PP y Vox comienzan la demolición de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

Haciendo un gesto a sus programas electorales, que ya advertían de que esto iba a suceder, PP y Vox protegieron con su mayoría (19 votos por los 16 que juntan regionalistas y socialistas) una iniciativa parlamentaria que defendió la portavoz de la formación de Abascal, Leticia Díaz, convencida, dijo, de que esta ley «nunca la hubieran aprobado quienes vivieron la Guerra Civil y quienes tuvieron que padecer todas sus cicatrices».

A juicio de Díaz, la Ley de Memoria Histórica y Democrática «es una ley de revancha, que omite a una parte de las víctimas, las que lo fueron del Frente Popular, que olvida de forma deliberada a las cerca de 1.800 personas que fueron asesinadas entre el 18 julio 36 y el 25 de agosto de 1937, y que, por esa razón, nunca debió ser aprobada».

En esa línea se manifestó el portavoz del PP, Íñigo Fernández, para quien la norma en cuestión ya vio la luz con deformaciones. «Vicios», los llamó él.

Para empezar, dijo el popular, «distingue únicamente a las víctimas de uno de los bandos». El republicano, concretamente. «No hay ni una sola referencia al episodio más sangriento que se produjo esos años en Cantabria, el asesinato de 150 prisioneros en el buque-prisión Alfonso Pérez», recordó Íñigo Fernández. «Para esta ley, este hecho no existe», dijo indignado el popular, molesto también por el hecho de que «se creó una Comisión de la Verdad para que Pablo Zuloaga pudiera decirle a toda Cantabria de lo que se podía hablar y de lo que no se podía hablar».

«¿La verdad?, ¿qué verdad?, se había preguntado antes Díaz haciendo referencia a la subjetividad con la que cree se redactó. «Es parcial, es sectaria, es caprichosa y, sí, hay que derogarla», concluyó Fernández, para quien la norma, que entró en vigor a primeros de noviembre de 2021, «nació muerta porque nació sin diálogo».

Sin la fuerza ni los apoyos suficientes para evitar su derogación, PRC y PSOE, los dos impulsores de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, tan solo pudieron intentar –aunque finalmente en vano– que PP y Vox dieran marcha atrás en su propósito.

Primero, enviando al atril al socialista Mario Iglesias, que criticó la maniobra de las derechas «porque niega el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y deja en Cantabria a 7.000 familias sin saber dónde tienen enterrados a sus muertos» y, luego, dejó caer a los populares que su partido en Andalucía «no solo no ha derogado la ley sino que, al contrario, ha seguido localizando fosas comunes». «El olvido no es una opción en una democracia», concluyó el portavoz socialista.

Y luego, lanzando a la tribuna al regionalista Pedro Hernando, para quien la polémica norma «no habla de bandos sino de personas, de seres humanos, que fueron reprimidos y humillados. Y como sociedad democrática que somos, les debemos un reconocimiento», añadió el diputado, que avisó a los populares de que «si se apoyan esta iniciativa, se pondrán del lado del grupo concreto de víctimas de la contienda que consideran que no hay nada que investigar».

El Pleno del Parlamento aprobó ayer una iniciativa para pedir al Gobierno de Cantabria que articule las medidas necesarias para contener, controlar y mitigar la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) que afecta a la cabaña ganadera de la región. La moción fue presentada por Vox y respalda por todos los grupos políticos, incluido el PP, cuya portavoz, María Belén Ceballos, aseguró que el Ejecutivo está «a brazo partido» con los ganaderos, que serán indemnizados con carácter retroactivo por cada res fallecida.

El PP dio a conocer ayer que existe un informe de viabilidad económica de la obra del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria encargado por la Consejería de Cultura del Gobierno anterior –cuando estaba en manos del PSOE– que cifra el coste del proyecto en 63,5 millones, cerca de 20 millones por encima de la cuantía anunciada. Según el PP, los 45 millones de euros de presupuesto para el Mupac de los que habla el PSOE corresponderían solo al coste de adjudicación de las obras, a las que habría que sumar gastos en impuestos, estudios o urbanización del entorno o mobiliario, entre otros.

El Pleno del Parlamento aprobó ayer una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para rechazar la amnistía y las negociaciones que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, está llevando a cabo con los partidos independentistas catalanes. La iniciativa vio la luz con los votos a favor de PP, PRC y Vox. El PSOE, en cambio, votó en contra aduciendo que donde los demás veían una propuesta ellos veían «una pantomima» y «una cortina de humo ante la investidura fallida de Feijóo», según su portavoz, Pablo Zuloaga.