
«Tengo que presuponer la buena fe de las personas que intervinieron en el procedimiento»
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El interventor general del Gobierno de Cantabria, Javier Marín García, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para arrojar luz sobre ... la adjudicación a la exconsejera y la exsecretaria general de Economía y Hacienda, María Sánchez y María González, de dos puestos de trabajo de nueva creación dentro de la estructura de este departamento que la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) sospecha que lograron creando un concurso de méritos a su imagen y semejanza. Aunque, a decir verdad, mucha luz no arrojó. Tras recordar que él tomó posesión de su cargo el día 5 de noviembre de 2021, esto es, ocho meses después de llevarse a cabo esa Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Marín defendió la normalidad del procedimiento sin entrar a valorar si Sánchez y González, las 'marías', hicieron algo que fuera legalmente reprochable. «Tengo que presuponer la buena fe de todas las personas que intervinieron en el procedimiento», dijo el interventor.
Marín, que ha comparecido a petición del PP para explicar los detalles relacionados con esa polémica RPT y la creación de dos puestos de trabajo (Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización) luego adjudicados a Sánchez y González, ha explicado que el expediente se llevó a cabo después de que el propio Parlamento instara al Gobierno de Cantabria a reforzar esta área y de que su antecesor en el cargo expresa igualmente esta necesidad.
En la primera de sus dos intervenciones ante la Comisión parlamentaria, el interventor ha indicado que el primer documento con el que empieza a tramitarse la modificación de la relación de puestos es de hace dos años y está firmado por su antecesor, Pedro Pérez Eslava. En ese informe, al que no han tenido acceso los partidos de la oposición y que según Marín daría respuesta a las preguntas que esta se está haciendo, su colega apuntaba ya la necesidad de crear los puestos para dar respuesta al volumen de trabajo de la Intervención, del que había constancia en el Parlamento, que, a su vez, había instado al Ejecutivo a potenciar este área, fruto del debate sobre el estado de la región del primer año de la actual legislatura.
Además de esas razones, el expediente con el que se inicia la tramitación hace referencia a otras varias como la escasez de recursos humanos especializados, la elevada carga de trabajo o la existencia de sistemas informáticos obsoletos.
Ya en su segunda intervención, y cuestionado abiertamente por los grupos de la oposición sobre las irregularidades «si no legales sí al menos éticas» cometidas por Sánchez y González, el interventor general ha explicado que la administración «es un ser vivo que ajustamos continuamente para que su funcionamiento sea lo más correcto posible» y ha preferido ser cauto con quienes han sido colocadas en el mismo centro de la diana de la duda. «Tengo que ser respetuso con el procedimiento y tengo que presumir la buena fe de las personas que han intervenido. Para mí, mientras no se demuestre lo contrario, todo lo que allí se dice va a misa, no lo tengo por qué cuestionar», ha concluido.
Muy prudente en sus manifestaciones, Marín no ha convencido al portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, para quien su comparecencia hoy ha sido «una pérdida de tiempo para todos», ni a la portavoz del PP, María José González Revuelta, que insiste en que «el concurso es una cacicada y un clarísimo amaño que vulnera los principios básicos de la ética y la decencia política».
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