La primera sentencia del cártel de camiones en Cantabria condena a uno de los fabricantes

Para poner en contexto este asunto hay que remontarse a julio de 2016, cuando la Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones -MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF- por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios. Los fabricantes reconocieron su implicación en el caso, que duró 14 años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto. Después, Bruselas sancionó con 880 millones al fabricante sueco Scania (perteneciente al Grupo Volkswagen), que apeló la multa.

A raíz de esta sanción, en Cantabria se presentaron más de 250 demandas exigiendo responsabilidades e indemnizaciones por estas prácticas fraudulentas. Los damnificados, obviamente, son los transportistas de la comunidad autónoma, aquellos que adquirieron para desarrollar su actividad vehículos de estas marcas entre los años 1997 y 2011, periodo durante el cual se extendieron estas prácticas ilícitas, según reconocieron miembros del cártel ante la propia Comisión.

Desde la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasam), que agrupa a los pequeños profesionales del negocio de la carretera, tramitaron más de 200 demandas, que incluían 540 camiones.

Por su parte, la Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (Aetrac), que agrupa a las empresas de transporte de mayor tamaño, canalizó 66 demandas de otras tantas compañías a los servicios jurídicos de la asociación en Madrid.

El precio medio de compra de cada vehículo se situó alrededor de 75.000 euros y se calculó que la devolución rondaría el 10-15%. Y esa es precisamente la cantidad que ha estimado el Juzgado de lo Mercantil que debe abonar el fabricante DAF a la empresa Servicios Públicos y Contratas.

En concreto, el magistrado condena al pago de 6.965 euros (el coste del camión fue de 69.650 euros), más los intereses legales desde el 13 de febrero de 2007, momento en el que la firma cántabra adquirió el vehículo.

Esta demanda no ha sido tramitada por ninguno de los colectivos de transportistas de Cantabria, si no por el despacho Aesyr & Abogados de Santander, al que pertenece Ángel Sánchez, que está gestionando otra veintena de reclamaciones con unos 400 camiones afectados.

«Lo más complejo para el Juzgado es determinar el sobrecoste de los vehículos, pero, en este caso, nos conformamos con la cantidad reconocida, a la que se suman los intereses desde 2007 que suponen una cantidad importante», apunta.