Primera toma de contacto de la consejera de Sanidad y directivos de Ferrovial-SIEC

Desde la Gerencia del SCS ya se había avanzado, tras una primera valoración de la resolución, que después de informar de la situación a la junta de personal del hospital, el siguiente paso iba a ser convocar a la empresa para buscar la forma de articular la mejor solución de cara a este traspaso de competencias, a sabiendas de que no será fácil el entendimiento puesto que Smart Hospital ya ha anunciado que recurrirá la decisión del Consejo de Estado por la vía contencioso-administrativa porque está «convencida absolutamente» de sus argumentos jurídicos.

Planteada como una primera toma de contacto para analizar la controvertida situación que tienen por delante, la cita se celebró ayer por la mañana. El hecho de que estuviera presente la propia consejera de Sanidad, María Luisa Real, que habitualmente no entra en las discusiones con la adjudicataria, denota la envergadura del conflicto. Junto a ella se sentaron los gerentes del SCS y de Valdecilla, Julián Pérez Gil y Julio Pascual, respectivamente. Del lado de la concesionaria, acudieron Salvador Urquía, director de Infraestructuras en Ferrovial Servicios, recién llegado de Madrid, junto a Miguel Prieto, director regional de zona norte; y Juan de Miguel, presidente de SIEC.

Sobre el contenido de la conversación, ni unos ni otros quisieron hacer valoraciones, a la espera de que se concreten sus consecuencias, es decir, el número de trabajadores afectados y la repercusión económica que tendría para la adjudicataria asumir el volumen de trabajo que hasta ahora, y desde la entrada en vigor del contrato hace tres años, venía realizando personal estatutario.

El cambio en las condiciones pactadas dispararía el gasto por la gestión de almacenes, archivo, logística de distribución y transporte de materiales de Valdecilla, a cargo de SIEC, así que sería la firma cántabra la principal damnificada. Cabe recordar que en la actualidad este servicio está valorado en cerca de 800.000 euros y que en la primera estimación que ofreció a este periódico el gerente del SCS habló de un impacto de 2 millones de euros. La Administración entiende que, pese a que no comparte la filosofía de la fórmula de colaboración pública-privada, que viene de la legislatura del PP, su obligación es velar para que se cumpla con rigor. Y por eso desde la Gerencia de Valdecilla se decisión llevar la discusión sobre el transporte no sanitario al Consejo de Estado.

La respuesta de Smart Hospital tras el revés de ese dictamen fue igual de contundente que cuando se les planteó la discrepancia en las reuniones internas celebradas en el hospital. Entienden que no tienen que asumir unas funciones atribuidas a personal estatutario, y que lo que para la Gerencia era una diferencia de interpretación, para ella suponía «una modificación sustancial que afecta gravemente al equilibrio económico del contrato».

Mientras en los despachos se intenta acercar posturas, los trabajadores que podrían verse afectados por el cambio -celadores, aunque también auxiliares de reparto- reclaman acabar cuanto antes con la incertidumbre. Este martes, el sindicato ATI convocó una asamblea informativa «ante la inminente privatización de los celadores», en la que animó a movilizarse para «pararles ya», porque «la categoría de celador estatutario está en peligro de extinción». En la reunión de la junta de personal de la semana pasada, los sindicatos solicitaron que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo sobre las condiciones laborales del personal que en su día se incorporó a la plantilla de Ferrovial/SIEC para ver en qué términos se haría este traspaso, si lo hubiera. No obstante, la Gerencia del hospital también ha garantizado su recolocación en otros puestos.