PP y Vox aprueban tramitar la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

Llevada por la vía de urgencia, lo que reduce a la mitad los plazos para que la norma en cuestión quede oficialmente derogada, la Ley de Memoria Histórica inició esta mañana su fase de descomposición acompañada –eso, siempre– por los reproches que se cruzan sus defensores y sus detractores cada vez que el asunto se asoma por el Parlamento.

Abrieron fuego estos últimos, los detractores de la normativa, particularmente críticos con la posición del PSOE.

Así, el popular Íñigo Fernández, que recordó que su partido llevaba la derogación de esta ley en su programa electoral de 2023, defendió en su intervención que «la convivencia en esta región será mejor sin esta ley», «el ejercicio de la libertad de expresión se aplicará mejor sin esta ley» y «las instituciones democráticas funcionarán mejor sin esta ley». Una ley, continuó el portavoz, «que nació sin ningún diálogo». «Fue la imposición de un partido político a todos los demás», añadió el portavoz popular, que cree que «buena parte de lo que está sucediendo hoy tiene que mucho ver con la mecánica que utilizó el PSOE para imponer esta ley al conjunto de la sociedad de Cantabria». La fórmula «del atropello».

A su modo de ver, la norma «nació con un pecado original, que fue establecer víctimas de primera y víctimas de segunda, con (decía esta ley) reconocimiento y reparación de las víctimas que se opusieron al golpe militar y lucharon en defensa de la legalidad democrática...», leyó el popular, que dio por indefendibles hechos tanto de un bando como de su contrario.

Visiblemente satisfecho por el comienzo del proceso de demolición de una ley que, subrayó, «va en contra de las libertades», Fernández aseguró que en el PP «estamos abiertos a sentarnos y a dialogar» para sacar adelante «una nueva ley con consenso, que es lo que no se hizo hace tres años, cuando se aprobó esta norma por las bravas».

En esta misma línea, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, dijo que «no puede haber en vigor normas que provocan el rencor y la división entre los españoles», leyes, como a su juicio esta, que «atentan contra las libertades más elementales; la ideológica, la religiosa y la de pensamiento, y que, además, amenazan también la libertad de cátedra». Para Díaz, esta es, sin duda, «una ley liberticida» creada «para reescribir la historia al gusto de un parte».

En las antípodas de esta creencia, el socialista Mario Iglesias, a quien correspondió abrir el turno de intervenciones de quienes defienden la norma (PSOE y PRC), censuró en el atril que el PP esté «contra esta ley igual que ha estado siempre contra cualquier ley que avance en derechos; la ley de eutanasia, la ley del aborto, la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo...». Un hecho que le asombra al diputado, «porque la Ley de la Memoria Histórica no tiene nada que ver con el resentimiento, la venganza o los ajustes de cuentas, sino con reclamar justicia y dignificación para las víctimas».

Dicho eso, Iglesias avanzó el compromiso de su partido de «aprobar nuevamente una Ley de Memoria Histórica y Democrática en cuanto recuperemos la mayoría parlamentaria y volvamos al Gobierno de Cantabria», anuncio que el popular Fernández se tomó con cierta sorna: «Me cuesta mucho creer que Zuloaga vaya a tener algún día mayoría en este Parlamento a juzgar por la entidad del personaje», replicó a Iglesias el popular, que también escuchó al regionalista Pedro Hernando hacer al PP la misma propuesta que los populares realizaron en su día sin obtener ninguna contestación: «Ahora se lo propongo yo también. Suspendan ustedes la tramitación de la derogación y creen una mesa de todos los partidos. Acepten su propia propuesta», inquirió Hernando.