Los profesionales piden un decreto de pisos turísticos más concreto y restrictivo

«El crecimiento desbordado ha planteado nuevos desafíos que debemos afrontar sin dilación», repitió ayer la consejera, Eva Guillermina Fernández, para comentar lo publicado en el BOC. Este paso no aporta grandes novedades de cómo será el decreto, pero sí indica por dónde pueden ir los tiros. Fernández habla de «garantizar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de nuestros residentes» y destaca que se va a «aportar claridad y seguridad jurídica al sector y, junto a ello, se va a preservar la identidad de nuestros barrios y pueblos». Sí que se cita como novedad «reforzar el concepto de responsabilidad del servicio, exigiendo junto a la declaración responsable un seguro de responsabilidad civil». Y una nota enviada por la tarde desde el Gobierno indicaba que «el objetivo es introducir nuevas herramientas que permitan una mejor regulación, definiendo las obligaciones tal y como se exigen a otros establecimientos turísticos, y que faciliten el procedimiento de comprobación e inspección».

De cumplirse estas intenciones, sí que se respondería a algunos de los asuntos que plantean desde las principales asociaciones profesionales (obviamente, falta el enunciado concreto de la norma). En la de Hostelería destacan «tres cuestiones a resolver». Una, «reforzar la intervención de la comunidad de propietarios en la que se encuentran» las viviendas. Su papel, ahora mismo, está muy condicionado por el margen que le permitan sus estatutos (y en pocos casos se incluyen estas cuestiones). Igualmente -dos-, reforzar «la intervención del Ayuntamiento». «Mediante exigencias iguales a las que se formulan para una actividad hotelera en cuanto a la seguridad, protección contra incendios y el cumplimiento de la normativa reguladora de la habitabilidad», especifican. Y en tercer lugar, «reforzar el control de viajeros, tanto en su identificación como en la limitación del número de personas».

Un decreto, en resumen, más restrictivo en cuanto a vecinos, normas que deben hacer cumplir los consistorios y cuestiones de seguridad. Lo explica Bárbara Gutiérrez, directora general de la Asociación Empresarial de Hostelería, y a sus peticiones se adhiere Eneko Valle, responsable de la Asociación de Campings (que recuerda que en su sector la principal demanda es la regulación de las autocaravanas).

No es muy distinto de lo que piden desde Turismo Rural. Sobre todo, que la norma sea mucho «más concreta» que la actual. Ya lo indicaron en sus alegaciones en el año 2019. «Que se definan mucho más los requisitos», insiste Jesús Blanco, su presidente. ¿En qué sentido? Pues en el de definir «la consideración de los propietarios (si se les puede considerar empresarios)» o las «obligaciones fiscales y administrativas» (si tienen que emitir facturas, por ejemplo). Concretar igualmente las «obligaciones de seguridad» (enviar el parte de viajeros a las Fuerzas de Seguridad del Estado) o la dotación de estas viviendas (muebles, enseres, aparatos...). Ellos también dan importancia al papel de los vecinos, aunque en las casas rurales no tenga la importancia que tiene en un piso o un bloque.

«Tuvimos una reunión con la consejera y expresamos que, una vez vistas las modificaciones que introduzcan, en función de la situación de cada uno (tener aprobado el PGOU), podamos contar con capacidad y autonomía para regular y controlar estas viviendas en nuestros municipios», explicaba ayer a este periódico Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas. Desde Suances, su alcalde, Andrés Ruiz Moya, recordaba que ellos, antes de que hubiera un decreto, daban o no «la licencia en función de la ordenanza municipal, que distinguía entre uso residencial o de hospedaje». «Pero todo eso pasó a manos de Turismo. No podemos opinar nada mientras el planeamiento urbanístico no cambie, y eso no se hace de un día para otro. Si la criba fuese como se hacía antes, muchas de esas viviendas no hubieran pasado el filtro».