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Después de mes y medio de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, el bloqueo de la actividad judicial es enorme: en Santander, desde el pasado 24 de enero no se reparten demandas –son ya miles las que están pendientes–, ni escritos que ... no correspondan a los procedimientos de servicios esenciales, y la parálisis afecta ya a todos los juzgados de primera instancia, que no están celebrando juicios.
Belén Alonso, portavoz en Cantabria de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las organizaciones convocantes del paro en la región, junto al Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, criticó la «falta de voluntad negociadora del Ministerio de Justicia» para poner fin a la protesta. «Se está haciendo una bolsa de asuntos pendientes enorme, y no son solo los juicios que se suspenden o las demandas que no se admiten, es que los procedimientos están parados y estamos perdiendo tiempo. El único responsable de todo es el Ministerio: primero, por incumplir los acuerdos alcanzados y, después, por no abordar una solución de forma rápida para reincorporarnos al trabajo».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, también expresó su «preocupación» por la acumulación de trabajo pendiente «que nos va a costar muchísimo esfuerzo retomar cuando la huelga termine».
De hecho, se está diseñando un plan de contingencia que permita absorber ese exceso de actividad atrasada. «Cuando el conflicto termine se pedirá información a los órganos judiciales para que en un plazo breve nos digan cuál es la situación y qué medidas de refuerzo han de aplicarse en cada uno para sumir el retraso. Tenemos la percepción de que hay unos órganos más afectados que otros y lo que intentaremos, con refuerzos externos –si es posible y lo aprueba el Ministerio de Justicia–, es intentar ir asumiendo ese retraso que se ha generado. Existe una gran preocupación porque va a resultar complicado», reconoció el presidente del TSJC.
Sobre la posibilidad de un próximo acuerdo que ponga fin a la huelga, «el pronóstico es sombrío», según López del Moral, quien no obstante confió en «un acercamiento de posturas». «Creo que al final imperará la concepción de servicio público por ambas partes, con un acercamiento de posturas que, aunque no sea al cien por cien, sí permita retomar la actividad laboral. Los mismos letrados tienen ganas de volver a su trabajo, pero en este momento no parece fácil llegar a un acuerdo».
La representante de UPSJ, Belén Alonso, confirmó el interés de los letrados en que todo termine. «Somos muy conscientes de la materia sobre la que trabajamos y de que se crea un perjucio enorme en mucha gente que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que está sucediendo, y repito que es el Ministerio el único responsable. Desde el primer momento intentamos sentarnos a hablar, aunque sea para negociar lo que ya teníamos concedido. Nos preocupa lo que está pasando en la Administración de Justicia, y nosotros estamos perdiendo nuestro sueldo, y todo ese trabajo pendiente que no hayamos hecho lo tendremos que hacer nosotros. A nosotros esta situación no nos conviene».
Alonso recordó que la última reunión con los representantes del Ministerio se celebró el martes de la semana pasada, y desde entonces no les han vuelto a convocar. «No estamos pidiendo nada nuevo –recordó–, sólo que se cumplan los acuerdos que se alcanzaron en abril de 2022».
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