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Si un ayuntamiento de Cantabria no puede hacer una obra porque no cuenta con un Presupuesto municipal en vigor, si se retrasa a la hora de convocar una orden de subvenciones para apoyar a los vecinos en el pago de becas de comedor, si no ... responde a tiempo a una reclamación presentada por un vecino en el registro o si no termina de sacar adelante una ordenanza para regular los problemas de convivencia, es posible que el culpable sea el alcalde o concejal de turno, pero también que el político no tenga ninguna culpa. En todos estos procesos intervienen los secretarios e interventores municipales, que en aquellos consistorios más pequeños en los que no hay apenas funcionarios en los despachos se encargan de sacar adelante el proceso casi al completo. El problema viene cuando las plazas de estos funcionarios con habilitación de carácter nacional –se llaman así de forma genérica porque su nombramiento depende del Estado– están vacantes, algo que ocurre de manera más habitual de lo que les gustaría a los regidores.
De hecho, las cuatro situaciones enumeradas al inicio de esta información –u otras muy similares– se están producido a diario en Cantabria. Se siguen produciendo porque alrededor de un tercio de estos puestos clave en la vida municipal están en este momento sin cubrir o tienen una situación de interinidad debido a que los profesionales no duran en su asiento más de unos pocos meses, algo que frena o ralentiza hasta los trámites más ordinarios. «Podemos citar en torno a cincuenta ayuntamientos que, a día de hoy, tienen algún tipo de nombramiento accidental, interino, comisiones de servicios, acumulaciones o incluso en situación de vacante actualmente», apuntaba en octubre desde la tribuna del Parlamento autonómico el diputado popular Miguel Ángel Vargas, que compagina esta labor con la de portavoz en Torrelavega y, precisamente, con la de secretario municipal de carrera, ahora con destino en Burgos tras su paso por otros ayuntamientos en un corto periodo de tiempo.
Integran las funciones de fe pública, asesoramiento legal y coordinación jurídico-administrativa del ayuntamiento. Su presencia es obligatoria en todos los consistorios e imprescindible para asuntos tan básicos como convocar los plenos y tomar cuenta de las decisiones. También formulan contratos, se relacionan con otras instituciones y asesoran leglamente a la corporación.
En ocasiones, cuando el municipio es pequeño, la función de interventor la realiza también el secretario. Tiene como misión el control interno de la actividad económica. Asesora a los órganos municipales, prepara informes en relación al Presupuesto, fiscaliza las entradas y salidas de dinero, supervisa las ordenanzas fiscales y tiene las funciones de inspección fiscal.
Estos profesionales solo trabajan en los grandes ayuntamientos, normalmente en los que tienen más de 20.000 habitantes. El tesorero municipal se encarga del control de la recaudación municipal. Además, también tiene competencia sobre el manejo y custodia de fondos y avales y controla y realiza todo tipo de pagos. Su posición contraria a un expediente puede frenarlo.
Vargas lo decía mientras defendía una proposición no de ley que con la que quería instar al Gobierno de Cantabria a poner en funcionamiento una bolsa de empleo de secretarios, interventores y tesoreros de la que puedan tirar los ayuntamientos. Salió adelante. Y eso es lo que acaba de hacer la Consejería de Presidencia cumpliendo el mandato de la Cámara. El departamento que dirige Isabel Urrutia (PP)ha sacado a información pública la orden que regulará este mecanismo extraordinario para que las partes interesadas envíen, hasta el próximo 26 de mayo, sus aportaciones y propuestas de mejora. Es extraordinario porque, en condiciones normales, es el Estado el responsable de surtir a los ayuntamientos de estos profesionales. El problema es que Madrid no hace suficientes procesos selectivos.
La ley nacional permite a las autonomías crear estas bolsas de interinos de manera subsidiaria y en ello está el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP). «La consejera ya nos había informado de que se iba a poner a ello y estamos encantados, porque el problema que tenemos los ayuntamientos es enorme», explica Javier Camino (PP), alcalde de Mazcuerras y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria. El regidor apunta que su ayuntamiento, como la mayoría de los de pequeño tamaño y también muchas mancomunidades y Grupos de Acción Local (GAL), sufre los problemas derivados de esta interinidad. Es más, por allí pasó Vargas como secretario municipal no hace mucho tiempo.
Celebra la iniciativa y critica que el Gobierno central no haya tenido tiempo de hacer su trabajo. No solo no saca plazas, sino que, en su opinión, pone trabas al establecer un límite máximo de municipios –es habitual que trabajen en más de uno cuando son pequeños– que pueden llevar estos habilitados nacionales.
¿Cómo se llenará esta futura bolsa de empleo de Cantabria? El primer paso será elaborar los temarios, que se harán públicos en cuestión de semanas con la intención de que los exámenes para los futuros interinos tengan lugar en el cuarto trimestre de este año. «Quien apruebe tendrá trabajo seguro porque cada vez el problema es mayor», insiste Camino.
Germán García, presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cantabria (Cosital), describe que desde la reforma legal de 2018 puede optar a estos puestos cualquier titulado universitario. Ya no hace falta tener formación concreta en Derecho o Económicas, sino que la criba es directamente la prueba de acceso. García ve con buenos ojos la iniciativa de Cantabria porque las listas nacionales «se agotan rápidamente», pero el colectivo al que representa es consciente de que, aunque esta medida ayude «a modo de parche», quien tiene la capacidad real de solucionar el problema es el Gobierno de España.
«Quien entre en la bolsa va a tener trabajo seguro porque cada vez el problema es mayor»
«Es algo bueno, pero la vez anterior ya se vio que era un parche. Quien tiene que poner la solución es el Gobierno de España»
«La otra bolsa se quedó corta porque aprobó poca gente. Se podría hacer igual con los arquitectos»
Es más, recuerda que hace cuatro años Cantabria ya tuvo una bolsa propia de este tipo y «no resultó especialmente operativa». Entonces, la consejera era Paula Fernández (PRC) y el presidente de la Federación de Municipios el alcalde de Reocín, Pablo Diestro (PRC). «Lo que sucedió es que muchos de los que se presentaron, cuando iban a ser llamados, estaban ya de interinos en los ayuntamientos o habían conseguido una plaza en la Administración regional. Además, aprobó muy poca gente porque eran exámenes muy duros», recuerda el regidor regionalista.
La falta de profesionales es un problema, pero también la excesiva movilidad entre consistorios. En Santa María de Cayón han tenido hasta seis secretarios distintos en dos años. Algunos piden trasladado para ir a municipios más grandes –por los mejores sueldos y porque están más cerca de casa– y otros, para huir de lugares con mucha inestabilidad política.
La relación entre estos profesionales y los alcaldes es muy cercana y a veces un tanto conflictiva. Diestro recuerda que, aunque él está «encantado» con sus dos técnicos de Reocín, en su etapa en la Federación había alcaldes que se quejaban de la falta de colaboración de sus habilitados nacionales. Quizás por exceso de celo, ya que son los encargados de garantizar que se cumpla la ley en cada decisión. A veces, donde una parte ve una garantía, la otra observa un intento de frenar al avance del municipio.
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