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Manuel Agüeros, profesor asociado de la Universidad de Cantabria (UC), ha denunciado al rector Ángel Pazos por presunta «prevaricación» en la adjudicación de plazas docentes en las ofertas públicas de empleo. Unos supuestos hechos delictivos que tuvieron lugar el 27 de julio de 2016 ... en una reunión del equipo de Gobierno de la UC con los miembros del comité de empresa.
Agüeros relata en la denuncia, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, que tiene en su poder «una grabación de una conversación» donde se puede oír al vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernesto Anabitarte, «reconocer que las plazas en la mayor parte de los casos tienen detrás un nombre», a lo que el rector respondió, según la versión del denunciante, que «cuando sea muy escandaloso ese asunto se le echará mano». Y añade que el propio Pazos admite que hay «ciertos» departamentos universitarios «con los que hay que tener un compromiso, desconociendo de qué tipo».
El docente también interpuso hace un mes otra denuncia por la presunta falsificación de su firma en al menos tres contratos vinculados a proyectos de investigación de la UC, de los que formó parte de la comisión de selección del personal junto a Pablo Coto, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, y Pedro Casares, profesor de Economía y actual secretario general del PSOE en Santander y candidato a la Alcaldía, aunque cuando ocurrieron los hechos, en 2012, aún no era concejal.
La denuncia contra Pazos se presentó el martes en una comisaría de la Policía Nacional de Santander, que la dio traslado al Juzgado de guardia, que, a su vez, la va a remitir al Juzgado de Instrucción número 3, que es el que instruye los casos de la supuesta falsificación de firmas -archivada provisionalmente- y de la carta anónima con amenazas y coacciones que recibió el rector en diciembre.
Pazos mostró ayer su «absoluta tranquilidad», ya que la denuncia se fundamenta en «falsedades» y forma parte de «una operación de caza y captura». Además, anuncia que, tanto él personalmente como la propia Universidad, se reservan «el derecho a ejercer las acciones legales pertinentes» contra estas «falsas acusaciones».
Agüeros presentó esta denuncia un día después de que el medio digital OKDiario publicase una noticia asegurando que las plazas de profesor que convoca la UC están amañadas y salen a concurso con unos requisitos diseñados a la medida de un candidato concreto. La información se acompañaba de unos audios en los que Agüeros, representante del sindicato CSIF y delegado del comité de empresa, recrimina al rector que las mencionadas plazas docentes se estén adjudicando «ilegalmente» en vez de ser ofertadas por el método correcto de libre competencia, algo que Pazos parece reconocer y lo justifica en que es una acción «muy habitual».
El rector salió al paso de esa información asegurando que las grabaciones «están editadas, manipuladas y convenientemente cortadas» para trasladar conclusiones que «no son reales». Y que forman parte del proceso de chantaje y extorsión iniciado con el envío de un anónimo con términos amenazantes a su domicilio, instando a la UC a que «investigue la larga lista de delitos» que se desprenden de la presunta falsificación de firmas, de las que el autor de la misiva acusa directamente a Casares y Coto.
El juzgado acordó hace unas semanas el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que se abrió a partir de la denuncia de Agüeros por la presunta falsificación de firmas, aunque el denunciante y el fiscal han solicitado que se reabra. Las acusaciones, de las que existen igualmente audios, no sólo han sido desmentidas rotundamente por Casares y Coto, sino que en la grabación completa, publicada por eldiario.es, se puede escuchar al decano acusar a Agüeros de «falsificar» su propia firma de manera intencionada en 2012, haciendo una rúbrica que no es la suya para «fabricar pruebas» que utilizar en el futuro para su beneficio personal -en 2015 solicitó importantes mejoras laborales-, algo que el profesor no niega en ningún momento.
Una circunstancia que Pazos entiende que va a volver a suceder ahora con las grabaciones que dice poseer Agüeros de la reunión del comité de empresa. Así, el rector asegura que el mensaje que trasladó entonces «es, precisamente, el malestar por las presiones que, a veces, pueden suceder en ciertas dotaciones de plazas por parte de equipos y departamentos y mi decisión de no tolerarlo, de ir contra ello e incluso de meterle mano como se produzca». Algo contrario a lo que Agüeros denuncia. El rector destaca que en su mandato ha tomado medidas para el «endurecimiento» de los procesos de adjudicación de plazas, entre ellas que no se conozca ni siquiera el nombre de las personas que han ocupado de forma interina las plazas que se salen a concurso o cambiar la normativa para ser profesor asociado, unos nuevos requisitos que no cumple Agüeros, que debería abandonar la UC al final del presente curso.
El sindicato CSIF quiso ayer dejar constancia de que Manuel Agüeros es delegado del Comité de Empresa de la UC por haber concurrido en la lista presentada por CSIF, aunque «no tiene la condición de afiliado ni la ha tenido en ningún momento». Y añade que, en todos los capítulos acontecidos en las últimas semanas, «actúa en su propio nombre, sin el conocimiento, autorización, permiso ni representatividad necesaria otorgada al efecto por CSIF Cantabria, ni ninguno de sus órganos, haciéndolo, por lo tanto, en su propio nombre y nunca en nombre del sindicato».
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