Sergio Silva | Consejero de Educación, FP y Universidades

«Lo que más me preocupa es la pérdida de alumnos. Tenemos un reto demográfico bárbaro»

¿Hacia dónde apuntan Silva y sus compañeros? «Hacia un sistema de más calidad que, en términos generales, dé una respuesta al alumno en función de sus necesidades, y ponga en valor la labor del profesorado», dice el consejero. Esta declaración de intenciones se sustenta en varios pilares: en un Plan estratégico de FP; en la consolidación de la escolarización temprana o en el reconocimiento legal de la autoridad del profesorado.

–¿En qué punto está el trabajo de cara al inicio del curso escolar?

–Mi principal preocupación en verano es que el curso escolar arranque con normalidad. Como cualquier otro verano, se está trabajando en la parte de recursos humanos –adjudicación de plazas, sustituciones, finalización de procesos de estabilización en marcha– para que esté finalizada. En las dos semanas y media que llevo al frente de la Consejería he comprobado que hay un intenso trabajo de planificación y organización para que todo marche correctamente.

–En cuanto a la impronta que quiere dejar en la Consejería, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los encargos que le ha hecho la presidenta Sáenz de Buruaga?

–Partimos de la realidad que tenemos: un buen sistema educativo, fruto del trabajo de muchas personas y administraciones. Y ahora debemos mejorarlo. ¿Hacia dónde caminamos? Hacia un sistema de más calidad que, en términos generales, dé una respuesta al alumno en función de sus necesidades, y que ponga en valor la labor del profesorado. Esto significa que debemos ser capaces de organizar los recursos que tenemos para ajustarlos a la situación.

En materia de FP, mi campo, tenemos que desarrollar un IV Plan 2024-2027 que fije una estrategia y un mapa acorde a lo que necesita la región; que ayude a reducir la brecha entre los perfiles demandados por las empresas y la oferta del sistema. Y tenemos que ser capaces de seguir avanzando en la escolarización temprana: se ha iniciado un camino en las aulas de 1 año –tenemos una red consolidada de aulas de dos– que vamos a continuar. Para nosotros, esto tiene importancia no solo desde el punto de vista de la conciliación, sino desde una vertiente preventiva de las necesidades educativas y de corrección de las desigualdades. Una escolarización temprana extendida y consolidada permite prevenir muchas dificultades.

Y hemos de caminar para que los docentes se dediquen a enseñar y eso pasa por minimizar su carga de trabajo burocrático diario –es difícil e implica consumir recursos, pero es necesario para invertir la tendencia–; y por ayudar al profesorado para que tenga una tranquilidad en el ejercicio de su labor, y me refiero con esto al reconocimiento legal de la autoridad del profesorado y a que vamos a intentar desarrollar en esta legislatura una ley de autoridad del docente. Tenemos que cambiar el enfoque de la digitalización, buscando que los recursos estén a disposición del profesorado; y también mejorar el sistema, ya bueno, de orientación y atención a la diversidad.

––La Lomloe prosigue con su implantación en septiembre. ¿Se concluirá con éxito? ¿Qué opina de la normativa?

–Tenemos tres retos de legalidad importantes. Uno de ellos es la Lomloe, una ley de 2020 que este curso se ha implantado en los cursos impares y, a partir del que viene, en los impares. Sé que puede haber cierta preocupación, porque el PP, en su momento y a nivel nacional, votó en contra de esta normativa, pero estamos obligados por el principio de legalidad a aplicar y a seguir con la implementación de esa ley. Y lo vamos a hacer. Y vamos a intentar mejorar ese proceso de aplicación de la Lomloe porque se ha llegado tarde –en información, formación...– y hay desasosiego entre el profesorado por cómo se ha aplicado, las dificultades de programación, evaluación. Vamos a intentar paliar eso este curso, y, desde luego, vamos a seguir con su aplicación. En cuanto a la filosofía de la norma, el aprendizaje por competencias, el fin es loable, si bien no es algo nuevo –solo a nivel legal–. Pero hay que aterrizar las cosas y eso es lo difícil. Muchas veces las políticas educativas se hacen en abstracto, sin tener en cuenta quién las debe aplicar: centros y docentes. Nunca vamos a tener un sistema educativo mejor ni peor que sus profesores.

