PRC y Vox permitirán tramitar la Ley de Simplificación, pero con «profundos cambios»

Tan profundas que implicarían sacar del articulado todos aquellos asuntos que los populares han introducido y que, a priori, no tienen nada que ver con la simplificación. El caso más evidente es la modificación de la Ley del Suelo que, entre otras cosas, abriría la puerta por primera vez a la construcción de viviendas libres en suelo rústico –no solo unifamiliares, como ocurre ahora, también urbanizaciones– a través de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). Con argumentos parecidos, defienden profundizar mucho más en todo lo que es simplificación para que la ley no se quede en un «brindis al sol» sin plazos ni presupuesto y dejar fuera el resto de asuntos en materia urbanística, sanitaria, ambiental... Todo aquello por lo que creen que la Ley de Simplificación se ha convertido en una «ley ómnibus», al estilo del decreto que Pedro Sánchez intentó aprobar con muchas materias distintas y en la que también incluyó la revalorización de las pensiones.

«No vamos a permitir que la derecha destroce el territorio. No queremos volver al pasado porque recordamos lo que ya hizo el PP en los años 90», justificaba el líder socialista, Pablo Zuloaga, que considera que lo único que simplifica la norma es «la especulación, pero no los trámites para el conjunto de la ciudadanía». Porque aunque facilita la concesión de licencias a través de la figura de las declaraciones responsables, en su opinión –también en la de Vox, pese a sus diferencias ideológicas– no reduce las trabas burocráticas, por ejemplo, a quien solicita la Renta Básica. Otros argumentos de los socialistas son que elimina las cláusulas sociales en la contratación pública, vacía de contenidos el Consejo de la Mujer, reduce controles ambientales, modifica de golpe 19 leyes, choca contra la normativa estatal...

El PRC reconoce que también valoró la enmienda a la totalidad, pero finalmente, en «un ejercicio de responsabilidad», descartó esa opción para no alargar los plazos. «Si la devolviéramos al Gobierno, corremos el riesgo de tener que esperar otros 18 meses más para aprobar una ley. Y tal y como ha trabajado en esta, creemos que la nueva no sería mucho mejor. No apoyamos la ley, estamos trabajando en cambiarla», subrayó ayer su portavoz, Pedro Hernando. En paralelo, para desbloquear la situación y que la norma pueda alcanzar los apoyos suficientes –el PP necesita a PRC o Vox–, propone 'trocearla'. Lo mismo que reclamaba el PP a Sánchez con su polémico decreto. Es más, el PRC ofrece facilidades para estudiar los cambios urbanísticos que los populares consideren necesarios siempre y cuando se haga con una reforma propia e independiente de la Ley del Suelo. Pero estudiarlos no significa respaldarlos. Por lo dicho hasta ahora, votarían 'no'.

Preguntado por esta opción, el PP insiste en que el mejor texto posible es el que presentó la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. Su portavoz, Juan José Alonso, ni siquiera quiso valorar el escenario de sacar de la ley los aspectos urbanísticos. Se limitó a criticar al PRC por «imponer antes que negociar». Populares y regionalistas, socios preferentes esta legislatura, reconocen que aún no se han sentado para acercar posturas y se culpan mutuamente de esta falta de comunicación.

La invitación al diálogo de Alonso también es para Vox. Su portavoz, Leticia Díaz, quiere sacar de la ley todo lo que no sea simplificación, lamenta que «esté cargada de buenos deseos» al mismo tiempo que se olvida de herramientas y recursos y echa en cara a Buruaga que no haya avanzado en reducir trabas y trámites a familias y empresas en aquellos asuntos en lo que no era necesaria la participación del Parlamento.