«En Cantabria estamos preparados para un accidente químico, todo está previsto»

El siniestro de Zaldibar devuelve a la actualidad los accidentes que implican compuestos químicos peligrosos que infieren en la población. En enero, el accidente de la empresa Iqoxe, en Tarragona, hizo lo propio con las plantas químicas. En Cantabria, hay ocho tipificadas por ley como de 'nivel superior': Asturiana de Zinc (Suances); Cepsa, Dynasol y Columbian Carbon Spain (Marina de Cudeyo); Derivados del Flúor (Castro Urdiales); Solvay (Torrelavega) y Alkion Terminal (Santander). Sniace, que acaba de anunciar su cierre, también está incluida en este nivel.

La normativa que han de cumplir esas plantas parte de la directiva europea Seveso, desarrollada a través del Real Decreto 840/2015. Se la conoce por Seveso porque en esa localidad italiana, en 1976, un accidente en la planta Icmesa liberó gran cantidad de dioxina y la nube tóxica afectó a miles de personas, animales, hectáreas de terreno. Ahora, Seveso identifica una normativa amplia que incluye medidas de control y acción ante accidentes que impliquen sustancias peligrosas. Estas empresas, para cumplir la ley, han de desarrollar planes internos o de autoprotección, y también planes de emergencia exterior, es decir, estrategias especiales de protección civil, que arman junto con las autoridades autonómicas. Los planes que ahora están vigentes en Cantabria se aprobaron, vía decreto, en septiembre de 2018.

Los planes fijan el procedimiento de actuación en caso de riesgo químico. Se señala cómo actuarán y se coordinarán los cuerpos técnicos, de seguridad y emergencias -Guardia Civil, Policía, Bomberos, voluntarios, personal de Industria o Protección Civil, por citar un puñado-. Son una guía a la que, de momento, no se ha tenido que recurrir en Cantabria. La comunidad no ha vivido ningún episodio de peligro químico grave. Sin embargo, está lista para afrontarlo. «Estamos preparados. La planificación está hecha, las medidas de atención y prevención, todo está previsto», asegura Jezabel Morán, directora general de Interior del Gobierno de Cantabria.

Con estos planes se ensaya y se hacen simulacros «con regularidad», agrega. En el primer semestre de 2020, de hecho, hay varios previstos. «Y el flujo de comunicación con las empresas es bueno», añade Morán; es decir, cualquier modificación estructural de las plantas o de la actividad se comunica al Gobierno, cuestión que fiscaliza el área de Industria.

En los planes, las empresas detallan qué señales usarán para avisar de las incidencias a los trabajadores, a la comunidad. En 2015, con la ley de Protección Civil, se introdujo un cambio ligado a las señales: son las empresas las que deciden cuáles instalan. Cada una opta por una alternativa: señales móviles, megáfonos o sirenas (este último recurso lo usa, por ejemplo, Asturiana de Zinc). Por su parte, la Administración también es activa con los avisos. ¿Cómo? A través de medios de comunicación, Policía Local, Tráfico o redes sociales (muy dinámicas durante todo el año). Otra herramienta es 'my112', aplicación que puede instalarse en el teléfono móvil.

Muchas recomendaciones pueden consultarse ya mismo. Interior comparte en su web la información que las empresas hacen pública para acción y conocimiento ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de Alkion Termina l se detalla su actividad -«Recepción, almacenamiento y expedición de productos líquidos a granel»-, las sustancias que allí se manejan -etanol, gasoil o gasolina-, y las recomendaciones sobre a qué servicios acudir, qué hacer en caso de detectar el accidente, de estar en las inmediaciones, o de hallarse en casa; se indican, incluso, las coordenadas. Y así con el resto de empresas.

Es difícil cuantificar la población en 'riesgo químico' en Cantabria. Un suceso así no tiene consecuencias homogéneas. Los planes de emergencia, sin ir más lejos, establecen distintos escenarios de intervención atendiendo al tipo de sustancia que se libere, a la forma que tome el episodio (escape, explosión, nube, etc.), al radio y tiempos que abarque, a la zona de intervención...

Además, dada la ubicación geográfica de las plantas, sólo se puede señalar una zona de riesgo como tal en el mapa autonómico: la del Besaya, donde tienen sede empresas como Asturiana de Zinc, Solvay o Sniace. «Es la zona que más empresas de sustancias peligrosas aglutina, donde hay más concentración», indica Morán, «aunque nosotros ponemos el foco en toda Cantabria».

En el Besaya también se ubica la empresa Estrada Butano, que, al igual que Iberia Ashland Quemical, Repsol, Ask-Chemicals y Sidenor, es una empresa de nivel de riesgo inferior, que no precisa un plan exterior, pero sí de medidas propias.