Juan de Miguel
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Juan de Miguel
En pleno debate por los pisos turísticos, las zonas tensionadas, el precio de la vivienda, la subida de los alquileres, el desarrollo urbanístico en la costa y las dificultades para acceder a un piso, el fundador y presidente del Grupo SIEC, el cántabro de adopción ... Juan de Miguel (Salamanca, 1947), analiza los principales problemas de su sector para atender la demanda cada vez mayor de viviendas.
–¿Qué se está construyendo en Cantabria ahora mismo y quién lo esta comprando?
–Segundas residencias en las zonas costeras, sobre todo, y primeras viviendas en núcleos como Santander, pero en zonas 'prime', para un nivel medio alto de ingresos.
–¿Se venden rápido?
–Las unifamiliares vienen vendidas de antemano porque es gente que compra el terreno y se hace la casa a su gusto sin importar lo que les cueste. Otras promociones, con vistas al mar, se colocan muy bien. En el interior ya hay más dificultades.
–Es decir, se construye para la gente de fuera con dinero.
–Claro. Acabo de terminar una promoción en Suances, y de 34 viviendas, 28 han sido compradores de otras comunidades. En esa proporción podemos andar en toda la región.
–Entonces, ¿se está dejando en manos del Gobierno construir las viviendas para los residentes de Cantabria?
–Sí. Nosotros tenemos un solar en Torrelavega desde hace años y no queremos empezar porque venderíamos por debajo del coste de construcción. Y en esas condiciones, mejor no hacer nada. No es rentable. El Gobierno sí lo puede hacer porque el suelo, que supone el 20% del coste total de una vivienda, para ellos es gratis. Así sí pueden ofrecer precios más asequibles.
–Con este panorama, ¿cree que la vivienda es el principal problema de España o es la inmigración, como decía el último barómetro del CIS?
–Sin duda, ahora mismo es la vivienda. La inmigración tiene su importancia, pero la vivienda afecta a toda la sociedad. Es un tema que se ha ido dejando durante años, no se ha hecho nada, se ha agudizado y, claro, llega un momento que se convierte en un problema mayúsculo.
–¿A qué se refiere con que no se ha hecho nada? ¿Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, no ha habido políticas de vivienda efectivas?
–El sector desapareció hace 16 años. Empezaron a quebrar promotoras y constructoras, no había financiación, se sumó la crisis económica... Es cierto que no había demanda durante ese tiempo, pero porque tampoco existía capacidad para poder comprar. Eso duró hasta 2019. Se empezó a recuperar un poco y, entonces, llegó la pandemia. Fue la paralización total porque no había ninguna promoción en marcha. Pero lo que pasó después fue mucho peor. El precio de las materias primas se disparó, lo que unido al incremento de los costes de financiación provocó la tormenta perfecta. Demasiadas cosas negativas al mismo tiempo.
–¿Eso explica por qué es tan cara la vivienda en España?
–(Se ríe) Quizás es que antes no estaba en su precio… El problema que hay ahora con los materiales es enorme. El coste de algunos, como el acero, la madera o el vidrio, subieron en 2021 un 300% y ya no han bajado, se mantienen ahí arriba. El coste de construir un piso desde 2022 ha subido un 39%. Si a eso le sumas los problemas de financiación, con las subidas de los tipos, hace imposible acceder a la vivienda.
–Decía el presidente de los constructores cántabros que, al igual que en hostelería o en la sanidad, también tienen problemas para encontrar trabajadores.
–Eso sí que es gravísimo. Nos está pasando a todas las empresas del sector y no sabemos cómo resolverlo. Estamos tratando de traer gente de fuera, aunque tampoco son los mejores profesionales del mundo. Hemos contratado a siete encofradores de Marruecos y estamos formando a jóvenes. Pero tenemos muy difícil de cumplir los plazos de ejecución de los contratos porque no tenemos personal. La pandemia lo ha transformado todo. A la gente le ha cambiado la mentalidad y, como hay mucha protección social, quieren trabajar poco y tener mucho tiempo libre. Claro, si a uno le pagan por no trabajar, está clarísimo lo que va a hacer. Cuando hay sobreprotección social es lo que pasa. ¿Si no, cómo se explica que haya más de tres millones de parados y no seamos capaces de encontrar 4.000 profesionales de la construcción o 7.000 en la hostelería? Luego, eso sí, convocan oposiciones y se presentan 6.000 para 600 plazas.
–La presidenta cántabra dijo esta semana que había 50.000 viviendas cerradas por miedo a alquilarlas. ¿Exageraba?
–No, es cierto. La ley protege tanto a los inquilinos que los caseros se lo piensan dos veces. Hay mucha inseguridad porque si no te pagan el alquiler, te puedes eternizar durante años sin cobrar. En España había 1,1 millones de inmuebles para alquilar en 2021, y ahora hay 760.000. Ha bajado el 27% mientras que el precio subió un 50%. Es decir, el Gobierno consiguió el efecto contrario de lo que pretendía. La Administración pública algo tendrá que hacer mientras mucha gente tiene cerrados sus pisos por miedo a que no paguen los inquilinos.
–¿Debería entonces el Estado tener un papel más protagonista en esta crisis?
–Sí, pero cuidado con las intervenciones del Estado, porque mira lo que ha pasado con la Ley del Suelo el año pasado, que han conseguido el efecto contrario. Limitan los precios de los alquileres y los propietarios, entonces, los sacan del mercado y los usan como pisos turísticos, que son mucho más rentables.
