PP pedirá en el Parlamento prorrogar las concesiones de la Ley de Costas

Con esta iniciativa, los populares pretende «defender» a la Comunidad Autónoma de las «agresiones» de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, que, en su opinión, se ha convertido «en una de las principales enemigas de Cantabria».

Así lo ha dicho hoy el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, en una rueda de prensa en la que ha presentado la PNL, que incluye, además, habilitar una oficina de atención y apoyo a los afectados por la Ley de Costas que les oriente y preste asesoramiento jurídico para tramitar las prórrogas de las concesiones administrativas en dominiopúblico marítimo-terrestre, paralizadas hasta ahora por la Demarcación de Costas en Cantabria, o, en su caso, plantear el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia.

Y es que, según ha explicado Fernández, a menos que el Miteco modifique su actual postura, quienes deseen tramitar la prórroga de sus concesiones en vigor se verán abocados a recurrir a la vía judicial.

Al respecto, ha explicado que si bien el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) «resolvió» en 2013 el problema de la Ley de Costas de 1988, que establecía una caducidad de 30 años en las concesiones administrativas, la interpretación de la Ley que ha hecho Ribera desde 2018 y que han «tumbado» los tribunales, obligará a quienes no renovaron la concesión antes de 2018 a acudir a los tribunales.

El popular ha recordado que en Cantabria la mayoría de estas concesiones se ubican en estuarios y están en manos de ganaderos, pequeños empresarios, talleres, naves e industrias conserveras de Santoña; en definitiva, pequeños negocios vinculados a la actividad agropecuaria en los que, en algunos casos, llevan trabajando tres generaciones.

Ante la caducidad de las concesiones a 30 años, en 2013 el Gobierno de Rajoy concedió nuevas prórrogas, pero quienes no fueron capaces de renovarlas antes del 1 de junio de 2018, «antes de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez y de Teresa Ribera al Ministerio», se encuentran con el problema de que el Gobierno actual «ha hecho una nueva interpretación de la Ley con el fin de paralizar la renovación de los expedientes».

En concreto, se refiere al artículo 32 de la Ley de Costas que establecía que ninguna actividad puede concederse en el litoral salvo aquellas que sean «necesariamente específicas» de esos espacios, como por ejemplo un astillero.

Fernández ha explicado que se entendía que el citado artículo se refiere a nuevas concesiones y no a prórrogas de las existentes, pero Ribera «interpreta que afecta a las nuevas y a las prórrogas».

Para evitar ese prejuicio, el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición de ley el 20 de diciembre de 2021 promoviendo una aclaración del artículo «para interpretarlo como siempre se había interpretado» y ese mismo día, el Tribunal Supremo dictó una resolución sentando jurisprudencia en la que exige que se interprete del artículo 32 «tal y como había venido interpretándose siempre y no como ahora quiere hacer Ribera», sin necesidad de que se aprobara esa aclaración, ha referido.

No obstante, el PP lo defendió el pasado mes de mayo en el Congreso pero «la mayoría socialista y sus socios independentistas tumbaron nuestra propuesta», ha recordado.

«Los tribunales dicen cómo hay que interpretarlo pero Ribera parece que no ha tomado nota y sigue sin resolver los expedientes pendientes, paralizados desde 2018 para renovar concesiones», ha denunciado Fernández, que ha acusado a la ministra de seguir «sin querer enterarse, obstinada» y de no aplicar la ley. En su opinión, lo que está haciendo Ribera es «abocar» a quienes no fueron capaces de renovar su concesión antes de 2018 «a acudir a los tribunales».

Por ello el PP defenderá el lunes una PNL en la que insta al Gobierno de España a que empiece «ya» a aplicar en la prórroga de expedientes la doctrina del Tribunal Supremo porque «se lo exigen los tribunales», y a crear la citada oficina ante la negativa del Ejecutivo central de renovar las concesiones, lo que aboca a los titulares a acudir a los tribunales.

«Tenemos confianza en que esta iniciativa se va a aprobar en el Parlamento de Cantabria porque la proposición de ley fue respaldada por cuatro de los grupos», ha dicho.

Fernández ha explicado que esta proposición pretende defender a los afectados por la Ley de Costas «frente a las agresiones de Teresa Ribera»; defender al tejido productivo de Cantabria «frente a las agresiones de Teresa Ribera»; y «defender a Cantabria frente a las agresiones de Teresa Ribera».

«Cuando no es el lobo, es la industria electrointensiva; cuando no, el abandono de los accesos a las playas. Cada vez que esta mujer interviene es para hacer daño a Cantabria. Teresa Ribera se ha convertido en una de las principales enemigas de Cantabria», ha denunciado el popular, que ha insistido en que la ministra es «una calamidad para Cantabria y el Parlamento tiene que decirlo alto y claro».

«Parece mentira que todo el daño que está haciendo a esta región lo esté haciendo con el silencio del PSOE de Cantabria, cuando no con el aplauso de los socialistas de Cantabria como Pedro Casares», ha censurado en relación al diputado nacional.

En este sentido, el PP teme que «una vez más» el PSOE «volverá a dar la espalda a Cantabria». En su opinión, si la solución a los problemas del lobo, las electrointensivas, las playas o la Ley de Costas la solicitara Bildu o Ezquerra, «el PSOE de Pedro Sánchez sería más sensible. Como lo pide Cantabria, nos dan la espalda».

Por ello, el PP pedirá al Gobierno regional que «se ponga en guardia» y salga en defensa de los afectados por la Ley de Costas exigiendo que se cumpla la sentencia del Supremo y habilitando una oficina que les asesore «frente a las agresiones de Ribera y el Gobierno de Sánchez».