El profesor Agüeros declara ante el juez sobre las supuestas firmas falsas de la UC

Acompañado por su abogado, Agüeros, que había sido citado a las once menos cuarto de la mañana, llegó a Las Salesas a eso de las diez, con el tiempo estudiado para intentar evitar exponerse ante la prensa, a la que evitó antes y después de su declaración.

Nada ha trascendido, por tanto, de lo que el profesor, que es el denunciante de esa supuesta trama, le ha dicho al juez Fernando Vegas, que a finales de este mes de enero, y después de archivar la denuncia sin realizar ningún acto probatorio y con el único argumento de que no había autor conocido ni datos suficientes para aclarar su identidad, decidió estimar parcialmente los recursos presentados tanto por el propio Manuel Agüeros como por el Ministerio Fiscal y procedió a reabrir la investigación.

Tal y como ya publicó este periódico, una vez dado ese giro, el juez acordó que la Universidad de Cantabria aporte las tres actas de las reuniones de la comisión de selección de personal investigador en las que el denunciante asegura que se falseó su firma para beneficiar al allegado de Pedro Casares, que cuando se produjeron los hechos, en 2012, todavía no era concejal.

Y, por otra parte, el magistrado acordó tomar declaración al profesor asociado en calidad de denunciante, pidiendo de su parte que aportara el documento de audio al que se refiere en su denuncia y que, según él, demuestra que los hechos que relata son ciertos, y que realizara una prueba pericial del cuerpo de su escritura para poder cotejarla con las firmas estampadas en las actas de contratación y tratar de determinar su autenticidad o falsedad.

Para todo esto, el juez había fijado una fecha. 15 de febrero de 2019. Y eso fue ayer.

En el orden inverso, Agüeros realizó primero esa prueba pericial ordenada por el magistrado Vegas, al que luego entregó las grabaciones y relató el objeto de su denuncia y, se entiende, todos los detalles relacionados con la supuesta falsificación de esas actas, en las que además de su firma y la de Casares aparecía también la del decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto.

Después de testificar, el denunciante abandonó el edificio judicial «cansado, porque he estado trabajando hasta las cinco de la mañana» (en una discoteca de Santander) y «sin nada que decir».

Por el camino tuvo que cruzarse con el exministro Antonio Camacho, a quien ha recurrido Pedro Casares para que le defienda en este caso. Exsecretario de Estado de Seguridad y sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, Camacho, bajo cuyo mandato se produjo el famoso caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán, representa a Casares en una causa que, de momento, parece inocua para el candidato socialista a la Alcaldía de Santander.

El denunciante y la Fiscalía habían solicitado que Casares y Coto también prestaran declaración y realizaran la prueba caligráfica que se le ha solicitado a Manuel Agüeros, petición que el juez Vegas ha rechazado, por lo que ninguno de ellos deberá comparecer.

Al menos por el momento, porque el juez se reserva la opción de decidir o no sobre la procedencia del resto de las diligencias solicitadas por el denunciante y la Fiscalía en función del resultado de las que sí ha decidido efectuar.

En este sentido, y en su defensa, tanto Casares como Soto han negado rotundamente las acusaciones que les imputa el profesor asociado, al que, en una grabación que se realizó en 2015, el decano acusa directamente de «falsificar» su propia firma de manera intencionada en 2012, haciendo una rúbrica que no era la suya para «construir una narrativa» y «fabricar una serie de pruebas» que poder utilizar en el futuro para su beneficio personal.

Aunque, de momento, el proceso judicial abierto no requiere de las declaraciones de Casares y de Coto, el concejal socialista ha preferido no distanciarse demasiado del devenir de la causa judicial que le salpica y por eso envió ayer al Juzgado a su letrado.