El PP urge medidas ante el «déficit» de secretarios, interventores y tesoreros

El desempeño de estos puestos corresponden a funcionarios con habilitación nacional, que tienen entre sus funciones la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, función interventora, control financiero y recaudación, entre otras.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega también advirtió de que, en estos momentos, en Cantabria hay 50 puestos de habilitados vacantes que están siendo cubiertos mediante nombramientos interinos, accidentales, comisiones de servicios o acumulaciones de puestos. Además, señaló que ello hace que en muchos casos hay un largo periodo de tiempo desde que se produce la vacante hasta que se cubre mediante alguno de estos nombramientos.

El PP achaca el actual «déficit» existente, entre otras cuestiones, a la «escasez» de plazas en las ofertas de empleo, la «excesiva duración» de los procesos selectivos, que «se eternizan», y las «reiteradas y numerosas plazas que quedan sin cubrir en cada proceso», algo que, a su juicio, se debe a la dificultad de los exámenes o por el procedimiento del mismo. «Cuando es de manera sistemática, algo hay que revisar», opinó Vargas.

Por todo ello, en la iniciativa que se debatirá en el Pleno, el PP busca reclamar al Gobierno de España aumentar la convocatoria de plazas de estos funcionarios «en cantidad suficiente para cubrir el déficit existente en las entidades locales», y «agilizar» los procesos de selección, «tendiendo a reducir el número de plazas sin cubrir».

También se reclama a Madrid manifestar su compromiso con la Habilitación Nacional y mantener las competencias en selección, nombramiento, formación y designación del primer destino de los funcionarios ya que, según Vargas, el PP teme que en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes también se incluya algún tipo de cesión en este sentido.

Finalmente, en un cuarto punto, el PP propone modificar el Real Decreto para eliminar la actual limitación de acumulaciones de ayuntamientos para funcionarios con habilitación de carácter nacional hasta que la situación de déficit de estos funcionarios esté superada.