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La decisión que adoptaron el pasado martes los representantes sindicales de continuar 'sine díe' con la huelga de los funcionarios de Justicia no ha sentado nada bien en el seno del colectivo de procuradores y abogados de Cantabria. «La paciencia se ha agotado en ... un colectivo que no ha hecho más que padecer desde el pasado mes de enero una situación inadmisible que está comprometiendo seriamente la economía de nuestras familias y la de todos aquellos ciudadanos a los que representamos», advirtió este miércoles la decana de los Procuradores, Rosaura Díez. En su opinión, los cinco meses de huelgas sucesivas «están abocando a la más pobre de las administraciones públicas y uno de los tres pilares fundamentales del Estado a una situación crítica, imposible de revertir e inasumible en un Estado de Derecho del primer mundo».
Por eso, Díez urgió al Ministerio de Justicia para que, «de inmediato», retome las negociaciones y adopte las medidas necesarias para solucionar la situación generada y así poner remedio al «caos» propiciado «por él mismo» y que «está socavando los cimientos de una Administración que si ya adolecía de gravísimas carencias, acaba de recibir la puntilla que certificará su defunción si nadie lo remedia».
La decana de los Procuradores considera que cada cual deberá sacar sus conclusiones acerca del conflicto en el que se han visto envueltos como «meros sufridores y espectadores de uno de los espectáculos más bochornosos y lamentables que se han vivido en lo últimos años en nuestro país y del que hay un claro responsable, el Ministerio de Justicia».
Díez cree que «difícilmente puede gestionarse de forma más caótica la crisis que se inició con la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, originando la justa cadena de reivindicaciones posteriores del resto de los operadores jurídicos, sin que el Ministerio haya conseguido solucionar el conflicto».
Asimismo, apunta que su colectivo ha mostrado una actitud «exquisita y respetuosa, que en escasas ocasiones se ha visto correspondida». «Agotados y exhaustos cumplimos a diario con nuestras obligaciones como cooperadores de la Administración de Justicia en un intento de paliar en la medida de lo posible los graves perjuicios personales y patrimoniales que se les están ocasionando a nuestros clientes, indefensos ante una clara y evidente vulneración de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución».
El colectivo de abogados cántabros también se mostró ayer molesto por la continuidad de la huelga. «La decisión del martes me pareció decepcionante porque va a incidir en el conflicto y en la paralización de la Justicia y de nuevo en la afectación de este derecho de los ciudadanos a que vean resueltos en un tiempo razonable sus procedimientos judiciales», afirmó el decano de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego. «La huelga está afectando seria y gravemente a los profesionales, que lógicamente tienen su trabajo y sus ingresos asociados a un funcionamiento normal de la Justicia».
Los funcionarios que participaron en la votación abierta el martes por el comité de huelga (integrado por los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y STAJ) apoyaron mantener el parón indefinido que comenzaron el pasado 17 de abril en busca de una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, a pesar del estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop.
«El incomprensible y despótico desprecio de los responsables del Ministerio de Justicia por la negociación colectiva y por las reivindicaciones del colectivo ha alcanzado límites que no son tolerables en democracia y que deben ser atajados por el propio presidente del Gobierno», señaló ayer el comité de huelga en un comunicado en el que anunció que habrá una nueva manifestación en Madrid, en la última semana de este mes, y otra en plena campaña electoral. En Cantabria, han convocado este jueves, a las 11.00 horas, una concentración en los juzgados de Salesas.
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