Los otros dos retos de legalidad que tenemos son importantísimos. En materia de FP, se está aquilatando desde la Ley Orgánica 3/2022 un nuevo modelo de Formación Profesional totalmente dualizado, que nos exige ya una mayor implicación del colectivo empresarial para viabilizar. Tenemos un real decreto de ordenación de la FP publicado el 22 de julio, que nos va a exigir una prueba de estrés para llevarlo a la práctica a partir del curso 2024-25. Es una de nuestras mayores preocupaciones, porque de lo que seamos capaces de hacer en este curso que entra dependerá la aplicación de la ley. Y en el ámbito universitario tenemos la ley 2/2023, que también es un punto de inflexión.

–El próximo curso se aplicará el tope de 20 alumnos por aula en 1º de Primaria. El compromiso de la anterior consejera pasaba por bajar la ratio a curso por año. ¿Es su prioridad?

–En nuestro programa tenemos un compromiso de calidad. Queremos mejorar el sistema, que es bueno, pero uno de los factores que se puede mejorar es las ratios. Es uno de los principales factores de calidad porque permite al profesorado trabajar con una atención más individualizada. Tenemos intención de continuar con esa política de reducción de ratios. Y aquí enlazamos con el tema que más me preocupa de la educación: la pérdida de alumnos por la baja tasa de natalidad. Tenemos un reto demográfico bárbaro. Cantabria está entre las cinco autonomías con la tasa más baja del país. La previsión para el curso que viene es estar en los 92.500 alumnos, con lo cual, en los últimos cinco años, se pueden haber perdido en torno a 2.000 o 2.500 alumnos. Hay que saber acompasar la pérdida de alumnos –el valle ya lo tenemos en toda la Infantil y en Primaria– con la intención de no perder unidades, y aprovechar esa circunstancia para mejorar el sistema. ¿Cómo? Reduciendo las ratios, pero siendo conscientes de que el problema real es la bajada de alumnos. Yo quiero conseguir consenso en la comunidad educativa para que entendamos que se va a continuar con el escenario de reducción de ratios, pero debemos tener en cuenta que no podemos ir a los mismos crecimientos que hemos tenido en el pasado, porque la situación es la contraria. Y es una situación preocupante.

–¿Se hará curso por año?

–Tenemos el compromiso de seguir reduciendo las ratios. Si este curso que viene hablamos de reducirlas en 1º de Primaria, lo lógico es que al siguiente fuésemos a 2º. Las ratios reales podrían permitirnos hacer esto y, si podemos hacerlo, lo haremos.

–¿Hay algún centro, unidad, en riesgo de cierre?

–No me consta que lo haya, pero es verdad que cuando baja la natalidad los sitios donde ya tenemos menos alumnos son los primeros que parece que entran en situaciones problemáticas. Nosotros ya lo hemos pensado al confeccionar nuestro programa electoral, y de ahí la importancia que hemos dado a la escuela rural como uno de los doce ejes estratégicos. En Cantabria tenemos el 80% del territorio de ámbito rural, y hay medidas para atender a la escuela rural, pero tenemos que ser capaces de coordinar esa política. Nosotros proponemos una Ley de Escuela Rural para intentar garantizar una asignación presupuestaria, como se ha hecho en la Ley de la Ciencia.

–¿Contempla un refuerzo administrativo en los centros para paliar el exceso de burocracia?

–Es un problema fácil de diagnosticar y difícil de resolver. ¿Por qué? Porque consume recursos. Lo ideal sería tener más dotación de personal administrativo en los centros educativos. ¿Es eso posible en los casi 300 centros educativos y de manera generalizada? Probablemente, no. Pero tenemos que ponernos a trabajar en invertir la tendencia. Porque el problema no es que tengamos una carga administrativa alta, que lo es, sino que es creciente. Hay que parar esa tendencia y trabajar en soluciones. Una de ellas es llevar personal administrativos a los centros; otra es reforzar el personal de los Servicios Centrales, que puedan centralizar trabajos que ahora se hacen en los centros educativos.

