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Antonio Vilela rondaba los cuarenta cuando se compró su casa en Argoños en 1997. Tuvo que esperar tres años a que se la entregaran. Justo un mes después de estar en ella recibió la llamada de un amigo, que le dijo que había leído en ... El Diario Montañés que su urbanización tenía sentencia de derribo: así empezó la pesadilla. Hoy, Vilela ya ha cumplido los 63 y, aunque parezca increíble, sigue esperando alguna solución a su problema. Durante todos esos años ha tenido tiempo de desesperarse, de rabiar, de poner en marcha y dirigir la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que defiende los derechos de quienes se encuentran en su misma situación; ha dado mil vueltas, se ha manifestado, se ha pegado caminatas de cientos de kilómetros para que esa injusticia no cayera en el olvido. Ha ido al Parlamento de Cantabria, al Senado, al Parlamento Europeo, ha estado con el Defensor del Pueblo, y en todos esos sitios le han dado la razón y le han pasado la mano por la espalda, pero, a fin de cuentas, ahí sigue con su chalé sentenciado a cuestas. También ha aprovechado para licenciarse en Derecho y hasta para escribir un libro, que es la crónica de una canallada a la que el Gobierno regional sigue sin poner fin.
'Casas de papel' es el título de este volumen que hoy se presenta en la sede del Parlamento de Cantabria (Sala Polivalente, 19.00 horas), que destinará toda la recaudación por su venta a la Cocina Económica. Es una obra que repasa dos décadas de lucha, de esperanzas y desengaños, y también de avances: destaca los hitos, relata las experiencias de sus protagonistas y recuerda con pesar a quienes murieron sin alcanzar a ver ese último capítulo que aún está por escribir.
«Este proyecto nace de un blog que tenía en El Diario Montañés, en el que contaba lo que iba sucediendo de AMA. Eso fue en 2005. Y llegó un momento en que era tanta la información y tan sustanciosa como para escribir un libro».
Vilela repasa alguno de los grandes momentos con AMA, «como la entrevista con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en 2005, que nos abrió los ojos. 'Si no sois los culpables, y sí las Administraciones públicas, os tienen que dar una solución', nos dijo».
En veinte años han escuchado muchas otras buenas frases, como la que les dedicó José Vicente Mediavilla, siendo responsable regional de Urbanismo, allá por 2006. «Nos dijo que la única solución era a través de los planes generales, porque se trataba de suelo urbano consolidado, y era una locura tirar las viviendas para volver a levantarlas». Más o menos por entonces, se reunieron con el presidente, Miguel Ángel Revilla. «Recuerdo perfectamente sus palabras: 'Pongo a mi Gobierno a trabajar, porque esto lo tenemos que solucionar lo antes posible'».
Para llegar al Parlamento Europeo (2009), antes tuvieron que reunir 25.000 firmas, que recogieron por todas partes: a las puertas del campo del Racing, por la calle, llamando a los portales... De Bruselas regresaron con dos cartas, una para el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y otra para el jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, en las que se les reclamaba una solución y respeto para los derechos de la propiedad de los ciudadanos. «Aquello marcó una época totalmente diferente: hasta entonces éramos mirados con recelo por las Administraciones y hasta por la gente, que consideraba que algo de culpa debíamos de tener».
Fueron logros que les ayudaron a perseverar, como cuando consiguieron que los tribunales condenaran al Ejecutivo regional por daños morales. Hasta el Parlamento cántabro aprobó por unanimidad que los ayuntamientos involucrados y el Gobierno pidiera perdón a los afectados. «Nos pidieron perdón, fueron condenados por daños morales... pero siguen sin repararlos. Mucha condena, mucha resolución, pero el problema no se resuelve».
Habla con orgullo de haber conseguido modificar dos leyes -319.3 del Código Penal y 108.3 de la jurisdicción contencioso-administrativa-, que protegen al 'tercero de buena fe'. «Antes no había norma legislativa que lo amparara: si había una disputa, por ejemplo, entre la Administración y un demandante, como ARCA, si tiraban tu casa había que empezar de cero. Ahora, aunque sea mejorable, antes de derribar hay que pagar -en realidad dice 'avalar'- al tercero».
La historia, aunque inacabada, necesitaba un final. Vilela confiesa que barajó uno a lo Tarantino, «con alguien que se vuelve loco y se carga a todo lo que hay por delante», y otro casi de Disney, «en el que todo se solucionaba». «Elegí el intermedio, en el que, como Luther King, 'tengo un sueño': en una reunión que tiene con nosotros, el presidente se da un golpe que cambia su percepción de las cosas y soluciona los problemas. Ese es el sueño que todos los afectados tenemos, que haya una solución».
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