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Rafa Torre Poo
Santander
Domingo, 17 de octubre 2021, 07:34
Advierten las asociaciones vecinales que existen dos tipos de ocupación. La que realizan las personas sin recursos que, por circunstancias de la vida, no pueden pagar el alquiler y se ven abocadas a continuar en el inmueble sin poder hacer frente a los gastos y ... las que entran a sabiendas con el objetivo de instalarse allí. Aseguran, además, que en Cantabria «el cien por cien de los casos» pertenecen al último tipo. «No lo tienen difícil», insisten, puesto que la mayoría de estas propiedades pertenecen a entidades bancarias –casi todas de la Sareb– que tardan en reaccionar a la hora de denunciar el caso ante las autoridades –eso, cuando lo hacen–, lo que dificulta el desalojo inmediato y el proceso judicial es inevitable. En Cantabria, diez municipios acumulan el grueso de los casos de ocupación. Los alcaldes consultados por este periódico advierten de que es un fenómeno «al alza» y los colectivos vecinales se organizan como pueden para frenar su expansión. Su mejor arma, últimamente, es la presión. Así han conseguido esta semana que los usurpadores de un piso en la urbanización Riasón de Treto, en Bárcena de Cicero, se marcharan sólo seis días después de instalarse.
Lo que no existe es un registro oficial que cuantifique el número de viviendas que hay ocupadas en la región. El motivo es que es el propietario el que debe denunciar el caso con premura ante las Fuerzas de Seguridad. La mayoría de inmuebles pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado 'banco malo', que se quedó con todos los inmuebles de las entidades bancarias nacionalizadas tras el pinchazo de la burbuja del ladrillo. Es aquí donde comienzan los problemas, puesto que esta sociedad, que tiene un 45% de capital público, «pasa del asunto», denuncian los afectados. Es lo que sucede, por ejemplo, en Torrelavega donde hay identificados dos focos en Sierrapando y en el barrio de La Inmobiliaria. En el primero hay 16 okupas en los 30 pisos que conforman el denominado edifico Norte. En la calle de los Marqueses de Valdecilla y Pelayo, en La Inmobiliaria, hay siete ocupados de doce. «Al ser ambos de la Sareb, el único camino es que los jueces obliguen al desalojo o al desahucio», explica el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada. «Por fortuna no hay ningún piso de particulares, pero en el de Sierrapando, en cambio, la mitad son de propietarios y la otra mitad de la Sareb. Aquí tenemos un problema grave de convivencia y es lo que más urgiría solucionar. Pero está todo en manos de la Justicia», recalca.
En Santander, en cambio, pese a ser la capital y, por tanto, el mayor núcleo de población, el Ayuntamiento sólo tiene localizado un caso: un edificio en el barrio de Nueva Montaña. «Lo que debería haber es un marco legislativo nacional que ampare a los propietarios y garantice sus derechos frente a las ocupaciones», afirma Pedro Nalda, concejal de Protección Ciudadana.
Meruelo se convirtió el año pasado en la cuna de la lucha antiokupas de Cantabria. La plataforma ciudadana 'Meruelo sin Okupas' aglutina alrededor de 300 personas que se han formado a marchas forzadas y ahora prestan asesoramiento a otras que han ido surgiendo en la región. «Ahora mismo hay sólo un caso activo y es del Banco Santander. Si el propietario no se preocupa, poco podemos hacer nosotros», explica su alcalde, Evaristo Domínguez.
La presión vecinal pide que corten los suministros básicos, como el del agua, para forzar la salida. Una medida que está dando resultados, según explican los afectados. «Lo que no podemos hacer es saltarnos la ley. No es tan fácil. Viven tres menores dentro y eso lo imposibilita. Hemos pedido dos informes internos, uno a nuestros abogados, para ver qué podemos hacer», añade.
Mientras tanto, la plataforma aboga por un cambio de legislación que proteja más a los propietarios. «El viernes vamos a reunirnos con todos los grupos políticos en el Parlamento de Cantabria para trasladarles el problema y conocer su opinión», explica Noemí Muñoz, presidenta del colectivo. «También tenemos prevista una nueva manifestación el 7 de noviembre que esperemos que sea aún más multitudinaria que la anterior, a la que acudimos 400 personas», subraya.
Precisamente, la oposición vecinal ha sido determinante en Treto a la hora para conseguir que los okupas de un piso en la urbanización Riasón abandonasen la vivienda a los seis días de entrar en ella. «Ante una ocupación hay que presionar desde el primer momento y cuanta más gente, mejor», admitía uno de los vecinos. Actualmente hay tres casos activos: dos chalés más en Treto y un piso que lleva ocupado cuatro años en Cicero. «Aquí no podemos cortarles ni la luz ni el agua porque esos servicios estaban dados de alta y, en esas circunstancias, la ley lo impide», explica su alcalde, Gumersindo Ranero. «Hay bastante alarma en el pueblo, es cierto, y la gente está muy preocupada», explica. Los vecinos se han organizado a través de grupos de mensajería como WhatsApp. «Es que en el Ayuntamiento estamos atados de pies y manos. Sólo podemos hacer cuatro cosas y depende en qué casos. La ley está a su favor», admite.
La situación en El Astillero tampoco está mucho mejor. El Ayuntamiento ha utilizado todos los medios a su disposición para cercar a las 24 familias que ocuparon sendos pisos en un edifico de la calle Ballestas de la localidad de Guarnizo. El objetivo es acabar con los enganches ilegales a la red de suministro de agua. Para ello, la empresa concesionaria del servicio está realizando cortes periódicos gracias, en parte, a las denuncias vecinales que se están registrando sobre este uso fraudulento. Como en la mayoría de los casos, el propietario de los inmuebles es la Sareb y su «dejadez» es la que está perturbando la tranquilidad del vecindario.
