El PRC acusa al PP de intereses urbanísticos ocultos en la Ley de Simplificación

«Aquí no se está hablando de vivienda, sino de especulación, pelotazo urbanístico y oscurantismo», advirtió Hernando, que hace esta valoración después de observar una serie de «casualidades curiosas». Porque la Ley de Simplificación, además de abrir la puerta a la construcción de urbanizaciones en suelo rústico –siempre reservando el 30% a VPO, como en todos los desarrollos ordinarios–, fija que las expropiaciones de los terrenos para crear un PSIR se calculará sobre el precio del suelo en su condición de rural, no por el valor que tendría una vez sea recalificado, como ocurre ahora. Y todo ello coincide en el tiempo con la reciente aprobación de un incremento de 500 euros en el precio de los módulos de vivienda protegida, que en dos años han pasado de costar 1.393 a 1.900 euros en las grandes localidades de la comunidad autónoma. La consecuencia es «que una casa de 80 metros cuadrados de protección oficial es hoy 40.000 euros más cara».

Con todos estos elementos, Hernando considera que el objetivo del PP «es vender Cantabria a precio de rústico para que unos pocos se hagan ricos». Y de paso, a través de la colaboración público-privada, «poder cumplir algunas de sus promesas electorales». Eso, y que en realidad a los populares les importa poco avanzar en la simplificación administrativa. Por si se equivoca, el PRC les tiende la mano para aprobar una ley siempre que se introduzcan muchas mejoras y se elimine «todo aquello que no simplifica». Un ofrecimiento que podría hacer que esta ley, uno de los proyectos legislativos estrella del Gobierno de Cantabria y una reclamación histórica de los empresarios, esté aprobada incluso en el próximo mes de febrero.

Sería tan fácil –o difícil– como que se acepten las exigencias de los regionalistas, que pasan en primer lugar por eliminar todas las modificaciones legales –urbanísticas y de otro orden– que no tengan que ver con la materia. Por ir a lo concreto, también reclaman que la ley incluya plazos de aplicación de las medidas para que no sea «un brindis al sol», mejoras técnicas para evitar problemas de aplicación por invasión de competencias nacionales o municipales y cambios a la hora de aplicar los silencios administrativos. Sobre esto último, el PRC pide a la consejera Isabel Urrutia que cumpla lo que pedía en la oposición y que los silencios pasen a ser positivos en 84 trámites (asuntos relativamente simples como la petición de un carné de mariscador o permiso de caza), no en los diez que incluye el actual texto.

Reclaman que se dote de medios económicos y técnicos a los ayuntamientos por las nuevas responsabilidades que les otorga la norma y una serie de mejoras en la figura de la declaración responsable. Básicamente, las que pedía «la diputada Gema Igual, a la que el PP no ha hecho ni caso», que presentó alegaciones en su condición de alcaldesa de Santander.