«Está todo preparado por si la segunda oleada de la pandemia llegara a Cantabria»

–¿Qué tal ha respondido el Gobierno regional a esta crisis?

–Cantabria ha tenido dos ventajas fundamentales que se han puesto de manifiesto desde el inicio de la emergencia: la coordinación y la anticipación. Hemos estado coordinados a todos los niveles: con el Estado, con los ayuntamientos y también entre nosotros, todas las consejerías, sobre todo las que han que más peso han llevado –Sanidad, Políticas Sociales, Presidencia...–. Hemos llevado una actuación en Interior extraordinaria, con la colaboración de los ayuntamientos, que han respondido, en muchas ocasiones con pocos medios, de manera ejemplar.

–¿Qué balance hace del trabajo desarrollado por los servicios de Emergencias y Protección Civil durante este periodo?

–Gracias a Protección Civil y a Cruz Roja hemos podido asistir a la población más vulnerable, proporcionando alimentos a quien los necesitaba, llevando a los domicilios las becas de comedor, entregando medicamentos a quien los precisaba, ayudando a llevar camas a Valdecilla... Se han hecho muchas cosas gracias a los voluntarios y al Servicio de Talleres e Imprenta del Gobierno regional, que se han reinventado en la pandemia convirtiéndose en fabricantes de mamparas, pantallas para sanitarios, y, con la colaboración de empresas, uniformes, batas... Interior también ha coordinado un dispositivo de limpieza extraordinario, contando con Obras Públicas, haciendo limpieza fuerte de 200 kilómetros de calles todas las noches, con el dispositivo de los bomberos del 112, que se dedicaron a limpiar residencias, relevando a la Unidad Militar de Emergencias... Muchas cosas.

–¿Está preparada la región para una segunda oleada?

–Sí, porque todas las direcciones de mi Consejería prepararon los planes covid-19 'antes de'. En el momento en que estaba llegando, Cantabria se mantuvo mucho tiempo a la cola, y aprovechamos para preparar todos los planes de emergencia, así que todo eso ya está escrito y preparado para la segunda oleada que pueda llegar, además de lo que hemos aprendido en la primera. No podemos permitirnos el lujo de que el trabajo del Gobierno se paralice por la pandemia, porque nos morimos de hambre.

–Con la vuelta a una relativa normalidad los servicios de Emergencias recuperan su actividad habitual, y otra vez vuelve a hablarse de rescates.

–Tenemos un helicóptero medicalizado extraordinario para atender un territorio muy complicado pero pequeño, y eso nos permite apoyar muchísimo a Castilla y León. Es un servicio de Emergencias y rescate excepcional, que sabe de todo. Un servicio público, pero no podemos abusar de ello, y por eso en la Ley de Medidas establecimos los casos en los que se va a repercutir la tasa del rescate. De momento no se ha dado ninguno.

–El virus también ha puesto a prueba el pacto de Gobierno. ¿Qué tal ha aguantado?

–Bien. Yo tengo una coordinación excepcional con Sanidad y Políticas Sociales; tengo un trabajo constante con la Consejería de Economía. Desde el PRC siempre se va seguir esa premisa, la de la lealtad y el trabajo conjunto y coordinado.

–Algunas decisiones de Madrid no han caído muy bien aquí, sobre todo en cuestiones de dinero. Revilla se queja del injusto reparto de fondos covid, del recurso al pago de la financiación de Valdecilla, de los millones pendientes de la recaudación del IVA de 2017...

–Tenemos en la Dirección del Servicio Jurídico todas las instrucciones dadas por el presidente, y ya nos hemos personado en el recurso de Valdecilla, de los 22 millones, y en cuanto se convoque el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, si en el orden del día no está establecido el reintegro de los millones que nos deben por el IVA pues iremos a los tribunales.

–También está esa reclamación para que los ayuntamientos puedan disponer de sus ahorros.

–Ahora hay una negociación en marcha y una propuesta desde el Ministerio de Economía que ha trasladado a la Federación de Municipios –y ahí el Partido Socialista se ha posicionado a favor de ella–, con la que el PRC no está de acuerdo, y más después de haber firmado una moción, por todos los grupos en el Senado –incluidos los socialistas–, en la que las reglas de juego no eran que el Estado se quede con el dinero de los ayuntamientos y se lo vaya dando de manera paulatina, controlando ese gasto.

–Dijo que pretendía aprovechar la desescalada en la Justicia para modernizarla.

–La pandemia nos ha traído cosas positivas, y una de ellas es que el sistema de administración electrónica Vereda funciona y ha dado la talla. El gran esfuerzo de la Dirección de Justicia, que ha dotado a todas las salas de vista de wi-fi y medios para hacer videoconferencias, aparte de las medidas de seguridad, ha permitido hacer audiencias previas por vía telemática. Hasta septiembre no sabremos qué tanto por ciento de asuntos pendientes puede darnos la necesidad de jornadas prorrogadas, que es por lo que va a empezar el personal de la Administración de Justicia, y de refuerzos, si llega el caso, para el año que viene.

–El confinamiento ha hecho que muchos miren ahora al campo con otros ojos. ¿Ayudará a frenar la despoblación?

–Hace cuatro meses estábamos en una batalla casi perdida, pero el confinamiento ha hecho que se valore más la calidad de vida de un pueblo. Pero, irremediablemente, las medidas contra el despoblamiento tienen que ir unidas a las de una financiación que se realice en base al coste efectivo de los servicios. Nosotros optamos por poner en marcha el Consejo Asesor del Despoblamiento, con medidas importantísimas como desgravaciones fiscales por fijar población, reforzando maestros aun sin cumplir la ratio de alumnos, llevando el internet rural a todos los rincones, o con el régimen específico en las construcciones en suelo rústico en municipios afectados por el despoblamiento. También trabajamos con el Ministerio para el Reto Demográfico y hemos defendido que se atienda a los territorios con despoblamiento en el reparto de fondos de recuperación de Europa.

– Había otros planes: oposiciones, recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios...

– Hemos sacado las oposiciones, que estaban convocadas para abril y mayo y fue imposible, pero a partir de septiembre vamos a empezar a hacer los exámenes en las que haya menos de 150 aspirantes, un total de 49 pruebas. La Administración no puede parar y necesita estabilizar el trabajo de los interinos; estamos quedándonos sin sustituciones en bolsas, y necesitamos que haya titulares en los puestos de trabajo. También voy a empezar a negociar con las organizaciones sindicales el destino de los fondos adicionales para mejorar al personal de la Administración que está en peores condiciones.

–¿Y el juego?

–Se viene trabajando en ello desde 2018, cuando Rafael de la Sierra estableció el Grupo de Juego Responsable. Ahora vamos a dar un paso más con una nueva ley del juego, que queremos que sea avanzada y pionera, con un régimen muy estricto en publicidad y estableciendo un máximo de salones de juego por número de habitantes. Pero no podemos dejar de reconocer la importancia del sector enCantabria, un sector responsable y con tradición, que no da problemas, formado por empresas familiares, y que son las primeras interesadas en que su trabajo tenga prestigio.