PRC y PSOE frenan la urgencia del PP en la investigación del 'caso Renedo'

Los populares presentaron una moción para que el Gobierno informara en un plazo de diez días de los resultados de la investigación interna, realizada por técnicos de la Inspección General de Servicios. Además, solicitaban al Ejecutivo que reclamara a los ayuntamientos los contratos firmados con la empresaria María Luisa Rebolledo, a quien la exdirectora Alicia Renedo adjudicó varios proyectos antes y después de trabajar para ella en el sector privado. No en vano, se han descubierto contratos firmados a Rebolledo y a su red de empresas en Piélagos, Camargo y Colindres, todos ellos gestionados por los socialistas.

Pero la moción del PP –solo respaldada por Vox y Ciudadanos– se quedó en nada pese a que tanto ellos como el PRC esperaban desde la semana pasada llegar a un acuerdo para votar juntos, lo que dejaría al PSOE en una posición muy delicada. Los populares, de hecho, estaban dispuestos a aceptar la propuesta del PRC de ampliar de diez días a veinte el plazo para presentar las conclusiones de la investigación en el Parlamento.

«Queremos que el gobierno actúe con celeridad, pero es que ese calendario es irreal e incumplible. Todavía se están recuperando los contratos, se tienen que analizar los expedientes y entrevistar a Alicia Renedo», detalló el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

En el último momento, apenas un par de horas antes de empezar el Pleno, las posturas entre PP y PRC se alejaron. Primero, porque el PSOE, para no quedarse solo, se unió a las peticiones de los regionalistas. Y, después, porque los socios del bipartito no estaban de acuerdo con el lenguaje contundente de los populares, que dan por hecho en su escrito la irregularidad de los contratos antes de conocer la investigación. «Este asunto huele a podrido. Existe una trama de contrataciones irregulares que va desde el Gobierno a los ayuntamientos gobernados por los socialistas. Es un entramado de adjudicaciones a dedo y Pablo Zuloaga es el máximo responsable de esta vergüenza», denunció el diputado del PP Álvaro Aguirre.

No en vano, el propio Miguel Ángel Revilla, a las pocas horas de conocer la investigación de El Diario Montañés, reconoció que Renedo «ha vulnerado la Ley de Incompatibilidad, no ha actuado como debía, ni ética ni moralmente, y debe asumir responsabilidades». Y poco después, la directora general dejó su cargo. El propio Hernando también dijo que existen «indicios razonables de un posible incumplimiento de la legalidad», pero negó que se trate de una trama millonaria. El PSOE, en boca de la diputada Paz de la Cuesta, negó la mayor y aseguró que Renedo «asumió responsabilidades políticas de forma inmediata, dando ejemplo de compromiso con la ética pública».

PRC y PSOE también querían suprimir el punto en el que los populares instaban al Gobierno a pedir a los ayuntamientos una relación de los contratos realizados desde el año 2015 hasta la actualidad con la empresaria involucrada, y recomendarles que realizaran sus propia investigación interna para aclarar si la contratación reiterada a ésta se hubiera podido realizar también por intervención de Alicia Renedo.

En cualquier caso, la investigación, que por Ley es reservada y confidencial, sigue adelante y cuando concluya se decidirá si se abre un expediente sancionador y si los hechos son merecedores de optar por la vía judicial, según informaron desde el Gobierno. El calendario para informar de sus conclusiones, eso sí, es muy ajustado. Solo queda mes y medio para que el Parlamento cierre debido a las elecciones.