Bárcena de Cicero Después de que la presión vecinal forzase el desalojo de un piso en la urbanización Riasón de Treto, aún hay casos de ocupación en el municipio: dos chalés más en Treto y un piso en Cicero (desde hace cuatro años). En los tres casos, el propietario es la Sareb.
El Astillero Veinticuatro familias han ocupado sendos pisos en un edificio de la calle Ballestas de la localidad de Guarnizo. Todos pertenecen a la Sareb. El Ayuntamiento está llevando a cabo cortes periódicos del suministro en los enganches ilegales al servicio de agua.
Meruelo La cuna del movimiento vecinal antiokupa mantiene en la actualidad sólo un piso ocupado por una familia que lleva cuatro años en su interior. Es propiedad del Banco Santander. El Ayuntamiento ha solicitado dos informes ante la imposibilidad de cortar los suministros básicos a los moradores sin saltarse la ley.
Santander Pese a ser la capital, Santander no acumula demasiados casos. El único localizado por el Ayuntamiento es el de un edificio en el barrio Nueva Montaña. El consistorio pide un marco legislativo nacional que ampare a los propietarios y garantice sus derechos.
Torrelavega El segundo núcleo de población más grande de Cantabria tiene dos focos perfectamente identificados. El primero está en Sierrapando, en el edificio Paseo del Norte. De los 30 pisos, 16 tienen okupas en su interior. El segundo se encuentra en La Inmobiliaria, que acumula 7 okupas en un edificio de 12 viviendas propiedad de la Sareb.
Polanco Es otro de los puntos fuertes de concentración de okupas, sobre todo, en Requejada. En la urbanización G20 hay 23 viviendas ocupadas en un complejo de lujo de tres bloques. La Guardia Civil ha intervenido en conflictos, entre ellos un tiroteo, y dirige operaciones para erradicar los enganches ilegales.
Argoños, Arnuero y Hazas de Cesto y Santa María de Cayón La Coordinadora Meruelo sin Okupas tiene localizados más casos en Argoños, Soano (Arnuero), Beranga (Hazas de Cesto) y Santa María de Cayón.
El ejemplo de que, en algunos casos, la ocupación desemboca en conflictividad es del Requejada, en el municipio de Polanco. Allí hay una urbanización llamada G20 en la que 23 viviendas están ocupadas en un complejo de lujo de tres bloques. La Guardia Civil ha intervenido en varios conflictos, entre ellos un tiroteo, y dirige operaciones para controlar y erradicar los enganches ilegales. Como medida de presión, el Consistorio ya no concede permisos para el suministro de agua salvo en los casos en que los solicita «el propietario legal» de la vivienda, tal como establece una nueva normativa.
El problema es tan grave que a principios de año 'Meruelo sin Okupas' se ofreció a asesorar a los vecinos para que pudiesen seguir sus pasos. Incluso la alcaldesa, Rosa Díaz, mantuvo una reunión con la presidenta del colectivo. Noemí Muñoz relata que el fenómeno de la ocupación se ha ido extendiendo. «Nosotros también tenemos constancia de casos en otros municipios. Por ejemplo, en Soano, Beranga y Argoños», explica.
En Santa María de Cayón, su alcaldesa, Pilar del Río, relata que también tienen constancia de ocupaciones. «Hay, por lo menos, tres o cuatro casos, pero todos están judicializados», desvela. Uno de ellos es una casa con okupas en Sarón que en abril sufrió un incendio en el que no tuvieron que lamentarse daños personales. Los bomberos pudieron rescatar vivos a varios perros que había en el interior.
Según comenta la regidora, «el inmueble del incendio es propiedad de Fomento y están pendientes de juicio, por lo que tengo entendido».
¿Qué puedo hacer si detecto que hay un okupa en la casa del pueblo o de la playa? ¿Le puedo echar o no? ¿A quién tengo que avisar? ¿Qué dice la ley? Las dudas se multiplican cada vez que un inquilino detecta un caso. Para despejarlas, hay que acudir al protocolo modificado por el Ministerio del Interior el año pasado y tener muy en cuenta la diferencia entre allanamiento y usurpación, porque el desalojo exprés, que es lo más demandado, no siempre se puede hacer. Los vecinos se quejan de la «falta de concreción de la ley».
Las directrices gubernamentales otorgan más facilidades al allanamiento para sacar del inmueble al okupa. La diferencia radica en si la casa ocupada es o no morada del titular. La jurisprudencia considera que «tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el dueño reside en el inmueble sólo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones), deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal». Ambas posibilidades son delitos de allanamiento y el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «podrán proceder al desalojo, directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, así como a su detención». Eso sí, deberá ser cuanto antes. Es importante que no pasen más de 24 horas para denunciar.
La usurpación se produce cuando una persona accede sin permiso y se instala en un piso de un banco o una promotora, en un inmueble donde no vive nadie ni siquiera de forma intermitente o en una casa vacía a la venta. El protocolo permite el desalojo inmediato pero no en todos los casos. Si el propietario no denuncia a tiempo –y los bancos o la Sareb tardan demasiado o directamente no lo hacen–, sólo es posible el desalojo con una sentencia judicial, lo que dilata en exceso el proceso.
Este segundo caso, el de la usurpación, es el mayoritario en Cantabria, de ahí los problemas. A juicio de los afectados, se produce un «efecto llamada», ya que los okupas saben que los bancos tardan en reaccionar.
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