PP y Vox aprueban que el Gobierno beque a alumnos para cursar el Bachillerato en la concertada

El partido explicó que el objetivo es evitar que haya familias en Cantabria que no puedan garantizar la continuidad de sus hijos en el mismo centro concertado en que han cursado la educación obligatoria –donde se mantienen los conciertos– por no contar con los recursos suficientes para continuar los estudios de Bachillerato –que no está apoyado con ayudas por no ser enseñanza obligatoria–. «No queremos que ningún estudiante se vea obligado a cambiar de centro», afirmó Blanco.

La iniciativa, que partió originalmente de Vox, se vio modificada sustancialmente a través de una enmienda del PP que pide efectuar un «exhaustivo estudio» sobre los datos de matriculación en los centros privados de la región sostenidos con fondos públicos que ya cuentan con concierto en las etapas de Primaria y Secundaria. «¿Hay que concertar todas las aulas de Bachillerato de centros privados? Rotundamente no», advirtió el diputado del PP Álvaro Aguirre. «Eso solo tendría sentido si la red pública tuviese una demanda que la pública no pudiera soportar». Con esta medida, afirmó el popular, lo que se hace es «estudiar la situación de cara a los siguientes cursos para que se articulen diferentes ayudas en función del sistema regional de becas».

La medida, un viejo caballo de batalla entre los partidos de la izquierda y la derecha, ha activado un sonado rechazo del PSOE y del PRC. Por un lado, los socialistas consideran que «no solo pone en cuestión» el actual sistema educativo de Cantabria, sino que «socava uno de sus principios básicos», como es la «igualdad de oportunidades». «Hemos hablado hasta ahora de la sanidad business y ahora nos toca hablar de la educación para el business», protestó el diputado del PSOE Jorge Gutiérrez, en alusión a la polémica generada en los últimos días por las palabras del consejero de Salud, César Pascual, en las que comparaba las listas de espera y los viajes de avión, afirmando que los pasajeros que van en business no esperan colas y los de billete turístico sí tienen que hacerlo.

La regionalista Teresa Noceda fue igual de dura, y se apoyó en los datos. «Su capricho nos va a costar 3.193.569 euros», anunció. «No tiene sentido que los pobres tengan que pagar el Bachillerato de los ricos», dijo antes de recordar que la mayoría de los alumnos ya se ven obligados a cambiar de centro en numerosas ocasiones a lo largo de las diferentes etapas en que está estructurada la educación.

Más reacciones llegaron por parte de los portavoces de los profesores. La Junta de Personal Docente, que aglutina a seis sindicatos que representan al profesorado de la enseñanza pública, se sumó a la réplica: «De llevarse a cabo, supondría el inicio de una concertación encubierta del Bachillerato en centros privados», algo que considera «inadmisible» cuando existe una red de centros públicos «más que suficiente y con una calidad educativa altamente demostrada y contrastada». El colectivo considera que esta propuesta supondría «un gasto absurdo e ineficiente de recursos públicos». Por lo tanto, «recurrir a duplicar el gasto para favorecer única y exclusivamente a empresas privadas es de todo punto inaceptable», subraya la Junta, que se ha mostrado «totalmente sorprendida» por el hecho de que sea esta la primera medida tomada por el nuevo Gobierno en materia educativa.