El presidente de los municipios cántabros despacha en 90 segundos su comparecencia sobre la Ley de Simplificación

De nada de eso habló en la Comisión del Parlamento que estudia la ley el presidente de la Federación Cántabra de Municipios (FCM), Javier Camino. El también alcalde de Mazcuerras se alineó claramente con su partido, el PP, y señaló que cualquier comentario que puede hacer sobre el documento «es favorable». «Como alcalde, veo muy favorable esta ley para solucionar los problemas en la relación ciudadanos-administración y para agilizar la llegada de informes sectoriales». Eso sí, remarcó que hablaba como alcalde, no como presidente de la FCM –fue llamado en esa condición– porque el texto no ha sido sometido a debate. Y que el conocimiento que tienen los regidores es a raíz de dos reuniones con la consejera Urrutia de las que no salieron conclusiones comunes. De ahí que la FCM tampoco haya presentado alegaciones, algo que sí han hecho de forma autónoma los ayuntamientos de San Miguel de Aguayo y Santander, ambos muy críticos con el texto.

Para sorpresa de los portavoces de los grupos políticos de la oposición, el presidente de la FCM despachó su comparecencia en alrededor de 90 segundos. «Me sorprenda que no tenga posicionamiento cuando le va la vida en ello», le respondió Leticia Díaz (Vox), que citó algunos de los aspectos que impactarán directamente sobre los consistorios si la norma se aprueba. «Sin palabras» reconoció haberse quedado el regionalista Pedro Hernando.

Mucho más después de escuchar al presidente del Colegio de Secretarios e Interventores, Germán García, enumerar los aspectos que considera negativos. Básicamente, señaló que la Ley de Simplificación, de aprobarse, daría más responsabilidad a los ayuntamientos y les restaría recursos al eliminar algunas licencias, que se sustituyen por la declaración responsable, además de advertir sobre los problemas de «seguridad jurídica».

También hay sorpresa dentro de la dirección de la FCM. «En la Federación no se ha debatido, algo muy anómalo teniendo en cuenta las implicaciones que tiene para la gestión diaria de los ayuntamientos. Todos estamos de acuerdo con que la burocracia bloquea muchos aspectos de nuestro trabajo, pero espero es que esta ley no nos dé más trabajo del que nos quita y sirva para todo lo contrario», apunta Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente y vicepresidente de la FCM. El socialista recuerda que en la Ejecutiva de la Federación hay 15 alcaldes de todos los partidos, una muestra suficientemente significativa para que Camino hubiese propuesto una reunión y acudir al Parlamento con una opinión común.

También ha echado de menos un debate sobre el tema y una postura más crítica el PRC. «El Gobierno busca simplificarse el trabajo que realizan las consejerías para dárnoslo a nosotros, como ya ha hecho con el informe de habitabilidad, que ahora lo tenemos que hacer nosotros. Nos sobrecargan con competencias impropias sin una dotación económica suficiente y al final no podemos cumplir con las que sí son nuestras», lamenta Óscar Villegas desde Puente Viesgo. Es especialmente crítico con la propuestas de la declaración responsable y con las inspecciones que implicaría hacer, 'a posteriori', esta figura. «Si un consistorio grande que cuenta con técnicos tendrá problemas, los pequeños mucho más», concluye el regionalista.