaciones. Apunta que estos procedimientos estarán amparados por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria que regula el patrimonio arqueológico y paleontológico. Así, las exhumaciones seguirán teniendo cobertura legal, otra cosa es que se lleven a cabo: durante lo que va de legislatura no se ha abierto ninguna fosa común y, en la anterior, con el PSOE con estas competencias y pese a la llegada de recursos por parte del Estado, se llevaron a cabo estudios, pero la única exhumación concluida tuvo lugar en Liébana y no fue de un represaliado por el franquismo, sino por el bando republicano.

También hay una salvaguarda para que no corra peligro la custodia del material documental referido a la represión por motivación política durante la II República, la Guerra Civil y la dictadura. La ley aún en vigor tenía un apartado sobre este particular, pero el PP asegura que este aspecto no está en riesgo con la derogación en aplicación de la Ley de Archivos de Cantabria.

Eso es lo que se garantiza. Lo que se elimina son todas las novedades que llegaron en 2021 con la ley que aprobó el Parlamento de Cantabria. Según el PP, el aspecto más grave de aquella ley y el que la hace «incompatible con el sistema democrático» es la creación de una Comisión de la Memoria «para imponer a toda la sociedad el relato de una parte de los contendientes, se ajuste o no a lo ocurrido», y la posibilidad de sancionar a quien vaya en una dirección contraria. Cierto es que esta comisión, aunque se nombraron a varios de sus integrantes, no ha llegado a funcionar.

A ello se suma que, a juicio de los populares, la ley abre la puerta al adoctrinamiento de las nuevas generaciones con la introducción de contenidos concretos en los currículos escolares. Tampoco ven con buenos ojos que obligue al Gobierno de Cantabria a consignar anualmente partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de proyectos para exaltar la República y el papel de las víctimas de ese bando –una obligación que el Ejecutivo regional se ha saltado– y, en general, el «tratamiento diferenciado de uno y otro bando». Sobre este último asunto, Fernández recuerda que el episodio más sangriento entre 1931 y 1975 en Cantabria fue el asalto al buque-prisión Alfonso Pérez por parte de una checa con un balance de 156 fallecidos.

El PP ha solicitado al Parlamento que lo tramite por la vía simplificada y de urgencia. No porque el asunto corra prisa, sino porque el texto es muy simple y corto, ya que consta de solo tres artículos. Será complicado que siga este camino porque eso requiere el consenso de todos los partidos.

Consenso que Fernández lamenta que no buscara el PSOE hace tres años –el bipartito no aceptó ninguna de las 160 enmiendas registradas por la oposición–, motivo por el que «la ley nació muerta». Y consenso que, previsiblemente, tampoco habrá durante los próximos años. Por eso el Gobierno no valora elaborar una ley alternativa.