Los profesionales piden que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y otros alojamientos

Desde la Asociación de Turismo Rural piden que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y alojamientos regulados de turismo rural en cuanto a infraestructuras y equipamientos. También aluden a las obligaciones que deberían tener las viviendas turísticas, como por ejemplo un seguro de responsabilidad civil específico, inspecciones eléctricas y sanitarias, registro de entrada de viajeros y obligatoriedad de comunicación a la Guardia Civil, unas dimensiones mínimas por estancia en cada una de las unidades alojativas, medidas antiincendios y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, en caso de ser consideradas empresas turísticas, exigen que el titular esté dado de alta en la Seguridad Social.

En esta línea también se posicionó la Asociación de Hostelería, que pide reforzar el control de viajeros, tanto en su identificación como en la limitación del número de personas de cada vivienda, ya que lo contrario «supondría crear un vacío en una materia que claramente incide en el control de la seguridad nacional».

Así, los profesionales del sector exigen el consentimiento expreso de las comunidades de propietarios, además de reforzar su intervención para «proteger la seguridad» de los vecinos.

Igualmente mencionan las acciones que debe seguir la Administración cántabra para regularlos. Desde el colectivo de alojamientos rurales hablan de la limitación en el número de pisos en determinadas zonas mientras que Hostelería solicita que se contemple la concentración de viviendas turísticas en un mismo inmueble, «dándose el caso de comunidades en las que ocho de cada diez viviendas acuerdan su actividad como viviendas turísticas, dando lugar a un auténtico hotel de hecho». Además, creen que debe reforzarse la intervención de los ayuntamientos exigiendo adjuntar una declaración responsable previa ante el Consistorio correspondiente en la que se garantice el cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad, convivencia y habitabilidad. Por último, Turismo Rural defiende las limitaciones, tanto temporales como en el número de viviendas turísticas por titular, y la obligatoriedad de que la explotación sea como un alquiler íntegro y no por habitaciones.

También presentó aportaciones al futuro borrador Izquierda Unida: defiende que, mientras no exista una regulación clara y se conozcan sus efectos, «Cantabria requiere de una moratoria de tres años que impida la proliferación exponencial de viviendas de uso turístico que estamos viviendo, lo que supone un escenario que confronta con la necesaria política de vivienda para uso residencial que no existe, pero también choca con las propias iniciativas de personas que llevan a cabo su actividad de forma reglada y correcta frente a quien busca subterfugios o, incluso, ofrece alquileres fuera de la ley», explica Israel Ruiz Salmón, coordinador del partido.

Otra de las aportaciones es que se implemente la tasa turística a nivel autonómico, además de incrementar las plazas de inspección que examinen si las viviendas turísticas cumplen con la normativa vigente.