–La concertación del Bachillerato anunciada por Sáenz de Buruaga ha generado polémica incluso antes de usted fuera nombrado consejero. La idea es extender el concierto en los centros que ya tengan ese modelo hasta 4º de la ESO. ¿A cuántos afectará y cuánto costará?

–Ni el Gobierno ni esta Consejería vienen a generar problemas sino a resolverlos. Somos conscientes de los equilibrios que hay en el sistema educativo de Cantabria y no vamos a alterarlos, ni hacer nada que dañe a la escuela pública. Soy profesor de la pública, llevo 23 años en la pública, y no va por ahí nuestra intención. Lo que llevamos en el programa electoral es la intención de resolver problemas concretos, vinculados a la continuidad pedagógica: alumnos que llevan diez años de escolarización en un centro y que a veces, por circunstancias económicas, se ven obligados a cambiar de centro, incluso rompiendo tendencias entre hermanos. Esa es la situación que queremos estudiar. No hablamos de escenarios de máximos, sino de escenarios concretos. ¿Tenemos estimaciones de qué supondría esto? No, porque lo queremos es estudiar esa situación , que es lo que dice el programa.

–También ha asegurado la presidenta que el calendario escolar no se va a tocar, siguiendo esa idea de no cambiar lo que tiene consenso. ¿Habrá alternativas extras para las familias en esos periodos no lectivos?

–En materia de tiempos escolares, nada es blanco y nada es negro, siempre lo he dicho, todo es muy matizable. Nosotros, en 2017, criticamos no tanto el calendario, sino la manera en que se decidió implantarlo. Sin embargo, siete cursos después, hablamos de un modelo implantado y avalado por el Acuerdo por la Educación de 2017, del que se nutre nuestro programa electoral, y refrendado en el Parlamento. Eso no lo vamos a romper. Tenemos que mejorar en lo que es mejorable. Nos lo dice el Consejo Escolar de Cantabria: equilibrar mejor esos periodos dependiendo de cada año; que esos periodos sean efecto de descanso -ausencia de deberes, que no haya exámenes nada más volver-; que los inicios y finales de curso se cumplan para que no haya luego pérdida de días, o que cada año hablemos, hasta donde sea necesario, para aquilatar el calendario escolar que saquemos. En esa línea vamos a trabajar.

–¿Pero va a haber una oferta distinta a la actual en esos periodos no lectivos?

–Nuestra intención, y eso está reflejado en el programa, es mejorar esa atención, y eso pasa por trabajar más coordinadamente con los ayuntamientos, y tenemos como interlocutor a la Federación Cántabra de Municipios, que nos puede ser muy útil en este ámbito. Y pasa por trabajar con las empresas que desarrollan servicios en esos periodos, y con la apertura de centros a la comunidad en esos periodos no lectivos.

–Familias y sindicatos reclaman que aumente la plantilla de especialistas en las aulas, tanto PT como AL. ¿Qué se va a hacer en este sentido?

– Tenemos un buen sistema de orientación y atención a la diversidad, con una estructura orgánica amplia, equipos generales y específicos, programas y una normativa bastante prolija. ¿Qué queremos hacer en este ámbito? Queremos hacerlo más operativo para llevar el recurso donde haga falta. No podemos replicar el recurso constantemente en cada uno de los centros, y como sabemos que podemos hacer eso, tenemos que reordenar los recursos e incrementarlos para poder llevarlos, cuando sea necesario, a donde haga falta. Y eso exige tener unos criterios claros: un plan director de la orientación e inclusividad. La Dirección general de Calidad y Equidad Educativa, al frente de la cual está José Luis Blanco, tiene el encargo de empezar a diseñar ese programa para empezar a aquilatar esas medidas organizativas.

–Antes de 2024, más de 8.000 docentes tienen que acreditar sus competencias digitales. ¿Es suficiente con los cursos que han realizado este año? ¿Qué implica la digitalización para el nuevo consejero?

