PP y Vox pactan la Ley de Simplificación pero no aclaran si mantendrán la edificación en los PSIR

Ni PP ni Vox quisieron ayer avanzar si esta posibilidad, que ha generado gran polémica en el debate parlamentario (el PRC llegó a decir que el PP va a «vender Cantabria a unos pocos ricos para cumplir promesas electorales»), seguirá tal y como está redactada en el proyecto de ley o sufrirá modificaciones. En medios parlamentarios se da casi por seguro que se mantendrá.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox ha sorprendido en la sede del legislativo. No hay que olvidar que la portavoz de Vox, Leticia Díaz, se mostró muy crítica con el texto remitido por el Gobierno durante el debate de las enmiendas a la totalidad e, incluso, llegó a calificar de «especulación urbanística» la discutida construcción de viviendas en suelo rústico por medio de los PSIR. «No se puede abrir la puerta a la especulación urbanística», dijo, y abogó por una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo «debidamente» tramitada, «al margen» de esta Ley de Simplificación, afirmó desde la tribuna la diputada de Vox.

«El Gobierno de Cantabria está tratando de vender una solución que no es tal y que incluso puede traer nuevas problemáticas», añadió Leticia Díaz, quien dijo que el proyecto «se ha transformado en una Ley Ómnibus que permite al Ejecutivo legislar sobre otros asuntos ajenos a la simplificación», «adolece de una pobre técnica legislativa» y «parece diseñada más como un cajón de sastre que como una herramienta eficaz».

Además, señaló «numerosos problemas» del texto, entre los que citó «la generalización de la figura de las declaraciones responsables y el papel ambiguo de las entidades certificadoras, las modificaciones legales que no están directamente relacionadas con la simplificación, la falta de financiación, la afectación a competencias municipales o la reiteración de normas estatales y autonómicas ya existentes».

En la comunicación remitida ayer a los medios de comunicación, tanto el PP como Vox se comprometen a apoyar recíprocamente las enmiendas parciales que presenten al proyecto, así como la posibilidad de refrendar también las que presenten los otros grupos parlamentarios (PRC y PSOE) en el caso de que ambas partes así lo consideren.

El acuerdo –dicen ambos partidos– permitirá a Cantabria disponer de una ley que «transformará la forma de trabajar de la Administración pública regional, eliminando trabas burocráticas para los ciudadanos y el sector productivo, incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo», fomentando «el buen gobierno y el bienestar al servicio de las personas» y «garantizando las máximas garantías jurídicas».

En sus explicaciones, el Gobierno aseguró que la normativa contará con todas las prevenciones y que el objetivo final es estimular a la iniciativa privada para colaborar en la construcción de «hospitales y colegios».