Presidencia lanzará en 2023 una oferta pública de empleo récord de 1.019 plazas

Un número récord de plazas tanto ordinarias como de estabilización correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 que permitirán seguir reduciendo la tasa de interinidad –en lo que va de legislatura gracias a procesos anteriores ya ha pasado del 24%al 18%– para cumplir con los objetivos que marca Europa y seguir entre los territorios con índices más positivos. Las plazas ya estaban anunciadas, pero ahora se ejecutarán las de los tres ejercicios de forma conjunta.

Ese fue uno de los asuntos sobre el que ha puesto el acento Fernández(PRC) durante la presentación del presupuesto de su departamento. Unas cuentas que llegarán a los 146 millones de euros tras experimentar un crecimiento del 12,9% respecto al año anterior y que, en gran parte, servirán para «mejorar la actividad ordinaria y todos los servicios públicos» que presta.

17,2 millones recibirán los ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación, un 9% más

2,4millones se destinarán a sufragar la celebración de las elecciones del mes de mayo

El presupuesto también incluye el dinero suficiente para el incremento del sueldo de los funcionarios aprobado a nivel nacional entre el Gobierno central y los sindicatos. También aparece, como viene siendo habitual, una partida extraordinaria de 1,8 millones para posibles mejoras económicas que se pacten –ya a nivel regional– a lo largo del próximo año con los representantes de los trabajadores. Mejoras que suponen, según la regionalista, «un esfuerzo muy importante, pero que no son solo un derecho económico, también un reconocimiento a la tarea que realiza el empleado público en su día a día».

Además, las políticas de seguridad y emergencias «contarán con el presupuesto más alto de la historia de esta comunidad autónoma» y habrá 2,4 millones de euros para sufragar el proceso electoral (comicios locales y autonómicos) del próximo mes de mayo.

Por áreas, los 28,8 millones de la Dirección General de Ordenación irán a continuar la digitalización de los procesos de la administración que, entre otras cosas, permitirán ahorrar 29 millones de folios, lo que se traduce en 298.000 euros. También se duplica hasta los 400.000 euros el programa de ciberseguridad. En la Dirección General de Servicios Generales, gran parte del esfuerzo irá a lograr un nuevo contrato marco de electricidad. La Consejería ha logrado prorrogar para reducir el impacto de la subida de precios el actual, que caducó en 2019. Ahora, se da hasta marzo para cerrar el nuevo. En cualquier caso, ha presupuesto para 2023 un 33% más para electricidad, un 100% más para gas y un 40% más para el combustible de los vehículos de emergencia.

En el área de Justicia hay 6,4 millones de Fondos Europeos para la modernización y digitalización de los procesos, y dos millones para sacar a licitación por tercera vez –en ocasiones previas quedó desierto– la recuperación del edificio de las Clarisas. También hay partidas para poner en marcha el 1 de enero el nuevo juzgado de lo Mercantil 2 de Santander y aumentar los medios de los de Primera Instancia 9 y 11 y de lo Social 6 de la capital. Igualmente, se ejecutarán obras de rehabilitación y conservación en la sede judicial de Las Salesas (120.000 euros), se licitará el proyecto de obra de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal (40.000) y se proyectan otras actuaciones en Castro Urdiales y en el Decanato de los Juzgados de Santander. En infraestructuras judiciales, las partida del año que viene crecen un 94%.

El grueso de los 21,9 millones de la Dirección General de Acción Local van al Fondo de Cooperación: los 17,2 millones de euros (+9%) que recibirán los ayuntamientos y que, según Paula Fernández, son fundamentales para que puedan asumir los «tiempos difíciles» que se avecinan para sus arcas por el incremento de precios de suministros. Las aportaciones a las juntas vecinales suben hasta los 300.000 euros, el mismo dinero que ingresarán las mancomunidades. Además, se mantienen ayudas para la compra de vehículos en la Policía Local (se adquirieron 9 el pasado año) y de diverso material.

También se moderniza con 1,6 millones el material y los equipos de intervención del 112, que contará con 2 nuevos bomberos interinos. Además, se mantienen o incrementan las partidas para las agrupaciones de protección civil o para la mejora de hidrantes y se destinarán 1,7 millones para apoyar los cuatro parques de bomberos de titularidad municipal.

La no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de acuerdo entre los partidos nacionales está afectando también a Cantabria. En concreto, al nuevo decreto de Justicia Gratuita que está elaborando la Consejería de Presidencia y que recoge un incremento del 20% en los módulos (la retribución) de los abogados y procuradores del turno de oficio.

El departamento que dirige Paula Fernández lleva esperando desde antes de verano el informe preceptivo de este órgano y también al posterior del Consejo de Estado. Hasta que no tengan estos informes, el procedimiento administrativo no puede continuar. En cualquier caso, las cuentas de la Consejería para 2023 sí que incluyen las partidas necesarias para aplicar estas subidas con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

También está en trámite la Ley de Participación. Tras salir a información pública ha recibido diez alegaciones, que están en fase de estudio para determinar si se pueden introducir al texto que irá al Parlamento.