–Otro factor de calidad que se puede mejorar es este. Creemos que el enfoque que se debe dar a la digitalización no es tanto el hecho de disponer de medios físicos, soportes electrónicos para dar las clases, sino proveer de recursos digitales al profesorado para que los puede usar en el aula. Eso va suponer cambiar la estrategia respecto a lo que se ha hecho y exige una labor de coordinación desde la Consejería. Más recursos para los profesores en digital, en abierto. Hay que coordinar a esos profesores para que esos recursos estén a disposición de todos por etapas con un uso fácil. Al mismo tiempo, hay que mejorar el proceso de acreditación digital. No estamos satisfechos con lo que se ha hecho. Es necesario cambiar el enfoque: lo que queremos es tener evidencias de que el recurso digital se usa en el aula y así podremos hablar de acreditación digital real. Estamos en la fase incipiente de planificar cómo lo vamos a hacer. Es importante tomarse tiempo para pensar antes de actuar.

–Hay autonomías que han comenzado a prohibir el uso de móviles en las aulas. ¿Va a haber alguna orden concreta de su Consejería en este sentido?

– Este consejero no es amigo de prohibir para nada. Ya hay iniciativas de centro, que hablan de la limitación del uso del móvil, especialmente, en la ESO. Es un tema que nos preocupa mucho, igual que el uso de las pantallas en Educación Infantil -ya los pediatras de Atención Primaria están advirtiendo sobre esto-. Y el uso de los móviles es un problema. Tenemos que ser capaces de transmitir a los centros la importancia de este asunto, que es asimétrica porque no en todos pasa igual, y planificar una estrategia de la mano estos centros -nunca por imposición- para controlar el uso de los móviles en los centros, tanto en clase como en los recreos. Nos preocupa mucho, pero no vamos a prohibir, sino que vamos a intentar ordenar con los centros.

–Se abren 25 nuevas aulas de un año el curso que viene. ¿Qué previsión maneja en este sentido?

– Fortalecer la red de aulas de un año es un objetivo de este gobierno. La escolarización temprana tiene para nosotros ese importancia de prevención de problemas educativos y corrección de desigualdades. Vamos a seguir con esa política. Este curso ha habido 17 aulas y se van a implantar 26, entre mixtas y puras. Nos vamos a 43 aulas implantadas en 2024., que implica un esfuerzo y reto de gestión. Y estimamos llegar en 2025 a 51 aulas. Contamos con fondos europeos para esto, con una previsión de más de 8 millones de euros, y ese escenario de 2025 es un objetivo para este consejero. ¿Nos planteamos más? Sí, pero todo esto hay que casarlo con la pérdida de natalidad. Yo estaría satisfecho si llegamos a una estructura de en torno a 200 aulas de dos años que tenemos ahora y más de cincuenta de un año en 2025.

–El último consejero de Educación del PP, Miguel Ángel Serna, sumó muchas críticas entre la comunidad educativa y abrió muchos frentes. ¿Qué rescatar de esa etapa?

– Yo tengo mi propio perfil, vengo del aula, llevo 23 años en educación y no me comparo con nadie, ni con Miguel Ángel Serna, ni con Ramón Ruiz, ni con Paco Mañanes, ni con Marina Lombó. Soy Sergio Silva y tengo mi idea y mi equipo para hacer las cosas. Si algo creo que la gente que me conoce sabe de mí es que empleo mucho tiempo en escuchar, que es una de las claves para que las cosas funciones medianamente bien; y en dialogar, porque es tiempo ganado. No quiero entrar en comparativas con tiempos pasados, porque lo que tengo claro es que todo lo que se haga de forma estructural en el sistema educativo tiene que partir de escuchar y hablar con la comunidad educativa, y de ir hacia el avance, nunca hacia escenarios de mínimos, de desmantelar, de prohibir. Tenemos un buen sistema y parto de ahí.

–El IV Plan regional de la FP tendrá rango de ley. Usted, que tan ligado está a esta etapa, ¿cómo se ha encontrado las cosas en la Formación Profesional cántabra?

