PRC y Vox reniegan de la fórmula elegida por el Gobierno para cambiar la Ley del Suelo

Los regionalistas, que están de acuerdo con el PP en el fondo de la cuestión, es decir, ser más permisivos con la construcción en suelo rústico, ya han avisado al consejero de Fomento que no van a permitir que la reforma de una norma de este calado se cuele en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto. El PRC pide, al menos, que los populares lo presenten en el Parlamento como una Proposición de Ley, con carácter de urgencia si es necesario, para propiciar un debate y no mezclarlo con la negociación de las cuentas autonómicas para 2024.

Sin que sirva de precedente, en Vox coinciden con la visión del PRC. Tras un debate en el grupo parlamentario, también han rechazado la fórmula que pretende utilizar Fomento y reclaman un proceso independiente para modificar la Ley del Suelo. De hecho, Vox ya ha presentado en el Parlamento una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a iniciar «con la mayor brevedad posible» la modificación de esta normativa. El partido presidido por Emilio del Valle también quiere más libertad para construir en suelo rústico, por lo que el camino parece casi despejado para que el PP imponga su filosofía urbanística.

De hecho, el escenario urbanístico de Cantabria ya es uno de los más permisivos de España para construir en zonas rurales. Mientras que en las comunidades fronterizas es tabú el uso de suelo rústico para edificar, en Cantabria ni siquiera el PSOE, el más restrictivo de los partidos, se opone a ello totalmente.

La puerta la abrió el Gobierno de Ignacio Diego en 2012. Hasta entonces estaba vigente la norma de 2001 que reservaba el suelo rústico para las actividades ligadas a los usos agrícolas, ganaderos, forestales... Y las viviendas iban al suelo urbano o urbanizable, como defienden los colectivos proteccionistas, que consideran una aberración urbanística lo contrario.

Lo que aprobaron socialistas y regionalistas en junio de 2022 fue consagrar esa posibilidad de construir en rústico -solo viviendas unifamiliares, no edificios comunitarios- e introducir algunas limitaciones con respecto al texto de 2012. La más destacada fue que este tipo de inmuebles aislados tenían que estar a un máximo de 100 metros del núcleo urbano, la mitad del perímetro que antes. La Crotu también ha endurecido algunos criterios en la pasada legislatura. Por ejemplo, antes se autorizaba la vivienda que estuviera a 100 metros de cualquier edificación. No hacía falta que fuera otra casa, sino que podría ser una iglesia, por ejemplo. Ahora eso ya no se permite.

Uno de los argumentos del bipartito para consolidar en su ley de 2022 la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico es que esto sería una herramienta más para evitar el despoblamiento de las zonas rurales. De hecho, el modelo que salió adelante permite levantar este tipo de edificaciones de forma general en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Lo que ahora pretende el PP es regresar al modelo de 2012 -que en su día contó con el beneplácito del PRC- y deshacer las limitaciones que el PSOE impuso a los regionalistas la pasada legislatura. «Lo reclaman todos los alcaldes de Cantabria, da igual el partido. Tenemos que volver a la regulación de 2012. Es de justicia volver a esa situación que llegó por un acuerdo de PP y PRC», recordó Media.

Pero el Gobierno no solo cambiará esos artículos. Está obligado a modificar otros tres después del acuerdo al que llegó con el Estado en abril de este año. Tres puntos de la ley que chocaban con normas nacionales de rango superior y que entraban en competencias que no son propias de la comunidad autónoma.

Entre los asuntos que tendrán que revisarse se encuentra el canon establecido para devolver al territorio parte de los beneficios de la producción de energía en los nuevos parques eólicos; los plazos de prescripción de algunas infracciones; y la obligación de que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en materias de minería, ocupación de dominio público marítimo u ordenación del territorio se adapten a la ley nacional de control ambiental integrado.