–¿Una posible vía sería penalizar o incentivar a los propietarios de viviendas vacías para que las saquen al mercado?
–Hay que incentivar a la gente, pero hay que darle seguridad jurídica. No creo que sea tan importante una rentabilidad mayor o menor, pero claro, si tienes un piso, lo alquilas y estás con el alma en vilo porque te dejan de pagar… y, además, no puedes subir el precio porque lo tienen limitado. Todo eso hay que regularlo de otra manera para que sea apetecible.
–Aquí, en Cantabria, el Gobierno está intentando construir más vivienda publica para abaratar el mercado. Hay 406 VPO y la presidenta ha anunciado 258 más, pero seguimos teniendo uno de los parques públicos más raquíticos del país.
–Es que construir viviendas sociales no soluciona el problema. Tiene que ser el mercado privado el que dé respuesta a todo esto. En materia de vivienda social se ha hecho muy poco estos años y lo que ahora quiere hacer el Gobierno es insuficiente.
–¿Pero la única salida al problema de la vivienda es construir más?
–El principal problema es la falta de oferta. Está muy mal estructurado. Por una parte, se puede construir en zonas turísticas o grandes ciudades, pero la demanda en costa no es para vivienda local, es para segundas residencias de turistas. Eso se vende bien, pero cuando te metes en el interior, la gente trabajadora no puede pagar los precios de los pisos. Y encima no hay suelo para construir, por lo que la gente que lo tiene, especula con él. Son demasiados obstáculos.
–¿Cómo que no hay suelo?
–Es que hay 80 ayuntamientos que no tienen aprobado su nuevo Plan General.
–Alguno, como el de Colindres, sigue funcionando con el que aprobó en 1964. El hombre aún no había llegado a la Luna.
–Y el de Torrelavega es de 1985. Eso es un déficit importante. Pero, además, hay mucho suelo no urbanizable porque se ha protegido ambientalmente mucho territorio. Nos afecta la costa, el Plan del Litoral, las reservas y parques naturales…. Y si falta suelo, que supone el 20% del coste de la vivienda, los precios se encarecen. Si rebajas el coste del suelo y rebajas los costes fiscales, ya empieza a ser atractivo el asunto.
–Pero el sentir social va encaminado a proteger cada vez más el territorio frente al ladrillo, mire lo que ocurrió en Loredo con el famoso proyecto de la Ibiza del Norte.
–Eso es absurdo, populista y demagógico. Ribamontán tiene un plan aprobado. Si el desarrollo previsto se somete a él, no hay por qué preocuparse. Nadie puede arrasar el paisaje, hay limitaciones. Pero la gente se presta a participar en esos juegos.
–¿Propone entonces que el Gobierno rebaje la protección para disponer de más suelo en Cantabria?
–Lo primero que hay que hacer es agilizar muchísimo más la tramitación urbanística. La tardanza paraliza muchísimos proyectos y, además, los encarece. Un 3% del coste de la vivienda es ese tiempo que la Administración tarda en darnos las licencias de primera ocupación. Pueden pasar dos años, a lo que hay que sumar el año de ejecución de la obra. Demasiado tiempo. Empiezan a intervenir los unos y los otros, se empiezan a pasar la pelota, la Crotu por aquí, el otro por allí, y es un galimatías impresionante. A ver qué pasa con la nueva ley de Simplificación Administrativa.
–Estará de acuerdo, entonces, con la nueva Ley del Suelo que amplía los suelos rústicos en los que se puede construir.
–Sí, ayuda. Antiguamente se podía construir en suelo rústico y, luego, vinieron años en los que no se podía hacer prácticamente nada. Ahora han vuelto a abrir la mano y se ve mucha construcción de vivienda unifamiliar. Pero esto sigue sin solucionar el problema de la falta de vivienda.
–La masificación turística también está tensionando el mercado de vivienda.
–Eso es un problema contra el que no se ha hecho nada y está causando otro añadido a la oferta y precios del alquiler. Como no se ha regulado nada, están proliferando los pisos turísticos de una manera que afecta muchísimo al sector hotelero. Debe haber como 6.000 o 7.000 que son plazas de hoteles que no se cubren. Y muchos no pagan impuestos.
–¿El Gobierno debería limitar los precios de estos pisos o su número?
–Lo están empezando a hacer, pero muy tarde. No se estaba haciendo nada hasta ahora. El Gobierno regional lo ha ido dejando. El año pasado ya se habló de que se iba a hacer algo, este verano han cambiado de consejero y dice que no tiene los datos necesarios... Va pasando el tiempo y no lo solucionan.
–¿Qué le parece que la ministra pida solidaridad a los caseros para bajar el precio de los alquileres?
–(Se ríe) No le puedes pedir al mercado que baje el precio si puede ganar más.
–¿La obra pública está tirando del sector de la construcción? El Estado llegó a un récord de inversión el año pasado en Cantabria con 250 millones en licitaciones. Y SIEC está en varias de ellas, como el proyecto de La Lechera o el nudo de Torrelavega.
–Sí, pero hace falta que esa máquina no pare. Dentro de dos meses, si no reponemos esas obras que tenemos en marcha, nos supondrá un problema con la plantilla tan amplia que tenemos. Lo ideal sería que la Administración fuese haciendo obras de manera constante, con mayor o menor volumen, pero sin paradas. Y aquí, en Cantabria, falta que el Gobierno regional termine de sacar muchos proyectos cuya tramitación va demasiado lenta.
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