– Tenemos un buen sistema de FP: más de 14.000 plazas, más de cien títulos… ¿Dónde podemos mejorar? En la creación de una estrategia. Si algo creo que ha brillado por su ausencia en los últimos años es que no hemos sido capaces de definir una estrategia de FP a nivel regional. Eso es fundamental y eso es el IV Plan Regional de la FP, al que queremos dar rango de ley para, de alguna manera, blindar recursos. Estamos pensando en que tenemos que hacer un mapa de FP acorde a las necesidades regionales y a los puntos fuertes. Pongo un ejemplo que conozco por mi experiencia profesional, el sector agroalimentario, un sector estratégico para el país y para Cantabria, y ahí tendremos que avanzar en la oferta de este ámbito. Y avanzar no solo cuantitativamente, sino en dónde ponemos esos recursos. Tengo claro que en comarcas como Liébana es necesario aumentar la oferta de FP vinculada al servicios, hostelería, cocina; tengo claro que en la comarca oriental hay que hacer un esfuerzo por incrementar la oferta en familias profesionales que se puedan demandar; tengo claro que las nuevas apuestas industriales que están saliendo a la luz demandan perfiles profesionales… Eso hay que pensarlo y hablar con el sector empresarial. Tenemos que ser capaces de generar estructuras intermedias entre pymes y el sistema educativo.

–¿Está de acuerdo con el último paquete de infraestructuras en FP: la ampliación de centros integrados, la previsión de levantar uno en Laredo centrado en estudios pesqueros, y de otro en Noja, vinculado a las familias sanitarias y que ha generado cierta polémica?

– En general, estoy de acuerdo con que hay que aprovechar los fondos europeos y creo que es una decisión acertada para aumentar la oferta de FP en los centros integrados, que aúnan toda la Formación Profesional; si bien matizo que la oferta que incluyan esos centros tiene que estar más estudiada en cuanto a la comarca en la que se implantan. No podemos crear centros sin tener un estudio previo de las titulaciones que van a ofrecer y dónde ¿Por qué? Porque podemos hacernos trampas al solitario y abocar a mucha gente a formarse en titulaciones sin salida profesional en esa comarca. Eso parte de un estudio de necesidades real. En Noja hace falta un impulso, también en el ámbito educativo, y lo vamos a estudiar. Lo que pasa es que no podemos admitir que cualquier oferta en cualquier sitio valga.

–Le toca gestionar el próximo contrato-programa de la UC. ¿Será plurianual?

– Ese es nuestro objetivo. La persona que va a estar al frente de la Dirección General de Universidades, Marta Pascual, ha sido vicerrectora de Acción Estratégica durante cinco años y queremos ir a ese escenario que dé estabilidad a la Universidad de Cantabria. No es sencillo, un contrato-programa es complejo y tiene un montón de implicaciones presupuestarias y de gestión, pero nuestro objetivo es llegar a ese escenario.

–Ha hablado de blindar recursos. En agosto y septiembre tendrá que negociar los presupuestos con la Consejería de Economía. ¿Va a pedir más recursos?

–No hay que engañarse: necesitamos más recursos. Si hay un 18% del presupuesto se va a educación, pero la educación consume muchos recursos y necesita más. Tenemos partidas deficitarias que es necesario atender, nóminas fundamentalmente -hablamos de más de 10.000 docentes. Y para llevar a cabo las políticas educativas de calidad de las que hablaba hacen falta recursos. Al consejero de Economía ya le he pedido ese incremento de recursos, no he tenido esa cortesía de los cien días, pero al mismo tiempo también tenemos que prever escenarios en los que los crecimientos serán los que podamos obtener. Y si no son los óptimos, tendremos que ser capaces de gestionar lo que tenemos. Tengo mucha esperanza en la gestión de los centros y en que, escuchando a la comunidad educativa y haciendo ver al profesorado que somos sus aliados, que las cosas se van a ir haciendo poco a poco, con sentido común, sin complicar en exceso la vida de los centros, iremos avanzando. Tenemos un compromiso de gasto público en el programa electoral del 5% del PIB, que supone, con el PIB actual, un compromiso de más de 700 millones a la legislatura. Ese sería el escenario ideal.