«La prisa por solicitar la autonomía nos hizo correr un riesgo muy grande»

Allí mismo, en el patio central, y ante un puñado de invitados, el protagonista del momento –«un hombre con mucho que contar sobre los orígenes del autogobierno de nuestra región», como le ha presentado al foro la presidenta de la Cámara regional, María José López Revuelta– ha recordado el antes, el durante y el después de un proceso encabezado por un grupo de parlamentarios a los que, según ha subrayado, Cantabria nunca ha dado la importancia que en verdad se merecían «pues de haber decidido integrarse en la preautonomía de Castilla y León en lugar de impulsar la suya propia, a Cantabria le hubiera costado muchísimo salir». Y si alguien no lo piensa así, «entonces que se lo pregunten a Segovia o a León», sugirió el exdiputado cántabro.

«Para poner en contexto el momento en que se fraguó todo», Cuartas ha retrocedido hasta 1975, el año de la muerte de Franco, desde el que ha arrancado un relato que le ha llevado a cruzar la Transición hasta detenerse, y explayarse, sobre una de las fechas que él entiende que resultaría decisiva. El día 30 de abril de 1979, cuando, «inmediatamente después de constituirse los ayuntamientos» surgidos de las elecciones municipales, «Ambrosio Calzada, que era alcalde de Cabezón de la Sal, reúne al Pleno de su corporación y aprueban nada menos que solicitar la autonomía de Cantabria como región uniprovincial por el artículo 143 de la Constitución» adelantándose, de ese modo, a un objetivo al que más altas instancias estaban dando forma con la debida cautela.

Calzada tomó esta decisión «sin consultar con el partido ni con nadie». Y fue tan sorpresiva «que incluso yo mismo, que era el secretario general del partido, me enteré escuchando la radio cuando iba en el coche«, ha revelado Cuartas.

«Hay quien dice que lo hizo porque quería que fuese UCD el primer partido en solicitarlo... y hay quien dice que lo que querría en realidad era ser él el primero en solicitarlo», ha añadido el exdiputado cántabro, que no olvidará nunca las consecuencias. «Para poder iniciar el proceso había que obtener en seis meses el 'sí' de dos tercios de los ayuntamientos, de la mayoría de la población y de la Diputación porque, si no, la petición decaería y no se nos daría otra oportunidad en los cinco años siguientes». Esa prisa, ha reconocido, «nos hizo correr un riesgo muy grande».