Más de 200 profesionales y 1.500 niños esperan «una normativa clara» para reabrir las guarderías
Cantabria ·
La asociación de guarderías y escuelas infantiles de Cantabria alerta de que «el tiempo apremia» para dar servicio a las familias en las que los padres se reincorporan a su actividad laboral
La asociación de guarderías y escuelas infantiles de Cantabria ha reclamado este lunes «claridad» sobre su reapertura durante la desescalada por la pandemia de la Covid-19, porque, según ha advertido, «el tiempo apremia» para dar servicio a las familias en las que los padres se reincorporan a su actividad laboral.
«Los padres y madres de más de 1.500 niños y niñas de 0 a 2 años de Cantabria no saben aún cuando van a contar con la ayuda del medio centenar de guarderías y escuelas Infantiles privadas que suponen en esta crisis un recurso más importante que antes para la conciliación, ha afirmado esta asociación en un comunicado.
Además, recuerda que unos 200 empleos, la mayoría femeninos, esperan una decisión de las administraciones vital para su futuro.
Ante esta situación, la asociación de guarderías y escuelas infantiles de Cantabria que preside, Rosa Angulo, lamenta que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Cantabria y a Delegación de Gobierno, aunque «hasta ahora sin respuesta».
Angulo ha advertido de que «el tiempo apremia» a las familias en las que padres y madres deben ir incorporándose a su actividad laboral en muchos casos sin el apoyo de ya de los abuelos.
También ha recuerda que la actividad de estas empresas cesó por el decreto que estableció el estado de alarma y que fijó ayudas que están condicionadas a que se retome la actividad en un plazo máximo de 10 días desde que este finalice.
Por ello, la presidenta de la asociación ha reclamado «una decisión clara sobre cuándo debemos abrir las puertas de nuestros centros y un protocolo de seguridad sanitaria oficial que ofrezca garantías a los padres y soporte legal a las empresas».
Ha incidido, además, en que las guarderías y escuelas infantiles no son empresas con una rentabilidad alta pero cubren un servicio esencial para las familias por lo que «deberían ser especialmente protegidas».
Y ha alegado que «desproteger a estos centros es destruir el empleo femenino directo de las trabajadoras y el indirecto de las madres que son habitualmente quienes asumen las dificultades de conciliación».
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